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Arranca pesquisa suprema
Mañana arranca pesquisa suprema
Por Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO el 5 de febrero de 2012
Alguaciles, empleados de la Rama Judicial, fiscales, contratistas, magistrados y partes de pleitos, figuran en el listado de ponentes que a partir de hoy, comparecerán ante la Comisión senatorial de Seguridad Pública y Asuntos de la Judicatura, que celebrará un proceso de vistas ejecutivas para investigar la utilización de recursos y fondos públicos en el máximo en el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
EL VOCERO supo que el listado de testigos sobrepasa los 75, que ya hay unas 15 declaraciones juradas y que se considera dar inmunidad a algunos testigos. La investigación senatorial es el resultado de denuncias públicas de unos alguaciles sobre alegado mal uso de recursos públicos por parte del juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton. La semana pasada la discusión del asunto subió de tono cuando se supo que la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT) contrató al ex fiscal, César López Cintrón para investigar las alegaciones públicas sobre el uso de fondos públicos en el Supremo; pues los jueces de la mayoría en el máximo foro lo interpretaron como una investigación indebida, costosa y con visos de interferir en la pesquisa senatorial.
Finalmente los jueces de la mayoría en el Supremo aprobaron dos resoluciones para cambiar las reglas de investigaciones especiales en la Rama Judicial, ordenar ‘so pensa de desacato’ dejar sin efecto el contrato de López Cintrón y crear una comisión de ciudadanos independientes para investigar los señalamientos públicos sobre el tribunal y los procesos de la OAT. Hernández Denton reaccionó y dijo que la acción de la mayoría “tiene el efecto de precipitar una crisis constitucional”.
Las vistas que comienzan mañana en el Senado son el primer paso de un largo proceso que podría culminar en un juicio político al juez presidente Hernández Denton.
El primer testigo que declarará bajo juramento será el alguacil auxiliar Alejandro Oyola Pérez, quien hizo las denuncias iniciales. Oyola alega que el hijo de Hernández Denton utilizó un vehículo oficial para asuntos personales y que el Magistrado le pagó por estos servicios. El Juez Presidente ha negado imputaciones de conducta ilegal al sostener que la ley provee para la seguridad de los jueces y de su familia.
Posteriormente, comparecerán otros alguaciles que han estado asignados a brindar protección al juez presidente Hernández Denton.
La comisión de Seguridad Pública y Asuntos de la Judicatura, está compuesta por Roger Iglesias, Thomas Rivera Schatz, Carmelo Ríos, Kimmey Raschke, Lorna Soto, Melinda Romero, Itzamar Peña, Margarita Nolasco, Larry Seilhamer, Alejandro García Padilla, Eduardo Bhatia, Antonio Fas Alzamora y José Luis Dalmau.
La pesquisa no es exclusiva al asunto de las escoltas, ya que se indagará sobre la utilización de recursos y personal de la OAT para uso privativo. A su vez, se cuestionará a los declarantes sobre la fiesta de aniversario de bodas de Hernández Denton.
Del resultado de las vistas ejecutivas, dependerá el proceso a seguir en vistas públicas.
EL VOCERO supo que de la pesquisa del Senado se hará un informe con las determinaciones de hecho en el que desglosarán evidencia –de haber violaciones de ley y si no las hay también- para remitirlo a la Cámara de Representantes, cuerpo parlamentario encargado de preparar, si fuera el caso, los cargos para someterlos luego a la Cámara Alta para un juicio político. La Cámara baja necesita 2/3 partes para pasar esa acusación al Senado. La mayoría novoprogresista cuenta con esa cantidad de votos.
En caso de que se radiquen cargos, el Senado tiene a su cargo la celebración de un juicio político.
De acuerdo a la Constitución de Puerto Rico, el Senado necesita 3/4 partes de los votos para completar el residenciamiento de un juez del Tribunal Supremo. El PNP no tiene los votos en el Senado para alcanzar ese requisito. El juicio político no interfiere con cualquier proceso que se pueda desarrollar en el Departamento de Justicia.
A finales de la pasada semana, López Cintrón renunció al contrato con la OAT, aunque el miércoles el Tribunal Supremo había ordenado dejar sin efecto el mismo. “La OAT agradece al licenciado López Cintrón su disposición y compromiso y acepta con profundo respeto su determinación al saber que está basada en los mejores intereses de la Rama Judicial y del pueblo de Puerto Rico”, dijo la jueza administradora Sonia Vélez en un escueto comunicado.
EL VOCERO solicitó desde la semana pasada una entrevista con Hernández Denton y con la directora de la OAT sobre las resoluciones aprobadas por la mayoría judicial, pero el pasado viernes la oficina de comunicaciones informó que ambos funcionarios no darían entrevistas sobre el asunto. Se notificó que el Juez Presidente expresará su postura en una opinión disidente a publicarse próximamente.
