Candidata a alcaldía de Morovis violó Ley de Ética

Candidata a alcaldía de Morovis violó Ley de Ética

Por Francisco Quiñones Maldonado, EL VOCERO el 23 de enero de 2012

Una ex empleada del Consorcio Municipal de Morovis -convicta por violar la Ley de Ética Gubernamental- figurará en la papeleta primarista del Partido Popular Democrático por la candidatura a la alcaldía de ese municipio en marzo.

Roxana Sánchez González, quien fungió como gerente de la oficina local del Consorcio Manatí, Dorado, Norte Central desde el 2 de abril del 2001 hasta el 15 de enero del 2005, fue certificada por el PPD en octubre pasado, como candidata a la alcaldía de ese municipio.

La certificación se produjo aun cuando la colectividad tenía conocimiento de que la ex funcionaria pública transigió una querella por violación al artículo 3.2, incisos a, c y h, de la Ley de Ética Gubernamental y a los incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 6 del reglamento de esa agencia, y aceptó pagar una multa ascendente a $1,200 por estas violaciones, emitida como parte del acuerdo.

Entre otras cosas la querella, que data del 11 de junio del 2007, le imputa a la flamante candidata haber sometido certificaciones y documentos falsificados para que varias personas que no eran participantes de los programas del Consorcio, devengaran ingresos como si hubiesen participado de los mismos. Una de las personas que, según reza la querella, recibió beneficios económicos de manera fraudulenta, fue la hermana de Sánchez González, quien según las certificaciones emitidas por la entonces gerente de la local de Morovis, estudiaba Administración de Empresas bajo la ley WIA. De acuerdo a la querella, la hermana de la candidata habría cobrado un incentivo ascendente a $350.00 mensual por espacio de un año.

Otras dos personas devengaron cantidades ascendentes a $1,235.00 y $950.00 mensuales respectivamente, sin haber rendido labor alguna o participado del programa. No se hace constar en la querella si los implicados llegaron a recibir los ingresos o estos eran cobrados por otras personas utilizando sus identidades y si Sánchez González se benefició de manera alguna producto del fraude.

A pesar que en la quinta sección de las claúsulas y condiciones del acuerdo con la Oficina de Ética Gubernamental registrado el 5 de septiembre del 2008, se hace constar que la aceptación de las violaciones por parte de la querellada en forma alguna implican admisión de hechos específicos, en la tercera sección se estipula que “la querellada, Roxana Sánchez González acepta su responsabilidad legal por haber infrigido el Artículo 3.2 c y h de la Ley de Ética…, así como el Artículo 6 (A), (1), (2), (3), (4), (5), (6), y (7) de los reglamentos de Ética Gubernamental”.

Ante estos hechos, el 30 de septiembre pasado la comisión calificadora de candidaturas del PPD recibió una querella contra Sánchez González, la cual fue radicada por Renberto Rodríguez Laureano, un ex comisionado electoral del PPD en Morovis y quien hasta ese momento encabezaba la campaña de la candidata. Sin embargo, el 20 de octubre pasado, la comisión, presidida por el ex juez Fernando Torres Ramírez, archivo la misma, dándole paso a las aspiraciones de Sánchez González. “Que juzgue el pueblo”, se le oyó decir en aquel momento al secretario general del PPD, Víctor Suárez, sobre el asunto.

De hecho, en entrevista con EL VOCERO, Suárez reiteró sus expresiones al considerar que las violaciones de ley que la candidata aceptó, no son suficientes para descalificarla. “¿Es eso suficiente para descalificarla? Mi juicio es que la gente tiene que juzgarlo”, expresó el Secretario, quien comparó el caso de Sánchez González con el de una empleada municipal hallada culpable de violar la Ley de Ética Gubernamental por utilizar un vehículo oficial para llevar a su hijo impedido a una cita médica.

“Yo no estuve ante la comisión, pero la comisión determinó que los hechos que ella aceptó en la querella no son suficientes para descalificarla”, añadió. EL VOCERO supo que ante la comisión, Sánchez González alegó que como gerente del consorcio, ella asignó fondos a una compañía que adiestraba personas bajo la ley WIA y que una de las personas que habría sido adiestrada por esa compañía fue una de sus hermanas. Sin embargo esta versión no coincide con los alegatos vertidos en la querella ante Ética Gubernamental.

EL VOCERO intentó obtener una reacción de la candidata pero esta condicionó el conceder una entrevista a EL VOCERO a que la misma se efectuara en persona y en Morovis, ya que se encuentra muy ocupada con su campaña electoral en ese municipio.