Es Justo Procesen a AGP? Su Caso es Cien o Mil o un Millón de Veces Peor al de Héctor Martínez?

NR – Es esencial, de justicia, el que se procese a AGP y se le castigue cien veces a los que se va a castigar a Héctor Martínez, porque los Junkets de AGP como Regulador pagados por y con Regulados a Dubai y Venezuela son cien o Mil o Un Millón de veces peores.

Cita del exsenador Héctor Martínez en el tribunal federal

Escuchará los argumentos a favor y en contra de una sentencia severa en su contra

Por Limarys Suárez Torres / lsuarez1@elnuevodia.com    29 de febrero de 2012

El momento crucial de sus vidas llegó y hoy el exsenador Héctor Martínez y el empresario Juan Bravo escucharán los argumentos a favor y en contra de una sentencia severa que se ventilarán ante el juez federal Francisco A. Besosa.

AGP-Líderes PPD

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A partir de las 9:00 a.m. el fiscal federal Peter Koski, de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia en Washington, solicitará a Besosa que le imponga la pena máxima a Martínez y a Bravo tomando en consideración varios agravantes que aumentan las guías de sentencia con relación al esquema de soborno por el que resultaron convictos.

Koski sugirió en su moción sobre la sentencia que Martínez debe ser sentenciado de entre 15 a 19 años de cárcel, mientras Bravo debería ser sentenciado a una pena de entre 12 a 15 años de prisión.

Según el Código Penal federal, el cargo por soborno con relación a un programa federal establece que la pena máxima que puede recibir un acusado es de 10 años de cárcel.

Besosa calendarizó dos días para la vista de sentencia y se espera que hoy escuche todos los argumentos y mañana determine cuál será la sentencia que impondrá a ambos convictos.

El pasado 7 de marzo de 2011 un jurado federal encontró culpable a Martínez y a Bravo de soborno con relación a un programa federal.

Bravo resultó convicto también de conspiración y de viajar a través del comercio interestatal pero esa última convicción Besosa la desestimó porque al momento del viaje a Las Vegas esa conducta no constituía delito.

Mientras, Martínez fue exonerado del cargo de obstrucción a la justicia y resultó culpable de conspiración pero el jurado no encontró ninguna cau
La convicción de conspiración de Martínez quedó desestimada en medio de varios vaivenes en las decisiones de Besosa y pedidos de Koski.sal ilegal para esa conspiración.

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Martínez: “He perdido mi vida”

Por Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO el 29 de febrero de 2012

Tras escuchar las alocuciones del exsenador Héctor Martínez y del empresario Juan Bravo, así como los argumentos presentados por las partes, el juez federal Fransisco Besosa indicó que sentenciará mañana a los convictos.

“No tengo una sentencia escrita en piedra, voy a trabajar esta tarde y a discutir con mi ‘staff’. Consideraré los comentarios de hoy, esencialmente los de Martínez y Bravo”, afirmó Besosa quien pautó la vista para mañana a las 9:00.

“Lo peor que le puede pasar en la vida a un ser humano es perder la libertad. He perdido mi vida y posiblemente parte de mi libertad. Perdí mis años de sacrificio y estudio, mi título de abogado que entregué voluntariamente, perdí mi buen nombre y la oportunidad de continuar el legado de mi padre y de seguir siendo el orgullo de mi familia. Perdí mi paz y perdí mi posición en el Senado, mis sueños y mis metas. Todos mis planes en mi vida política y personal”, afirmó llorando Martínez durante su alocución.

Entretanto, Bravo, también llorando, indicó a la Corte el sufrimiento que ha vivido él y su famiia durante este año y medio.

“Considere todo lo que hecho con mi vida “, indicó Bravo.

Mientras, la expresiones se produjeron en una arestada sala llena de familiares y amigos de los convictos.

Bravo y Martínez fueron encontrados culpable de cargos de soborno en un esquema en el que se alega que el empresario acordó pagarle a Martínez y al convicto ex senador Jorge de Castro Font un viaje a Las Vegas para asistir a la pelea entre el boxeador Félix “Tito” Trinidad y Winky Wright el 14 de mayo del 2005, a cambio de que se presentara legislación que beneficiara a Ranger American, propiedad de Bravo. Esto, a través del proyecto del Senado 471 que enmendaba la “Ley de Detectives Privados”, a fin de requerirle a las compañías de acarreo de valores que su presidente debía tener una licencia de detective privado. Esta pieza legislativa fue propuesta por Bravo.

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Héctor Martínez alega que es adicto

La defensa hizo la revelación al solicitar una pena leniente para el exsenador

Héctor Martínez estuvo lloroso cuando le pidió al juez Francisco Besosa que había perdido todo lo que le importaba en la vida y, especialmente, cuando dijo que si su sentencia es larga es probable que no vuelva a ver viva a su madre, que tiene 80 años.  (El Nuevo Día / Xavier J. Araújo)

Por Limarys Suárez Torres /lsuarez1@elnuevodia.com    1 de marzo de 2012

La defensa del exsenador Héctor Martínez reveló ayer durante la vista de sentencia que su cliente es adicto a alguna sustancia, aunque no especificó si se trata de alcohol, drogas antisociales o fármacos recetados.

