“Cocero Cordero, no cumplió con su obligación contractual de visitar las comunidades antes de preparar los planos. Éste y Del Monte Garrido, en concierto y común acuerdo, diseñaron un esquema de preparación de planos para mejoras de residencias que no se pudieron utilizar por los contratistas que se llevaron las subastas porque los mismos no se ajustaban a la realidad”, explicó Somoza Colombani.

La jueza María de los Ángeles Rabell, del Centro Judicial de San Juan, fijó un fianza global de 5,800 dólares al exsecretario auxiliar del Departamento de la Vivienda (DV), Federico del Monte Garrido, luego de encontrar causa para arresto en 28 cargos criminales por un fraude de más de 6.8 millones de dólares al Programa de Comunidades Especiales. Contra el exfuncionario también pesa otro cargo por violación a la Ley de Ética Gubernamental relacionado a la utilización de propiedad pública para fines políticos, informó el secretario del Departamento de Justicia (DJ), Guillermo Somoza Colombani, Contra Del Monte Garrido, explicó Somoza Colombani, se presentaron 28 denuncias por malversación de más de 700 mil dólares de fondos públicos (artículo 216 k del Código Penal de 1974), mediante un esquema donde el imputado autorizó el pago de facturas sometidas por el contratista Angel Cocero Cordero por servicios en las comunidades especiales donde fue contratado, pero que no prestó. En cuanto a Cocero Cordero, éste enfrenta 30 cargos de fraude en la entrega de cosas y apropiación ilegal agravada, ambos delitos tipificados en el Código Penal de 1974. Al contratista se le imputa entregar planos fraudulentos que no se ajustaban a la realidad existente en las comunidades, cobrar por servicios de supervisión que nunca prestó o que no supervisó conforme a lo pactado y cobrar por participar en subastas de construcción de nuevas unidades de vivienda que nunca se llevaron a cabo. Cocero Cordero fue llevado ante la juez la semana pasada y se encuentra libre bajo fianza. Los esquemas que se fraguaron desde 2003 y se prolongaron hasta 2005, incluyen a Del Monte Garrido, encomendando la planificación e implantación del programa de Comunidades Especiales, contratando a Cocero Cordero para que hiciera los planos de mejoras de viviendas, planos de nuevas viviendas y supervisara los proyectos de 14 comunidades especiales. Las comunidades eran Las Acerolas, en Toa Alta; Cangrejo y Buena Vista, en Humacao; San Francisco, García, Nieves y Matías, en Aguada; Jacaboa en Patillas; El Burén, en Sabana Grande; Melitón y Amparo, en Barranquitas; los sectores Playita, Playa y Magas, en Guayanilla; y Media Cuerda, en Isabela. A través del Programa de Comunidades Especiales, Cocero Cordero se apropió ilegalmente de fondos públicos y Del Monte Garrido malversó más de 700 mil, señaló el secretario. No obstante, la investigación realizada por las autoridades arrojó que en las comunidades investigadas se despilfarraron más de seis millones de dólares, al invertirse cantidades millonarias sin que se levantara ni una residencia y pagándole a Cocero por la preparación de planos que nunca fueron utilizados por el DV. “Cocero Cordero, no cumplió con su obligación contractual de visitar las comunidades antes de preparar los planos. Éste y Del Monte Garrido, en concierto y común acuerdo, diseñaron un esquema de preparación de planos para mejoras de residencias que no se pudieron utilizar por los contratistas que se llevaron las subastas porque los mismos no se ajustaban a la realidad”, explicó Somoza Colombani. La investigación también reveló que Del Monte no solo participó en el esquema ilegal de diseños y pagos por servicios no prestados, sino que utilizó los deberes y facultades de su cargo en el DV para vender boletos de actividades políticas del Partido Popular Democrático (PPD) en la propia agencia durante horas laborables y utilizando los recursos de la agencia. Del Monte Garrido vendía las taquillas a Cocero Cordero personalmente y por conducto de su ayudante y coordinador del PPD en el DV, Edwin Rodríguez Díaz. Contra Rodríguez Díaz, la jueza Rabell encontró causa por un cargo por violar la Ley de Ética Gubernamental, fijándole una fianza de 200 dólares. Estos crímenes fueron detectados por los fiscales del DJ, como parte de la pesquisa que realizan las divisiones de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del DJ en torno a las operaciones del Programa de Comunidades Especiales.

