Juicio Civil Por Jurado?

NR – Poco a poco los derechos fundamentales como Ciudadanos Americanos están siendo reconocidos.

‘Trascendental’ el fallo

Por Jackeline Del Toro Cordero, EL VOCERO el 12 de marzo de 2012

La decisión del juez Eduardo Estrella Morales, la cual establece que los juicios civiles pueden contar con jurado, como ocurre con los de índole criminal, es una “de gran envergadura”, aunque a la vez reviste de retos a la Rama Judicial, opinó el licenciado Manuel San Juan.

San Juan detalló que la sentencia parcial toca muchos diferentes temas de gran envergadura, como el reconocimiento de que si la Isla ha ganado reconocimiento como territorio incorporado, como ha dicho antes el juez federal Gustavo Gelpí; y por qué negarle igualdad de protección de las leyes.

“En un análisis, Gelpí dice que ya han pasado tantas cosas que ya para los efectos es un territorio incorporado y para los efectos, debe aplicarle las leyes de la misma forma que a los territorios y estados”, comentó. “El juez Estrella lo adopta, al igual que Gelpí”, dijo.

El abogado expuso que la decisión, si se mantiene, podría declarar inconstitucionales las Reglas de Procedimiento Civil -actualizadas en el 2009-, ya que no proveen para juicio por jurado. “Tendría que haber unos cambios bien dramáticos en la forma en que se manejan los casos civiles. Para mí, van a ser cambios positivos. Un juicio por jurado es bien positivo para las partes y para el Pueblo”.

Aunque habría que añadir un lugar para el jurado en las salas y salones para deliberar, reconoció que habría beneficios como acortar el tiempo que suelen tomar estas demandas.

Por su parte, el abogado David Indiano, quien postula a nivel federal y estatal, sostuvo que “brindarle el derecho a un juicio por jurado a todo ciudadano americano es un logro increíble”. Previó que la controversia se eleve al TS, “pero el sistema de jurado es muy importante, ayuda hasta a los jueces porque no tienen que preocuparse de ver los hechos, tienen que ver con el derecho aplicable. Es un logro grande para la democracia y los ciudadanos americanos en Puerto Rico”.

Otra fuente que prefirió mantenerse en el anonimato, que conoce el Sistema de Justicia a nivel estatal y federal, dijo a EL VOCERO “es una decisión que ningún Tribunal estatal, desde la fundación del Estado Libre Asociado -en el 1952- había tomado”. Trajo a colación que “es un ‘issue’ que es recurrente, ya que a nivel federal, tanto el Juez Torruella y el juez Gustavo Gelpí han reconocido el derecho a un juicio por jurado en pleitos civiles como uno fundamental, y ahora el juez Estrella ha determinado que el derecho a un juicio por jurado en pleitos civiles es un derecho fundamental para toda parte en un pleito”.

Acerca de las compensaciones a la parte afectada, otra fuente que tiene vasta experiencia en el sistema federal, añadió que “contrario a lo que se pueda pensar, los jurados federales son justos y dan lo que la parte se merece. En Puerto Rico no hay ‘runaway juries’, y aun si ese fuera el caso, el juez siempre puede modificar el laudo de un jurado”.

Reconoció que el jurado no solamente resuelve el caso más rápido que el juez, sino que destruye la politización del sistema.

“Ahora mismo, en el sistema estatal, siempre los abogados lo primero que se preguntan es quién fue el Gobernador que nombró al juez, con un sistema donde son los representantes del pueblo quienes determinan el caso, el que sea un juez Popular o penepé no entra en juego”, agregó.

En cuanto al hecho de que el sistema estatal no tiene la infraestructura para poder celebrar pleitos con un jurado presente, una de las fuentes opinó que, “simplemente el sistema judicial tiene que destinarle los recursos necesarios para remodelar las salas”, a hizo partícipe a la Asamblea Legislativa en cuanto a asignación de recursos. Después de todo, si se gastaron cientos de millones de dólares para hacer Tribunales, deben existir los chavos para remodelar salas para acomodar a un jurado”, opinó.

Sin embargo, las fuentes coincidieron en que seguramente la decisión sea revisada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. “Lo que el Tribunal Supremo de Puerto Rico, y quizás el Federal, tendrán ante si es el siguiente ‘issue’: ¿Qué es más importante, una tradición civilista de corte europeo que poco tiene que ver con el estado político de Puerto Rico, o la Constitución Federal?”, argumentó una de las personas.

El dilema, de acuerdo a las fuentes consultadas, es que, si en Puerto Rico existe el derecho fundamental para que los exgobernadores tengan escoltas pagadas con fondos públicos, ¿cómo va a ser que una parte en un pleito civil no tiene el derecho de que sean sus pares los que determinen el caso? “Si lo pueden hacer en lo criminal, lo pueden hacer en lo civil”, fue el reclamo.