En una acción sin precedentes que elevó la pugna interna en el Tribunal Supremo, los seis jueces asociados nombrados por el Partido Nuevo Progresista (PNP) circularon ayer una resolución para rescindir el contrato que la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) extendió al ex fiscal especial independiente César López Cintrón para investigar la Rama Judicial, aseguraron fuentes a El Nuevo Día.

La resolución, que aprobarían en una reunión del pleno hoy, pondría un freno a la pesquisa independiente que la directora administrativa de los Tribunales, Sonia Ivette Vélez Colón, encomendó a López Cintrón sobre las escoltas en el Supremo y sobre el uso de fondos públicos en toda la Rama Judicial.

En la resolución de los jueces asociados se podría incluir la aprobación de un reglamento para instrumentar las investigaciones internas que inicie la Rama Judicial, así como la designación de un comité de ciudadanos que confidencialmente pase juicio sobre la contratación que le extendió Vélez Colón a López Cintrón, supo este diario. Otra fuente judicial indicó que la orden para frenar la pesquisa de López Cintrón sería so pena de desacato.

Los jueces asociados nombrados por el PNP son Rafael Martínez, Mildred Pabón, Erick Kolthoff, Edgardo Rivera, Roberto Feliberti y Luis Estrella.

La pesquisa encomendada a López Cintrón surgió como secuela a la querella que presentó el alguacil auxiliar Alejandro Oyola Pérez ante el Departamento de Justicia en contra del juez presidente del Supremo, Federico Hernández Denton, en diciembre pasado.

Oyola Pérez alega que el hijo de Hernández Denton utilizó un auto oficial para asuntos personales y que el juez presidente le pagó por esos servicios. También se señala un uso indebido de las computadoras de la Oficina de Prensa de la OAT. Hernández Denton ha negado las imputaciones.

Intervención del Senado

La resolución de los jueces asociados circuló un día después de que el Senado cursara una carta a López Cintrón en la que se le indica que “su contratación resulta nula ‘ab initio’ ya que carece de una causa lícita”.

“De insistir en intervenir y/o interferir con los testigos de la Comisión (de Seguridad Pública), precederemos, de forma enérgica, a defender a nuestros testigos de hostigamiento e intimidación y vindicar así nuestras prerrogativas constitucionales”, lee la carta firmada por el senador Roger Iglesias.

Sin referirse a la resolución de los jueces asociados, el catedrático de Derecho Constitucional Carlos Ramos dijo que es difícil analizar una situación como esta porque no hay precedente. “Estamos ante una crisis constitucional dentro del poder judicial que no hemos visto antes”, sostuvo.

“Ahora bien, el referente para ver si es una acción constitucional es recordar que la propia Constitución de Puerto Rico indica que la que administra los tribunales es la Oficina de Administración de los Tribunales. Si una mayoría de jueces le quiere dar una directriz directamente a la directora administrativa de los tribunales, por encima del juez presidente, a prima facie me suena ultravires”, indicó Ramos.

El jurista explicó que ultravires es una actuación que va más allá de lo que autoriza la ley y la Constitución.