“Aún con toda la atención y comentarios que genera, lo cierto es que en Puerto Rico hay mucha confusión sobre el presupuesto específico del Gobierno sobre el cual tiende a girar toda la discusión pública y sobre el alcance del mismo.”

El presupuesto del Gobierno de Puerto Rico es motivo de discusión y análisis, prácticamente a diario, en diversos foros y medios de prensa. Próximamente, el gobernador de Puerto Rico, Luis G. Fortuño, en virtud del mandato al respecto contenido en la Sección 4, del Artículo IV, de la Constitución de Puerto Rico, estará compareciendo a la Asamblea Legislativa para someter su mensaje de presupuesto y presentar su recomendación sobre la cantidad y el desglose de ese presupuesto para el próximo año fiscal. Esto, a su vez, provocará más diálogo y captará gran parte del interés de la opinión pública en la Isla.

Aún con toda la atención y comentarios que genera, lo cierto es que en Puerto Rico hay mucha confusión sobre el presupuesto específico del Gobierno sobre el cual tiende a girar toda la discusión pública y sobre el alcance del mismo. Además, muchas personas viven bajo la percepción de que la Asamblea Legislativa aprueba la totalidad del presupuesto del Gobierno, aunque la realidad es otra.

Cuando del fisco se trata, existen dos presupuestos principales que debemos entender y aprender a diferenciar el uno del otro: el Presupuesto General de Gastos y el Presupuesto Consolidado del Gobierno de Puerto Rico.

El Presupuesto General de Gastos es el que se cubre con los ingresos propios del Gobierno estatal como, por ejemplo, las contribuciones sobre ingresos, el impuesto de ventas y usos (IVU) y algunos arbitrios y licencias. Esos ingresos se acumulan en una cuenta conocida como el Fondo General y se utilizan para sufragar gran parte de los gastos operacionales de agencias tales como el Departamento de Educación, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Hacienda, el Departamento de Transportación y Obras Públicas y otros similares. Ese es el presupuesto sobre el cual pasa juicio, y aprueba, la Asamblea Legislativa, y sobre el cual se concentra casi toda la atención pública.

El Presupuesto Consolidado del Gobierno de Puerto Rico contiene el presupuesto que se cubre del Fondo General, pero se le añaden el resto de las operaciones del Gobierno estatal (sin incluir los municipios) que se nutren de otras fuentes de recursos. Esto incluye, entre otros, los fondos federales, las mejoras permanentes, y las corporaciones públicas que tienen sus propios ingresos y cuyos presupuestos, en lugar de aprobarlos la Asamblea Legislativa, realmente los autorizan sus respectivas juntas de directores. Como ejemplo de las operaciones gubernamentales que no se incluyen en el Presupuesto General de Gastos, pero que sí forman parte del Presupuesto Consolidado, podemos mencionar a la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Carreteras y Transportación, y el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, entre otras.

Para ilustrar las magnitudes de ambos presupuestos, y su relación, para el año fiscal corriente (2011‑2012), el Presupuesto Consolidado del Gobierno de Puerto Rico asciende a $28,658,157,000. De ese total, solo $9,260 millones, que equivale al 32% del Presupuesto Consolidado, corresponde al Presupuesto General de Gastos.

Esos números demuestran que todos los esfuerzos dirigidos a la discusión y análisis del presupuesto público están concentrados en la porción más pequeña del Presupuesto Consolidado. Peor aún, esa parte del presupuesto que acapara la atención pública es la que tiene el menor impacto económico.

Una de las diferencias más importantes entre esos dos presupuestos es que, en términos generales, el Presupuesto General de Gastos no incluye las inversiones en proyectos de infraestructura y mejoras capitales, que son las que mayor impacto tienen sobre el desarrollo económico de Puerto Rico. Por el contrario, esas inversiones públicas se incluyen en el resto del Presupuesto Consolidado, mayormente en los financiamientos y las corporaciones públicas, el cual pasa, prácticamente, desapercibido de toda la discusión pública sobre el erario. Lamentablemente, ha sido la inversión, incluyendo la inversión pública, la que más se ha visto afectada durante la primera década del Siglo 21, aun cuando los gastos de consumo han continuado su ritmoascendente.

A manera de comparación, en el año 2000, el total de los gastos de consumo en Puerto Rico ascendió a $36,132.6 millones, mientras que la inversión en nuestra economía totalizó $12,164.2 millones. Diez años después, en el año 2010, los gastos de consumo aumentaron por más de $20,000 millones, hasta alcanzar la cifra de $57,162.1 millones. En cambio, durante el mismo periodo, la inversión se redujo por más de $3,000 millones para descender a $9,153.1 millones.

Ante esos números, no nos debe sorprender el deterioro que reflejó nuestra economía durante los primeros años de este siglo. Después de todo, las inversiones son las erogaciones que más efecto multiplicador tienen.

Un componente importante de la inversión en nuestra economía lo constituye la inversión pública. Como se indicó anteriormente, la inversión pública no se realiza desde el Presupuesto General de Gastos del Gobierno de Puerto Rico, en el cual la mayor parte de las personas se concentran. Por el contrario, es en el resto del Presupuesto Consolidado, particularmente en las corporaciones públicas, desde donde se financian y generan esas inversiones públicas. Lamentablemente, esas corporaciones públicas también sufrieron un embate fiscal durante los pasados d 10 años, pero sus finanzas no han recibido la misma atención, ni se ha tratado de mejorar su situación fiscal, con el mismo esmero que ha recibido el presupuesto que se sufraga del Fondo General.

Si queremos promover un crecimiento económico más vigoroso, tenemos que prestarle mayor atención a la inversión pública y menos a los gastos operacionales del Gobierno. El proceso de análisis presupuestario que comenzará próximamente es un buen momento para dirigirnos en esa dirección. Durante ese proceso, debemos dedicarle menos tiempo al Fondo General y prestarle mayor atención a mejorar la condición financiera de las corporaciones públicas. El futuro económico de Puerto Rico, y la calidad de vida de los puertorriqueños, dependen de eso.