2 de abril de 2012 – Política, Puerto Rico – Beatríz de la Torre, EL VOCERO

Maltrecho Sistema de Retiro fue una de las entidades gubernamentales que salió trasquilá en fracasado proyecto Punto Verde

En un momento en que el Gobierno ni siquiera contaba con los suficientes fondos para cubrir sus obligaciones básicas con miles de jubilados, el Fondo de Retiro de Empleados Públicos y el Banco Gubernamental de Fomento secretamente adquirieron $25 millones en bonos privados para financiar el ecoparque de Punto Verde, comprometiendo más de $30 millones de las contribuciones del erario al proyecto.

Una investigación de EL VOCERO sobre el impacto y ramificaciones a largo plazo de una serie de controvertibles emisiones de bonos de Retiro por $3 mil millones en el 2008 inesperadamente encontró como el dinero de los contribuyentes se usó sin garantía alguna para financiar lo que se suponía fuese un ambicioso proyecto privado con fines comunitarios.

La inversión gubernamental en Punto Verde figura como la única de las multimillonarias inversiones hechas por Retiro, que fue identificada oficialmente. Los $10 millones concedidos por Retiro a Punto Verde aparecen en el desglose de gastos incurridos en la primera Emisión de Bonos Serie A de enero del 2008, bajo la administración de Anibal Acevedo Vilá. Este detalle también indica que de $1,600 millones de la emisión, se transfirieron $937 millones a Citibank, presuntamente para invertirlos. Por otro lado, los detalles de la inversión correspondiente al BGF aparecen en documentos provistos a este diario por la desarrolladora de Punto Verde, Angelita Rieckehoff.

Tanto el BGF, que mantiene en depósito más de $1,000 millones en fondos de Retiro, como el propio sistema de pensiones, no respondieron a las múltiples solicitudes de este diario de que se le proveyese un desglose de la cartera de inversiones de Retiro.

Como se repartieron los chavos

Las inversiones en Punto Verde contradicen los reclamos que ha hecho por años Rieckehoff a los efectos de que el proyecto es uno de apoderamiento comunitario, financiado exclusivamente con fondos privados. La multimillonaria inversión pública en las múltiples entidades que componen Punto Verde se distribuye de la siguiente manera: $15 millones del BGF, $10 millones de Retiro, $2 millones del Banco de Desarrollo Económico, $2.4 millones de incentivos contributivos de la Compañía de Turismo, $180 mil del Departamento de la Familia y otros $125 mil del Departamento del Trabajo. Punto Verde también se benefició de unos acuerdos con la Compañía de Parques Nacionales (CPN), que primero le permitió pagar una renta de $1,000 al mes por arrendar cuatro cuerdas en el ‘corazón’ del área metropolitana. Eventualmente, el alquiler subió a $4,125 al mes tras incluir una llamada ‘isla’ de casi una cuerda y dos pabellones, de acuerdo con los contratos radicados por CPN en la Oficina de la Contralor.

El erario boricua alegadamente perdió hasta el último centavo invertido en la compleja y controvertible transacción en la que una ‘entidad de maletín’ (‘shell company’) afiliada a Punto Verde vendió bonos propios con los cuales entonces reinvirtió en la compra de bonos garantizados por otra entidad –en este caso, otra ‘compañía de maletín’ con sede en el paraíso fiscal de Gran Caimán– y por la atribulada agencia federal conocida como Fannie Mae, ambas pagando intereses más altos.

Como parte de esta estrategia, los desarrolladores del ecoparque solo recibieron $2.1 millones en intereses luego de pagar poco más de $1 millón a los bancos, bufetes y consultores envueltos en la transacción. Algunos de ellos habían estado, simultáneamente, involucrados en las emisiones de Retiro que precipitaron la crisis del Sistema.

“Hicieron lo mismo que trató de hacer Retiro, pero les salió mejor el rendimiento”, dice un perito financiero, quien le explicó a este diario las similitudes entre las transacciones diseñadas para Punto Verde y Retiro. Gracias a las tres emisiones hechas por Punto Verde entre el 2006 y el 2008 por un total de unos $100 millones, el proyecto tuvo ganancias de $9.4 millones, las cuales le cedió a una nueva compañía con fines de lucro en un intercambio de acciones.

