NR – Lectura obligada.
Aunque por 60 años el llamado “mercado común” con los Estados Unidos ha sido dogma y uno de los cuatro pilares del Estado Libre Asociado, durante ese medio siglo la legislatura de ambos partidos mayores ha erigido una serie de barreras proteccionistas contra productos y servicios con base en los Estados, que en efecto convirtieron el ELA en un mercado comercial discriminatorio y segregado. Ello, a pesar de que prevalece un consenso casi unánime entre rojos y azules, de que en los Estados y en el comercio interestatal no se puede discriminar contra los productos, servicios profesionales y comercios de la Isla.
El afán de proteger los productos nativos, imponiendo barreras discriminatorias a productos y servicios más baratos provenientes de los Estados, creó una madeja burocrática que paulatinamente se ha ido erosionando con los fenómenos de la globalización, los tratados multinacionales de libre comercio, los bloques de mercados, las decisiones de las cortes federales aplicando la Cláusula de Comercio a Puerto Rico y la demanda de los consumidores que exigen productos competitivos y al mejor precio posible, no importa de dónde provengan. La recesión económica de esta década ha incrementado el clamor ciudadano por productos al mejor costo y calidad posible.
Nuestros políticos no se han dado por enterados y cada vez que intereses económicos locales ven afectados por la competencia interestatal, sus monopolios o la posición de sus productos, allá acuden a la legislatura para que les imponga barreras proteccionistas y les cree burbujas privilegiadas. En ese sentido, Puerto Rico es la jurisdicción más reglamentada, más nativista, más discriminatoria y más difícil de hacer negocios en toda la Nación Americana.
Desde tiempo inmemorial, el Tribunal Supremo del ELA avaló mucha de la legislación de taller cerrado y de proteccionismo nativista, determinando que la Cláusula de Comercio de la Constitución de Estados Unidos –que protege del discrimen el libre mercado de productos– no necesariamente aplica al ELA. RCA v. Gobierno de la Capital, 91 DPR 416 (1964). Eso causó que muchas empresas interestatales afectadas por las barreras, no entraran a vender en el mercado isleño, indujo a la creación de monopolios de distribución exclusiva bajo la Ley 75 y obligó a otras a litigar en la Corte Federal a costos millonarios reclamando la ilegalidad de esos obstáculos que históricamente han encarecido irrazonablemente el costo de la vida en el ELA.
Ese apartheid boricua leguleyo, acaba de llegar a su fin. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso del ELA v. Northwestern Selecta, del 27 de marzo del 2012, acaba de revocar el muro al libre comercio que bendecía el caso de RCA. La opinión mayoritaria de seis jueces asociados, escrita por el Juez Feliberti Cintrón, determinó que en Puerto Rico está prohibido el discrimen comercial contra productos y servicios que compiten en el Comercio Interestatal, por virtud del Artículo 3 de la Ley de Relaciones Federales (que creó el ELA) y por la aplicación completa de la Cláusula de Comercio en todo el territorio del ELA. Eso produce el fin del aislamiento o la balcanización y abre las puertas de par en par a la libre competencia en un mercado común verdaderamente abierto. Invita también a la impugnación y eventual derogación, revocación y/o anulación de miles de medidas legislativas y reglamentarias que discriminan imponiendo barreras a bienes de la Nación.
Esta nueva doctrina, establece que las leyes que resulten discriminatorias de su faz, que persigan el propósito de proteger lo nativo a costa del Comercio Interestatal y que tengan el efecto de favorecer intereses locales afectando adversamente al consumidor, se declararán inválidas e inconstitucionales, a menos que sean neutrales en su aplicación y que respondan a un fin público legítimo.
Esta histórica determinación, les envía un claro mensaje a burócratas, legisladores y empresarios, de que no podrán discriminar para servir los intereses del clientelismo político, o de grupos empresariales particulares.