La sorpresiva revelación fue hecha por Abbe Lowell, abogado principal de Martínez, cuando le solicitó ayer en la tarde al juez federal Francisco A. Besosa que su cliente sea ingresado a un programa de adicción a drogas.

La argumentación se hizo como parte de la vista de sentencia de Martínez, que comenzó ayer. El juez Besosa escuchó las partes, incluido Martínez y el empresario Juan Bravo, convicto en el mismo caso, pero se reservó su fallo para hoy en la mañana.

“Héctor Martínez cometió un error por haber aceptado el viaje… Solicitamos que si es encarcelado sea recomendado a un RDAP program (Residencial Drug Abuse Program o Programa Residencial para el Abuso de Drogas) en Pensacola (Florida) o en Montgomery (Alabama) y se le permita entregarse voluntariamente”, dijo Lowell.

Según el Negociado Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), el Programa para Usuarios de Drogas está diseñado para atender casos de reos con historial de abuso de drogas o alcohol en los 12 meses previos a su sentencia.

El programa consiste normalmente de 500 horas en 9 meses, periodo durante el cual los reos participantes son confinados en una unidad separada de la población general dentro de la institución y que está reservada para el tratamiento de adicción a drogas.

Los reos reciben un mínimo de tres horas diarias de tratamiento de la adicción a drogas. Los que cumplen con el programa reciben reducciones de sentencias.

Fiscalía no objeta petición

Para que Besosa acepte la recomendación de Lowell tiene que estar documentado en el informe presentencia, que es confidencial, que Martínez padece o ha padecido recientemente de alguna adicción a drogas legales, ilegales o alcohol. El fiscal Peter Koski no objetó la recomendación de Lowell.

Pero si el juez lo recomendara el tratamiento para Martínez, la última palabra sería del Negociado Federal de Prisiones, que evaluaría la situación y decidiría si lo aprueba.

En ningún momento del juicio contra el exsenador, que tuvo lugar el año pasado, trascendió que este fuera usuario de ninguna sustancia controlada.

Martínez fue arrestado en junio de 2010 y desde entonces está en libertad bajo fianza. Sus condiciones de libertad supervisada no incluyen el realizarse pruebas de dopaje, aunque sí se le requirió que se abstuviera de usar alcohol y drogas antisociales.

Un jurado halló culpables a Martínez y Bravo el 7 de marzo pasado de los cargos de soborno relacionados a un viaje que ambos hicieron a Las Vegas en compañía del también exsenador corrupto Jorge de Castro Font a ver una pelea de Tito Trinidad en el 2005.

Ayer, ambos, ahogados en llanto y con voz entrecortada, pidieron la compasión de Besosa, quien los citó para hoy a las 9:00 a.m. para sentenciarlos.

“No tengo una sentencia escrita en piedra y tengo que trabajar junto con mi equipo de trabajo considerando los argumentos, en especial la alocución de los acusados”, dijo Besosa. La fiscalía solicita 15 a 19 años de cárcel para Martínez y 12 a 15 para Bravo.

En su alocución, Martínez destacó que su peor castigo ha sido “perderlo todo” y estar a punto de perder la libertad y sugirió que si es encarcelado por largo tiempo posiblemente no vuelva a ver en vida a su madre, quien tiene 80 años.

“Perdí mis años de sacrificio, mi título de abogado, mi buen nombre y el de mi familia, perdí continuar el legado de mi padre, perdí totalmente mi paz y tranquilidad, mi posición en el Senado, todos mis sueños y metas… Le pido respetuosamente que tome en consideración todos estos factores al momento de emitir su sentencia”, declaró Martínez.

Habló Bravo

Antes, había hablado Bravo, quien, leyendo un escrito en inglés, expresó lo mucho que han sufrido él y su familia por este caso. “Solicito compasión. No por mí sino por la seguridad de los míos, de los que amo (estalla en llanto)… Mi vida entera fue dedicada a mi familia… Mi carácter, mis valores, mi reputación es todo para mí… Todo lo que he logrado parece no tener sentido. Perdí mi negocio, la oportunidad de proteger a otros y perdí también mi salud”, expresó Bravo.

Durante todo el día, los abogados de ambos convictos argumentaron a favor de sentencias lenientes para sus clientes.

Lowell, por ejemplo, sostuvo que su cliente no recibía sobres de dinero en efectivo, como fue el caso de De Castro Font, que solo fue a un viaje a Las Vegas a ver una pelea de quien se consideraba “un héroe nacional”.

Lo comparan con otros

Mientras, la exfiscal federal Sonia Torres, también abogada de Martínez, le recordó a Besosa los históricos casos de corrupción y las sentencias que recibieron Edison Misla Aldarondo, René Vázquez Botet, Marcos Morell y el propio De Castro Font.

“Si compara la conducta de estos individuos con las sentencias (de cinco años) que recibieron, ¿cómo el gobierno puede pedir razonablemente por 12 años cuando el estatuto dice que lo máximo es 10? Él resultó convicto, perdió su licencia de abogado y su castigo debe ser justo y proporcional a la ofensa”, sugirió Torres.

Mientras, Koski reiteró que la única razón por la que Bravo invitó a Martínez a Las Vegas fue para corromper el proceso legislativo y buscar ventaja con los proyectos de los Centros Comerciales y la Ley de Detectives Privados.

“No se puede seguir permitiendo este nivel de corrupción en Puerto Rico”, señaló Koski.

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