Si bien los estados financieros, órdenes de transferencias de fondo, contratos de gobierno, planillas contributivas y múltiples entrevistas confirman cuán extensa fue la ayuda pública a este proyecto, es mucho más difícil determinar con exactitud el uso de los fondos y sus posibilidades de recobro. Uno de los problemas para reconstruir este acertijo es que el parque recreativo ha quedado en ruinas, luego que vándalos anónimos destrozaran las facilidades mientras Rieckehoff y el alcalde de San Juan, Jorge Santini, peleaban en los tribunales sobre su control, pugna que todavía está en pie.

Asimismo, hay dudas sobre las colaterales usadas para garantizar las emisiones de notas de Punto Verde, dado los graves problemas que han afligido a varias de las entidades involucradas, incluyendo a Lehman Brothers, el desaparecido banco de inversiones. Irónicamente, a Lehman –por sus controvertibles manipulaciones del mercado– frecuentemente se le vincula con la recesión global del 2008 que ha tenido un severo impacto en las carteras de inversión con las cuales se refuerzan todos los sistemas de pensiones, incluyendo el de Puerto Rico. Por ejemplo, estudios actuariales de los sistemas de retiro en Estados Unidos muestran que entre el 1982 y el 2009, las ganancias de las inversiones representaban un 58% de los ingresos de los sistemas mientras que a las aportaciones patronales e individuales les correspondió el 28% y el 24%, respectivamente.

Regalando dinero

“Fue una dádiva,” dice el actual administrador de Retiro Héctor Mayol, quien confirma que los $10 millones invertidos por Retiro en Punto Verde provienen de la primera de tres polémicas emisiones de bonos en el 2008.

Rieckehoff rechaza tal generosidad e indignadamente afirma que el Gobierno no ha perdido un centavo en la compra de los bonos emitidos por Punto Verde. “Todavía esa inversión está viva”, sostiene Rieckehoff. “Fue una inversión triple AAA con un rendimiento que está por encima del promedio”.

En un periodo de dos años, entre septiembre del 2006 y noviembre del 2008, Punto Verde Grantor Trust, una ‘entidad de maletín’, emitió bonos en tres ocasiones distintas por un valor total de $100 millones. Para ello, empleó complejas transacciones cuyo propósito alegadamente era obtener fondos a tasas de interés bajas y reinvertirlos a rendimientos más altos. Pese a que Rieckehoff estima en $7 millones las ganancias generadas por este esquema, un análisis de febrero del 2011 para la Compañía de Turismo por los auditores de Scherrer & Hernández los coloca en $9.4 millones.

En estas transacciones participaron primero Oriental Bank & Trust, luego Lehman y finalmente UBS, empresa que en ese momento jugaba un triple rol: asesor financiero del Gobierno, principal comanejador de las emisiones de bono de Retiro y manejador de la emisión de los $25 millones en bonos de Punto Verde adquiridos por el Gobierno. Oriental, FirstBank, Doral y Eurobank figuran entre los bancos locales que de acuerdo a Rieckehoff, adquirieron en un momento u otro las notas.

Sin récords

Los argumentos de Rieckehoff han caído en oídos sordos en Retiro donde Mayol, quien primero en una entrevista telefónica dijo desconocer los detalles del arreglo con Punto Verde, ahora asegura que ese dinero “se tiraron a pérdida” antes de que él asumiera la dirección del Sistema.

Posteriormente, sin embargo, el portavoz de Retiro, Carlos Ramos, indicó en un correo electrónico que en Punto Verde, “se invirtieron $10 millones, cantidad que aún no se ha reconocido como pérdida pues se encuentra en proceso de mediación en Corte”.

Irónicamente, Mayol estaba al frente de uno de los bancos de inversión que en el 2008 figuraron como los principales comanejadores (‘underwriters’) de las controvertibles transacciones de $3 mil millones que alegadamente han puesto en peligro la supervivencia del Sistema, y fueron la fuente de los millones concedidos a Punto Verde en el 2008.

