Pero eso va mas allá al otorgarle la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, se desconoce totalmente por el gobierno de los Estados Unidos la ciudadanía de Puerto Rico. Esto quiere decir que la ciudadanía de Puerto Rico pierde su total validez jurídica. No tan solo eso, sino que al momento de ser naturalizados los puertorriqueños, el acta jones también estableció que toda persona que naciera en el territorio de Puerto Rico obtendría la ciudadanía estadounidense como consecuencia. El documento no expone que al momento de nacer un individuo, el mismo adquiera la ciudadanía de Puerto Rico. Ello significa que la ciudadanía de Puerto Rico nació con el acta Foraker de 1900 y murió con el acta Jones de 1917. Que se traduce de la siguiente manera en nuestros días, TODOS los individuos nacidos en Puerto Rico son ciudadanos estadounidenses.

 no es un ESTADO, pierde su derecho al voto presidencial porque Puerto Rico no es un ESTADO y tampoco podría votar por un representante al congreso porque Puerto Rico no contiene en si distritos congresionales ya que no es un ESTADO. Esto se traduce de la siguiente manera, las mismas limitaciones que tenemos nosotros los puertorriqueños con nuestra ciudadanía estadounidense la tendría cualquier otro ciudadano estadounidense no residente en Puerto Rico que en algún momento decidiera residir en Puerto Rico. Por tanto nuestra ciudadanía estadounidense es igual a la del resto de nuestros conciudadanos. Nuestro problema radica en la no incorporación del territorio donde residimos. Por tanto la solución a las desigualdades existentes en Puerto Rico con relación al resto de nuestros conciudadanos, se resuelve únicamente incorporando al territorio de Puerto Rico como un ESTADO de la Unión. El problema no somos nosotros, nosotros tenemos la herramienta para solucionarlos, nuestras manos junto a un bolígrafo, solo ejerciendo nuestro derecho a la autodeterminación lograremos la igualdad en relación al resto de nuestros derechos.

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DERECHOS CIVILES.
Los derechos civiles y políticos son una clase de derechos que protegen las libertades individuales de la infracción injustificada de los gobiernos y organizaciones privadas, y garantizar la capacidad para participar en la vida civil y política del Estado sin discriminación o represión.

Los derechos civiles incluyen la garantía de la integridad física de las personas y su seguridad, la protección contra la discriminación por motivos de discapacidad física o mental, género, religión, raza, origen nacional, edad u orientación sexual; y los derechos individuales como la libertad intelectual y conciencia, de expresión, de culto o religión, de prensa, y de circulación.

Los derechos políticos incluyen la justicia natural (la equidad procesal) en la ley, tales como los derechos de los acusados, incluido el derecho a un juicio justo, el debido proceso, el derecho a obtener una reparación o un recurso legal, y los derechos de participación de la sociedad civil y la política tales como la libertad de asociación, el derecho de reunión, el derecho de petición, y el sufragio.

Los derechos civiles y políticos constituyen la primera porción de la Declaración Universal de Derechos Humanos (así como los derechos económicos, sociales y culturales comprenden la segunda parte). La teoría de las tres generaciones de derechos humanos considera a este grupo de derechos como los «derechos de primera generación», y la teoría de los derechos negativos y positivos considera, en general, como derechos negativos.