Minoría popular tendrá asesor en la investigación a la judicatura
Rivera Schatz y Dalmau comunican acuerdo tras una vista a puerta cerrada
Por Alba Y. Muñiz Gracia / amuniz@elnuevodia.com
La minoría popular en la Comisión senatorial de Seguridad Pública y Asuntos de la Judicatura tendrá un asesor que le asistirá en la investigación que realiza el ente legislativo sobre uso de recursos y fondos públicos en la Rama Judicial.
Así lo informaron el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau, al salir del edificio donde se realiza la vista a puerta cerrada para participar en la sesión de hoy.
“La minoría va a tener un asesor, como lo tiene la mayoría para que pueda asistirlos a ellos”, manifestó Rivera Schatz.
“Aquí se han hecho unas denuncias y de entrada se hicieron unos comentarios de corte político partidista, y lo puedo decir con mucha seriedad. Yo confío en que los planteamientos que hicimos hoy fueron atendidos y que la manera en que se conduzcan los trabajos en los próximos días cumpla a cabalidad con el deber en una investigación tan seria como ésta”, expresó por su parte Dalmau.
En la improvisada rueda de prensa trascendió que además del alguacil Alejandro Oyola, también ofrece declaraciones hoy un alguacil de apellido Mercano. Ni Rivera Schatz ni el presidente de la Comisión, Roger Iglesias, que se unió al grupo poco después, pudieron ofrecer el nombre completo del funcionario.
Iglesias informó que los trabajos de hoy podrían extenderse hasta las 5:30 p.m. y que continuarán el próximo jueves a partir de las 10:00 a.m. Asimismo, Iglesias indicó que la investigación podría extenderse durante todo el mes de febrero.
Rivera Schatz agregó que sí será necesario citar a declarar a la jueza administradora de la Oficina de Administración de los Tribunales, Sonia Vélez.
El líder senatorial indicó además que la investigación en curso no impide que otras entidades realicen lo propio.
Acto seguido, rechazó que las controversias que han girado en torno de la investigación hayan desatado una crisis constitucional.
“No creo que haya una crisis constitucional. El Tribunal Supremo está funcionando, la Asamblea Legislativa está funcionando, y el ejecutivo también está haciendo lo que le corresponde. De la misma manera en que no se le puede permitir a un legislador como (Iván) Rodríguez Traverzo utilizar personal para su beneficio particular, no se le puede permitir a un alcalde, a un senador, al gobernador y al presidente del Tribunal Supremo, si ese fuera el caso”, manifestó.
“El presidente del Tribunal Supremo no puede reclamar independencia judicial para defenderse a sí mismo y para impedir que se revisen unas alegaciones públicas. Si alguien califica de partidista esta investigación, está señalando al presidente del Supremo como parte de un partido politico. Si alguien alega que hay bandos en el Supremo, está reconociendo que uno de los bandos pertenece a otro partido político, este no ha sido el caso aquí”, añadió.
Los senadores populares Alejandro García Padilla, presidente del PPD, y Eduardo Bhatia, portavoz alterno de la minoría, salieron poco después de la vista ejecutiva.
García Padilla indicó que es posible que tomen “una acción posterior” si no se atienden los reclamos que presentaron en una carta dirigida a Iglesias en la que reclamaron, entre otras cosas, que los documentos que se utilicen en la investigación se les hagan llegar tres días antes de que sean discutidos en vista ejecutiva, como dispone el reglamento del Senado.
De igual forma, señaló que la investigación parece no estar encaminada a atender “el fin legítimo” de proteger el uso de los fondos públicos.
“Estamos de acuerdo de que todo fondo público que se utilice, se utilice con fines públicos. Entiendo que esta investigación no responde a un fin legítimo de uso de fondos públicos”, manifestó García Padilla.Arranca a puerta cerrada investigación sobre Hernández Denton
Solo esa forma de pensar ha producido las decisiones conflictivas que el Tribunal Supremo del PPD siempre manipula a favor del PPD; y que desde el 1977 el PNP debió haber teneido mayoría en el Tribunal Supremo pero con trampas y triquiñuelas mantuvieron control absoluto hasta hace Poco. Eso le permitió robarse las elecciones en el 1984 con los Pivazos. Es que su Jueces son tan tramposos como sus funcionarios electorales.
Personas conocedoras expresan que Hernández Denton fue transportado en el Jet de un donante popular y firmo la Sentencia en las escalinatas del Supremo sin haberla leído.
Por eso a los populares los esconden y encubren, los inmunizan y hacen de la corrupción popular una de jaibas aceptables porque todos están en el mismo guisito.
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