La situación es aún más confusa en el BGF, donde su presidente, Juan Carlos Battle, insiste que no hay récords en los expedientes del banco del Gobierno de ninguna transacción con Punto Verde. Battle simultáneamente preside el BGF y la Junta de Síndicos de Retiro. Anteriormente, funcionarios del BGF habían respondido a una solicitud de este diario diciendo que en sus archivos no tenían evidencia de tal inversión.

Mientras tanto, Rieckehoff insiste en una narrativa confusa.

“Las notas son de GE Capital y el ‘swap’ de Lehman. El problema es con el ‘swap’ de Lehman”, dice Rieckehoff. “GE sigue pagando a una cuenta de escrow (fideicomiso)” .

Esta aseveración, sin embargo, entra en conflicto con el expediente del cierre de la emisión provisto a EL VOCERO por la propia Rieckehoff. Los documentos muestran que Lehman manejó a fines de febrero del 2008 la transacción con Retiro y el BGF y que su principal colateral fueron notas de otra llamada ‘compañía de maletín’, cuya sede –según el acuerdo de compraventa– está ubicada en la isla de Gran Caimán. La otra colateral pertenecía a Fannie Mae, garantizadora de préstamos hipotecarios que fue otra de las grandes víctimas de la debacle del mercado y la cual el Gobierno federal tuvo que poner en sindicatura en septiembre del 2008, en un rescate que se estima le costará al contribuyente estadounidense entre $224 mil millones y $360 mil millones.

Por su parte, GE Capital no interactuó con Punto Verde hasta noviembre del 2008 en la transacción con UBS. Tanto Punto Verde así como todos los otros participantes en las emisiones, se distanciaron de su repago, estableciendo de antemano que la única colateral son las notas emitidas por terceros.

Mariazell Vélez contribuyó a este artículo

El Vocero investiga dónde fueron a parar los $3,000 millones ahorrados por pensionados de Retiro defalcados bajo la administración de Acevedo Vilá, y en el camino se encuentra con «MILLONES BOTA’OS EN PARQUECITO» privado.»En un momento en que el Gobierno ni siquiera contaba con los suficientes fondos para cubrir sus obligaciones básicas con miles de jubilados, el Fondo de Retiro de Empleados Públicos y el Banco Gubernamental de Fomento secretamente adquirieron $25 millones en bonos privados para financiar el ecoparque de Punto Verde, comprometiendo más de $30 millones de las contribuciones del erario al proyecto.Una investigación de EL VOCERO sobre el impacto y ramificaciones a largo plazo de una serie de controvertibles emisiones de bonos de Retiro por $3 mil millones en el 2008, inesperadamente encontró como el dinero de los contribuyentes se usó sin garantía alguna para financiar lo que se suponía fuese un ambicioso proyecto privado con fines comunitarios.»Lea más aquí: http://www.vocero.com/parque-se-chupo-muchos-verdes/Comparte esta noticia, dale like y share, para que tus amigos sepan también porqué García Padilla y el PPD, ¡SON DEMASIADO RIESGO PARA PUERTO RICO!

3 de abril de 2012 – Política, Puerto Rico, – Beatríz de la Torre, EL VOCERO

Guerra de ‘culpas’ por destrucción de ecoparque subsidiado con fondos públicos

En un pestañazo, Punto Verde ha pasado a ser Punto Cero; víctima de una disputa entre el alcalde de San Juan, Jorge Santini, y la desarrolladora del difunto ecoparque, Angelita Rieckehoff, la cual ha degenerado en la destrucción indiscriminada de lo que una vez fue un parque infantil y un intercambio de virulentas acusaciones de vandalismo.

“Ella (Rieckehoff) se llevó todo menos la tierra. Está totalmente vacío. Se llevó todo lo que no destruyeron”, asegura Santini. “Parece un lugar bombardeado en la Segunda Guerra Mundial”.

