Falacias leguleyas

La dictadura que detenta el monopolio de más de 60 años en la administración de la Rama Judicial, tiene a banderas desplegadas su guerra de propaganda embrutecedora. Ante las serias acusaciones de corrupción contra el Juez Presidente del Tribunal Supremo, en las que alguaciles alegan que usó personal y recursos de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) para su propio beneficio, la consigna es de tierra arrasada y de desviar la atención de las investigaciones usando de subterfugio un ‘tranque’ en el Tribunal Supremo. Falsedad que no tiene base fáctica alguna, puesto que en el Pleno de esa superioridad, los asuntos se resuelven por mayoría de 6 a 3 y no existe tal impasse o parálisis. La política pública se establece por opiniones de la mayoría con las correspondientes opiniones concurrentes y disidentes. No existe por lo tanto un paro o disloque en el proceso decisional ni reglamentario.

Cuando la mayoría del Tribunal Supremo enmendó el Reglamento para detener la inquisición ilegal del fiscal César López Cintrón, la Prensa y la aristocracia leguleya lo llamaron una “imprudencial judicial” y una “guerra política”. “Guerra”, declarada a tiros y raspasos por la propia Administradora de los Tribunales y no por la mayoría. Enmiendas al Reglamento adoptadas todas dentro del poder de reglamentar la administración de la justicia que la propia Constitución le confiere al Pleno y no a la OAT ni al Juez Presidente.

El desenlace del diferendo sobre el contrato del fiscal especial reveló al fin quién tenía la razón jurídica. Los eventos desmontaron la propaganda. El Juez Presidente se vio obligado a dar reversa y el fiscal tuvo que renunciar a su contrato para no desacatar la autoridad del Pleno. En su partida, López Cintrón tiró al medio a la OAT, aclarando que no investigaba a los jueces del Tribunal Supremo como originalmente alegó Sonia Vélez y confirmando que en efecto gestionó evidencia relacionada a las serias imputaciones que se ventilan en las otras Ramas contra su jefe, el Juez Presidente. La retirada estratégica de la camada Popular demostró la vulnerabilidad y el conflicto de interés del Juez Presidente. Como muy bien apuntó la Resolución de la mayoría, el afán por investigarse a sí mismo plantea no solo un conflicto de intereses, sino también un intento de obstruir la justicia abusando de su poder contractual para protegerse. El contrato del FEI era una violación crasa del Canon 33 de Ética Judicial, que prohíbe a los jueces el uso personal de empleados, recursos y servicios de la Rama Judicial para asuntos no oficiales.

De nuevo, no hubo ningún tranque. La controversia se resolvió conforme al Artículo 5, Sección 4 de la Constitución y en armonía con la Regla 4A del Reglamento del Tribunal Supremo vigente, que dispone que el Tribunal en Pleno atenderá e intervendrá en todos los asuntos de disciplina y que las decisiones se adoptarán por mayoría. La convocatoria de la mayoría para enmendar el Reglamento de Investigaciones también se hizo conforme a Derecho según la Regla 6(b) y la Regla 50 del Reglamento del Supremo. Ni hablar de la Ley de la Judicatura del 2003, que en su Artículo 2002 le confiere al Pleno el poder de establecer las reglas de administración de tribunales. La bandera blanca desplegada por el Juez Presidente disipó la llamada crisis, ya que este optó por no confrontar las órdenes y la autoridad constitucional del Pleno. Contrario a lo que alegaron los leguleyos, la controversia no llegó a la Corte federal, ni se ha producido una congestión de casos en los tribunales de primera instancia.

Otro de los embustes de la propaganda del Régimen Popular que hay que desmontar es el argumento de que las vistas senatoriales o la pesquisa de Justicia están concentradas en el Tribunal Supremo. Falso. Como dije antes, la pesquisa no es sobre todos los jueces del Tribunal Supremo. Una golondrina no hace verano. El objeto y predicado de estas investigaciones es la alegada conducta impropia del juez presidente, Federico Hernández Denton. Sus mismos empleados de la Rama Judicial son los que lo denunciaron por el uso personal de recursos públicos para fines privados y otras violaciones de naturaleza constitucional, penal y de ética gubernamental. Para empezar, el Artículo VI, Sección 9 de la Constitución establece: “Solo se dispondrá de las propiedades y fondos para fines públicos”. Irónicamente, las imputaciones de corrupción contra el Juez Presidente –que todavía no se han probado– se dan en un cuatrienio que empezó en enero del 2009, con una judicatura metiendo preso a Jorge Inserni por haber utilizado su chofer para mandados privados y en un momento en que, amparados en los precedentes judiciales, la oficina del FEI encausa criminalmente al exlegislador PNP Iván Rodríguez Traverso por el uso de empleados públicos para una fiesta privada en su finca. El juez Hernández Denton parece ser el jamón del sándwich de ese doble precedente.

