LA REFORMA LABORAL

LA REFORMA LABORAL

Por: Carlos A. Colón De Armas – Profesor de Finanzas UPR

En círculos políticos, y en organizaciones que tratan de influenciar políticas públicas, se habla de no “desperdiciar” las crisis. Esto se refiere a que muchas personas con agendas particulares aprovechan para adelantar las mismas durante épocas de crisis, usándolas como excusa, aún cuando la crisis del momento, y sus causas, no necesariamente estén relacionadas con la iniciativa que desean implantar. Quizás el mejor ejemplo de ese comportamiento lo ha exhibido el presidente Barack Obama.
Cuando el presidente Obama advino al poder, los Estados Unidos se hallaban inmersos en una crisis financiera y económica que también tuvo efectos adversos sobre la economía global. Esa crisis tuvo su génesis en unos préstamos de baja calidad crediticia (“sub-prime loans”) originados en los mercados de bienes raíces que luego sirvieron de respaldo para instrumentos de inversión que se mercadearon en los mercados financieros de los Estados Unidos y de otros países.
La causa de esa crisis financiera y económica no tuvo nada que ver con el uso de combustibles fósiles para producir energía ni con el hecho de que en los Estados Unidos no existía un sistema de salud universal. Por el contrario, por muchos años los Estados Unidos lleva siendo la economía más grande y poderosa del mundo bajo esas condiciones.
Por deseable que pueda ser transformar la generación de energía hacia el uso de fuentes renovables y establecer un seguro de salud universal, esas iniciativas en nada abonaban a salir de la crisis financiera y económica de los años 2007 al 2009. Aún así, cuando llegó al poder, el presidente Obama aprovechó para adelantar esas iniciativas con la excusa de que las mismas servirían para resolver la crisis y restaurar el crecimiento de la economía de los Estados Unidos.
En Puerto Rico ocurre algo similar con la reforma laboral.

El Gobierno de Puerto Rico está inmerso en una crisis fiscal. Esa crisis fiscal comenzó con el presupuesto aprobado para el año fiscal 2004-2005, el cual elevó el gasto público a un nivel de alrededor de $1,000 millones por encima de los ingresos del erario. Ese desbalance anual entre ingresos y gastos se mantuvo durante los cuatro años de la gobernación de Aníbal Acevedo Vilá. Por eso fue que la administración de Luis Fortuño encontró un déficit presupuestario de más de $3,000 millones cuando tomó posesión de su cargo.
En el ámbito económico, desde el año 2006, la economía de Puerto Rico está en recesión. Si tomamos una visión histórica de más largo plazo, a partir de los años setenta, coincidiendo con la promulgación de la Sección 936 (y no con su final), la economía de la Isla comenzó un proceso de deterioro que no ha terminado todavía. Ese deterioro ha ocurrido por no haber adaptado la economía de Puerto Rico a las tendencias de globalización y libre comercio internacional que, desde entonces, se han experimentado a través de todo el mundo.
La reglamentación laboral en Puerto Rico, con excepción del salario mínimo, no ha sufrido grandes cambios desde antes de los años setenta. Por lo tanto, en estricta lógica, no puede adjudicársele la culpa por la crisis fiscal ni por el deterioro en la economía a esa reglamentación laboral. Aún así, muchas personas argumentan a favor de una reforma laboral usando esos problemas fiscales y económicos como excusa, lo cual no es correcto.
No obstante lo anterior, es indudable que mucha de la reglamentación laboral en Puerto Rico es producto de otros tiempos y no necesariamente se adapta al dinamismo de la economía globalizada del siglo 21.
A manera de ejemplo, en el Artículo II (Carta de Derechos), Sección 16, de la Constitución de Puerto Rico se establece que la jornada de trabajo en la Isla será de ocho horas diarias y que cualquier trabajo en exceso de ese límite diario será compensado, por lo menos, a razón de “una vez y media el tipo se salario ordinario”. Esa disposición Constitucional podría haber sido de avanzada en el momento en que se aprobó, pero la misma no necesariamente se adapta a la realidad del mundo laboral y tecnológico de hoy.

De igual forma, Puerto Rico cuenta entre su reglamentación laboral con aspectos de compensación, licencias y permanencias, entre otros, que en ciertos casos podría exceder lo necesario para razonablemente proteger a los empleados hasta convertirse en un impedimento para la creación de negocios que contribuyan a la generación de empleos.
Para lidiar con esas situaciones, se necesita una reforma laboral. Esa reforma laboral debería proveer la flexibilidad para que una persona pueda, si lo desea, negociar con su patrono una jornada de trabajo de más horas al día por menos días de semana sin que esa flexibilidad le permita a ese patrono aprovecharse injustamente de ese empleado. De igual manera, la reglamentación laboral debería permitirle al empleado ganar más dinero a base de aumentar su productividad y no de una forma que resulte más costosa y onerosa a la empresa para la cual trabaja. Algo debe hacerse también con las vacaciones y las licencias por enfermedad, las cuales son necesarias, pero en exceso, y sin una flexibilidad adecuada, pueden resultar adversas a la competitividad de los negocios. Análisis similares deben llevarse a cabo y discutirse sobre los demás aspectos de la reglamentación laboral.
En fin, la reforma laboral debe tener como propósito mejorar las oportunidades de empleo de las personas y su calidad de vida. Para que esto se pueda lograr, es necesario poder discutir los cambios dentro de un clima de respeto y confianza. Desligar esa reforma laboral de la crisis fiscal y de los problemas en la economía sería un buen primer paso para abonar a ese clima de respeto y confianza que se necesita para que la reforma laboral, en lugar de verse como un intento de menoscabar derechos, pueda llevarse a cabo y redundar en beneficios para todos.
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Nota: Este escrito fue publicado en el periódico El Vocero, 24 de febrero de 2012, página 23.