Rieckehoff, por su parte, coincide en que el parque está en ruinas, por lo que acusa al Alcalde capitalino. “Ahí se lo robaron todo. Está totalmente destruido. Hasta los inodoros los destruyeron”, dice Rieckehoff, quien asegura que el Municipio de San Juan tenía la obligación de custodiar las facilidades una vez que le dificultó el acceso por el portón principal de la avenida Domenech, en Hato Rey.

Ninguno de los dos, sin embargo, parece tener pruebas concretas de quien causó el daño. Tampoco está claro cuándo y cómo vándalos pudieron causar un daño de tal magnitud en medio de un pleito que se litiga no solo en las salas judiciales, sino en la Prensa del País, sin que nadie se diera cuenta de que los pillos se estaban llevando hasta los cables de electricidad para presuntamente quedarse con el cobre.

Este vandalismo rampante le ha dado nuevos giros a la pelea legal entre Santini y Rieckehoff. Esta última radicó en junio pasado un interdicto preliminar y una demanda de incumplimiento de contrato contra San Juan y la Corporación de Parques Nacionales (CPN), reclamando que el Tribunal rescindieran por ilegal el traspaso del parque Luis Muñoz Marín del CPN al Municipio de San Juan, incluyendo las cuatro cuerdas originalmente arrendadas a Punto Verde hasta el 2017.

Santini dice que se vio obligado a ordenar el desalojo del parque porque los desarrolladores de Punto Verde debían $200 mil en rentas atrasadas. “Nunca pagaron renta”, insiste. Pero Rieckehoff lo acusa de ser una versión isleña del presidente venezolano Hugo Chávez, apropiándose de propiedad privada sin respeto a las leyes. “Esto no es de quedarse con eso a la baqueta, porque eso se llama confiscación, en este país tú tienes que expropiar yendo a los tribunales”, reclamó.

Presagio de calamidad

La destrucción del ecoparque en la disputa la vaticinó la misma Rieckehoff, quien en julio le dijo a un semanario local que iba a desafiar una orden de desalojo del Municipio de San Juan porque estaba preocupada por la suerte que correría el proyecto si la obligaban a cerrar el parque en lo que se dilucidaba el pleito en los tribunales.

“Si no operamos, no podemos ganar dinero y no vamos a poder pagar a los guardias de seguridad para impedir que los vándalos destruyan el parque en lo que se resuelve la disputa. Si al parque no se le cuida va a estar virtualmente destruido en menos de tres meses”, dijo Rieckehoff en aquella ocasión.

Qué pasó exactamente de ahí en adelante es difícil saber, salvo que no queda nada que se pueda rescatar y que ambas partes atribuyen al otro la responsabilidad por la destrucción. El caso legal sigue vivo ahora en el Tribunal Apelativo, luego que el juez superior Ángel Pagán Ocasio fallara contra Punto Verde. Sin embargo, por ahora la disputa ya no es tanto por el control del terreno sino por el dinero envuelto.

“Que nos paguen los daños o que nos paguen la inversión”, indicó Rieckehoff en entrevista telefónica con EL VOCERO.

Aunque no aclaró a cuanto ascendería tal reclamación, ya previamente Punto Verde y Parque Verderol habían reclamado ante el Tribunal que una “compensación por construcción de buena fe en terreno ajeno es de $18 millones; permitir el desalojo por intencionado por el Municipio demandado sería incurrir en un acto de injusticia y de enriquecimiento injusto por parte del Estado, al no indemnizar de manera justa el valor de una propiedad privada ocupada”.

Tal reclamación da lugar a una nueva interrogante a dilucidarse ante los tribunales, ¿cuánto le puede reclamar al Estado un desarrollador privado por daños en un proyecto cuyo grueso de la inversión proviene de los bolsillos de los contribuyentes?

Asimismo, el vandalismo ha creado una nueva traba para llegar a cualquier acuerdo. Sin un inventario detallado y avalado por ambas partes se dificulta, por no decir que imposibilita, que un árbitro independiente pueda establecer los costos de construcción, el valor real de la inversión así como el monto de los daños sufridos, explicó un conocido abogado sanjuanero.