Las imputaciones de corrupción contra Federico Hernández Denton son interpretadas por los leguleyos como un golpe a la institución de la justicia. Porque para estos genios, los jueces nombrados por el PNP son invasores de terrenos y depredadores sin autoridad legal alguna, cuando se trata de hacer valer la Constitución, reivindicar derechos y desmantelar el monopolio de 60 años que un solo partido ha explotado en la administración de la justicia colonial.

En última instancia, el balance de esta controversia es el siguiente: (1) Al Juez Presidente le explotó la marometa en la cara; (2) La contratación del FEI despertó un gigante dormido de una mayoría que operaba sumisa; (3) La propia jurisprudencia establece el poder de la Legislatura para investigar las otras ramas de gobierno; (4) La pirueta quemó a la Jefa de OAT, la jueza Sonia Ivette Vélez, y al fiscal César López Cintrón; (5) Los empleados de la OAT le han perdido el miedo a servir de testigos cooperadores; (6) El desmantelamiento de medio siglo del monopolio de la ‘justicia roja’ ha comenzado; y (7) Cuando el Juez Presidente viola la ley impunemente, la justicia se destruye. Los jurisconsultos pueden apelar ahora todo lo que quieran ante la oligarquía de Guaynabo usando su derecho al pataleo y a la propaganda colonial…

Claribel Feliciano Me parece que esta en juego la pension vitalicia de Hndez Denton y su futuro profesional… les parece?

15 minutes ago · Like ·  2

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  Gladys Batista Eso se llama la rebelion contra la esclavitud. Todos los seres humanos tienen un limite. Esta gente son humildes pero fueron humillados en su dignidad y eso ningun ser humano lo soporta por mucho tiempo. Que se preparen los Ferre Rangel que se creen que tambiuien pueden tener esclavos bajo sus ordenes!

  15 minutes ago · Like ·  2
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  Carmen Martinez Eso es para que abramos los ojos del poder que tienen unos cuantos sobre nuestras vidas.Como un tribunal que se supone imparta justicia lo haga a conveniencia de 2 o 3.De su COMBO. QUE VERGUENZA PARA EL PUEBLO DE PUERT RICO. Como las familias COLONIALISTAS imparten hasta la justicia en NUESTRA ISLA PRECIOSA!!!

  13 minutes ago · Like ·  1
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  Gladys Batista Bueno yo me parece que si renuncia le daran la oportunidad pues ya esta demasiado viejito y seria horrible dejarlo sin su pension. Pero si se niega a renunciar lo van a apretar fuerte porque hay demasiado evidencia bajo juramento en su contra.

  12 minutes ago · Like
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  Charlie Rivera Barreto El ladrón juzga por su condición, y así son ellos solo espero que aquí en P,R tengan los cajones como en españa.

  10 minutes ago · Like ·  2
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  Carmen Martinez Tanto que cacarearon de la pension de Pedro Rossello.!!!Al menos el hizo mucho por P.R.!!

  8 minutes ago · Like ·  1
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  Carmen Martinez P.R. sabes lo que esta decision de Hndez.Denton nos ha costado??????????????? La que tomo al declarar los pivazos como legales…………….. Sabes???????????????????????

  
• Carmen Martinez ‎!10 anos de PARALISIS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  
• Ramfis Quiñones Pellot es obligatorio esta investigacion

  5 minutes ago · Like ·  1
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  Carmen Martinez Hay que pensar en el dano HISTORICO POLITICO,ECONOMICO,SOCIAL,RELIGIOSO,CULTURAL y MORAL de » aquella NEFASTA decision de los PVAZOS.

  3 minutes ago · Like

  La mentalidad jurídica Popular es Latino-americanista, donde la religión, la milicia, los medios informativos, policía y los tribunales son instrumentos del poder político. Por eso los políticos son Jueces y los Jueces políticos. Por eso los Jueces de Paz eran Compromisarios de Barrio del PPD, los que fiaban eran los Presidentes de Barrio, siempre los Jueces Populares deciden a favor del PPD en los casos políticos, se hablan como compañeros y son tan fanáticos que son de la religión o Logia Popular.

  Solo esa forma de pensar ha producido las decisiones conflictivas que el Tribunal Supremo del PPD siempre manipula a favor del PPD; y que desde el 1977 el PNP debió haber teneido mayoría en el Tribunal Supremo pero con trampas y triquiñuelas mantuvieron control absoluto hasta hace Poco. Eso le permitió robarse las elecciones en el 1984 con los Pivazos. Es que su Jueces son tan tramposos como sus funcionarios electorales.

  Personas conocedoras expresan que Hernández Denton fue transportado en el Jet de un donante popular y firmo la Sentencia en las escalinatas del Supremo sin haberla leído.

  Por eso a los populares los esconden y encubren, los inmunizan y hacen de la corrupción popular una de jaibas aceptables porque todos están en el mismo guisito.