La jueza María de los Ángeles Rabell, del Centro Judicial de San Juan, fijó un fianza global de $5,800 al exsecretario auxiliar del Departamento de la Vivienda (DV), Federico del Monte Garrido, luego de encontrar causa para arresto en 28 cargos criminales por un fraude de más de $6.8 millones al Programa de Comunidades Especiales.

Contra el exfuncionario también pesa otro cargo por violación a la Ley de Ética Gubernamental relacionado a la utilización de propiedad pública para fines políticos, informó el secretario del Departamento de Justicia (DJ), Guillermo Somoza Colombani,

Contra Del Monte Garrido, explicó Somoza Colombani, se presentaron 28 denuncias por malversación de más de $700,000 de fondos públicos (artículo 216 k del Código Penal de 1974), mediante un esquema donde el imputado autorizó el pago de facturas sometidas por el contratista Ángel Cocero Cordero por servicios en las comunidades especiales donde fue contratado, pero que no prestó.

En cuanto a Cocero Cordero, éste enfrenta 30 cargos de fraude en la entrega de cosas y apropiación ilegal agravada, ambos delitos tipificados en el Código Penal de 1974.

Al contratista se le imputa entregar planos fraudulentos que no se ajustaban a la realidad existente en las comunidades, cobrar por servicios de supervisión que nunca prestó o que no supervisó conforme a lo pactado y cobrar por participar en subastas de construcción de nuevas unidades de vivienda que nunca se llevaron a cabo.

Cocero Cordero fue llevado ante la juez la semana pasada y se encuentra libre bajo fianza.

Los esquemas que se fraguaron desde 2003 y se prolongaron hasta 2005, incluyen a Del Monte Garrido, encomendando la planificación e implantación del programa de Comunidades Especiales, contratando a Cocero Cordero para que hiciera los planos de mejoras de viviendas, planos de nuevas viviendas y supervisara los proyectos de 14 comunidades especiales.

Las comunidades eran Las Acerolas, en Toa Alta; Cangrejo y Buena Vista, en Humacao; San Francisco, García, Nieves y Matías, en Aguada; Jacaboa en Patillas; El Burén, en Sabana Grande; Melitón y Amparo, en Barranquitas; los sectores Playita, Playa y Magas, en Guayanilla; y Media Cuerda, en Isabela.

A través del Programa de Comunidades Especiales, Cocero Cordero se apropió ilegalmente de fondos públicos y Del Monte Garrido malversó más de$ 700,000, señaló el secretario.

No obstante, la investigación realizada por las autoridades arrojó que en las comunidades investigadas se despilfarraron más de seis millones de dólares, al invertirse cantidades millonarias sin que se levantara ni una residencia y pagándole a Cocero por la preparación de planos que nunca fueron utilizados por el DV.

“Cocero Cordero, no cumplió con su obligación contractual de visitar las comunidades antes de preparar los planos. Éste y Del Monte Garrido, en concierto y común acuerdo, diseñaron un esquema de preparación de planos para mejoras de residencias que no se pudieron utilizar por los contratistas que se llevaron las subastas porque los mismos no se ajustaban a la realidad”, explicó Somoza Colombani.

La investigación también reveló que Del Monte no solo participó en el esquema ilegal de diseños y pagos por servicios no prestados, sino que utilizó los deberes y facultades de su cargo en el DV para vender boletos de actividades políticas del Partido Popular Democrático (PPD) en la propia agencia durante horas laborables y utilizando los recursos de la agencia.

Del Monte Garrido vendía las taquillas a Cocero Cordero personalmente y por conducto de su ayudante y coordinador del PPD en el DV, Edwin Rodríguez Díaz.

Contra Rodríguez Díaz, la jueza Rabell encontró causa por un cargo por violar la Ley de Ética Gubernamental, fijándole una fianza de $200.

Estos crímenes fueron detectados por los fiscales del DJ, como parte de la pesquisa que realizan las divisiones de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del DJ en torno a las operaciones del Programa de Comunidades Especiales.

Acusan excontratista y funcionarios de vivienda por fraude ascendente a 6.7 millones

Un ex contratista y dos funcionarios del Departamento de la Vivienda vinculados con el Programa de Comunidades Especiales enfrentan cargos por fraude al Gobierno estatal.

Se trata del arquitecto Ángel F. Cocero Cordero, el ex secretario auxiliar de Planificación del Departamento de la Vivienda, Federico del Monte Garrido y su ayudante Edwin Rodríguez Díaz.

El fraude pudo haber ascendido a $ 6.7 millones provenientes del Programa de Comunidades Especiales, según documentos de Justicia sobre los cuales EL VOCERO tuvo conocimiento.