En efecto, el Supremo ataca la mentalidad del socialismo dirigido y el nativismo proteccionista que han compartido todos los legisladores de una época y otra. Leyes como las de la mala leche, el pollo tax, la prohibición de medicinas por correo, la ley de preferencia, la propia inspección de furgones, (los productos nativos no están sujetos a inspección local), los trámites informativos para comercio con Estados y otras piezas reglamentarias que obliguen a agencias públicas a favorecer los productos nativos sobre otros sin tener una base neutral, quedarán expuestas a su anulación.
El alcance de esta decisión amenaza también los intentos de mantener talleres cerrados profesionales, talleres inconstitucionales como los colegios de Actores, Artistas y Productores, (que impermisiblemente reglamentan las artes), el Colegio de Relacionistas Públicos, (que impermisiblemente limita los derechos de expresión y asociación, limita el derecho a hablar y a representar la posición de otro consagrado por el propio Supremo en el caso de Zacry International y limita el derecho de llevar quejas y agravios contra el gobierno), estarán ahora vulnerables a ataque constitucional. Ni hablar de la Ley 75 de Distribuidores, ni la sacrosanta Ley de Preferencia para productos puertorriqueños que le da una rebaja competitiva a empresas locales sobre las estatales.
Por otro lado, la decisión también afecta las políticas públicas de todas las juntas examinadoras que reglamentan más de 30 profesiones y oficios y que operan bajo la mentalidad proteccionista y nativista. En vez de medir los conocimientos del solicitante y garantizar la calidad del servicio. Estas juntas tratan de limitar el número de personas que pueden ejercer esas profesiones, en vez de dejar que el mercado determine. Inclusive, la propia ley que crea el Comité de Periodistas para determinar quién es periodista meritorio de recibir los carnés, pases y las tablillas, también está en ascuas.
Históricamente, ese comité representa un conflicto de intereses y un maridaje contubérnico entre el estado benefactor y la libertad de prensa y ha mostrado preferencia por los medios tradicionales sin tener facultad constitucional para ello. Un derecho de libertad de prensa, que le corresponde al ciudadano y no es exclusivo del periodista ni del medio.
La segregación del cautivo y preferencial mercado puertorriqueño ha llegado a su fin. Si Puerto Rico quiere discriminar en el mercado global para proteger sus productos, deberá buscar su independencia y soberanía y salirse fuera del mercado común americano y de sus requisitos constitucionales, cortapisas legales y tratados internacionales que garantizan un verdadero libre mercado de productos, servicios y comercio.
Bravo, licenciado! Este es un aspecto importantísimo para la descolonización de Puerto Rico. El «PNP» (whatever that means) continúa sirviéndole a los mismos intereses y tenemos una Asamblea Legislativa que desperdició la oportunidad de hacer el «cambio» prometido por el entonces candidato a Gobernador Luis Fortuño.
Por los intereses que lo propulsaron a tomar las riendas del PNP en el 2008, no hubo proyecto de Administración o Legislativo alguno para abrir la economía de Puerto Rico al inversionista continental ni para mejorar nuestra economía y la fortaleza del sector privado mediante la apertura de nuestro mercado a la libre competencia.
En esta columna, «Fin de la segregación comercial», usted ilustra al Pueblo sobre esta necesidad. De abrirse nuestro mercado, se beneficiaria la clase trabajadora, se abririan nuevas oportunidades comerciales para nuestros empresarios, se reduciria la tasa de desempleo, se aumentaria la tasa de participacion de trabajadores hábiles en la fuerza laboral, aumentarian los recaudos del gobiernos, se fortalecería el sector bancario y financiero, y se mejoraría la calidad de vida.
En este cuatrienio, el PNP no puede reclamar haber hecho esto, porque no tomó las medidas para lograrlo. TODAVIA ESTA A TIEMPO! A REVISAR LA LEGISLACION Y A COMENZAR A DEROGAR LAS AMARRAS!
Lo felicito, nuevamente. Recomiendo que insista en este mensaje.
LDC has spoken wisely. – Benjamín
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