La medida, sometida por la senadora Norma Burgos, asegura que la Legislatura “está comprometida en establecer que los aspirantes o candidatos a cargos públicos electivos no hayan sido convictos de delito grave o menos grave que implique depravación moral, ni haber sido participantes de cualquier programa de desvío según establecido en la Ley para la Prevención  e Intervención con la Violencia Doméstica”.

Explica que “la confidencialidad de estos expedientes no permite que las personas a cargo en el proceso de cualificación de aspirantes o candidatos tengan información pertinente y necesaria para determinar la elegibilidad de éstos. Sin embargo, mediante esta legislación se requiere  a los aspirantes o candidatos a cargos públicos electivos la obligación de acreditar mediante declaración jurada no haber sido participante de cualquier programa de desvío según establecido en la Ley 54 de 1999”.

La exposición de motivos del Proyecto del Senado 2519 indica que “la violencia doméstica atenta contra la integridad misma de la familia y de sus miembros y constituye una seria amenaza a la estabilidad y a la preservación de la convivencia civilizada de nuestro pueblo. Esta Asamblea Legislativa reafirma su compromiso de proteger la vida,  seguridad y la dignidad de hombres y mujeres”.

Hay varios legisladores que han sido implicados en casos de violencia doméstica como el representante Luis Raúl Torres, los exrepresentantes Héctor Ferrer Ríos y Luis Farinacci, y rumores sobre el representante Eric Correa.

“Repudiamos enérgicamente la violencia doméstica por ser contraria a los valores de paz, dignidad y respeto que este pueblo quiere mantener para los individuos, las familias y la comunidad en general. A través de esta política pública se propicia el desarrollo, establecimiento y fortalecimiento de remedios eficaces para ofrecer protección y ayuda a las víctimas, alternativas para la rehabilitación de los ofensores y estrategias para la prevención de la violencia doméstica”,