A través de la investigación, la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Oficina de Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia se detectó la malversación y apropiación ilegal de al menos $700 mil de fondos públicos.

EL VOCERO supo que el fraude comenzó al menos desde 2003- durante la administración de la exgobernadora Sila María Calderón, hasta principios del cuatrienio del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá.

El arquitecto Cocero Cordero fue contratado bajo la administración de la ex secretaria Ileana Echegoyen y entregó planos de diseño fraudulentos que no se ajustaban a la realidad de las comunidades especiales, según la investigación de Justicia.

A Cocero Cordero se le imputa cobrar por servicios que no rindió y apropiarse de más de $600 mil.
Fuentes de este rotativo aseguraron que el arquitecto Cocero Cordero y Del Monte Garrido diseñaron “un esquema de elaboración de planos de mejoras mediante el que no cumplía con su responsabilidad contractual de visitar las casas de la comunidad para determinar cuáles eran las mejoras que verdaderamente necesitaban las viviendas, si no que preparó los planos desde su escritorio para todas las comunidades que le asignaron”.

Esto provocó que los contratistas no pudieran utilizar los planos y los obligó a
determinar cuáles eran las mejoras necesarias evaluando casa por casa, lo que atrasó o provocó que no se realizaran las mejoras a las viviendas de escasos recursos económicos.

Contra el arquitecto pesan 30 cargos criminales; 11 cargos por fraude en la entrega de planos y 19 por apropiación ilegal agravada.

De otro lado, Del Monte Garrido, ex secretario auxiliar de Planificación de la agencia, se le imputa malversación de fondos públicos por certificar y autorizar el pago de las facturas que sometió el arquitecto Cocero Cordero por servicios que no rindió.

Además, se le imputan violaciones al Artículo 3.2 (c) de la Ley de Ética Gubernamental “por utilizar los deberes y facultades de su cargo, la propiedad o fondos públicos para obtener, directa o indirectamente para el arquitecto Cocero Cordero ventajas, beneficios o privilegios que no estaban permitidos por ley.

Al mismo tiempo, se alega que participó en la compra y venta de boletos al arquitecto Cocero Cordero para actividades del Partido Popular Democrático (PPD) en horas laborales, en el área de trabajo y utilizando un vehículo propiedad de la agencia.

Del Monte Garrido era el encargado de contratar los arquitectos, aprobar los diseños, certificar las facturas como correctas y autorizar su pago.

Contra el actual Director Administrativo en la Secretaria Auxiliar de Planificación del Departamento de la Vivienda pesan 47 cargos criminales.

Mientras, Rodríguez Díaz enfrenta un cargo por supuestamente violar el Artículo 3.2 (c) de la Ley de Ética Gubernamental por participar en la solicitud de compra y venta de boletos para actividades del PPD.

Se desconoce si Rodríguez Díaz aún trabaja en el Departamento de la Vivienda.

Este rotativo supo que la investigación también reveló un despilfarro de más de $6 millones debido a que en algunas comunidades se invirtieron cantidades millonarias y no se completaron los proyectos.

Según la pesquisa, se investigaron 14 comunidades y en 11 se identificaron delitos o despilfarro de fondos públicos.

Delitos prescritos por falta de acción

Muchos de los delitos que pudo haber cometido el arquitecto Cocero Cordero durante la administración de Aníbal Acevedo Vilá no pudieron ser presentados porque los delitos están prescritos.

“Los delitos se cometieron después del 1 de mayo de 2005, cuando entró en vigor el Código Penal de 2004 y con las enmiendas que se le hicieron a la prescripción de delitos graves en relación a los contratistas, estos delitos prescriben a los 5 años”, sostuvo una fuente de EL VOCERO.

La fuente de este rotativo aseguró que el entonces secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos fue notificado de las irregularidades y en vez de referir la información a la División de Integridad Pública, asignó la investigación a su ayudante especial, Kendys Pimentel.

En 2006, la licenciada Pimentel redactó un memorando en el que reconoció las irregularidades en el Programa de Comunidades Especiales. Sin embargo, se alega que el 2 de octubre de 2008, Pimentel ordenó al entonces director de la División de Integridad Pública, Miguel Colón, que “archivara el asunto en su oficina”.

Esperan más acusaciones

La presidenta de la Cámara, Jenniffer González, se expresó satisfecha con la radicación de cargos y añadió que espera que “entre lo que queda del mes de abril y mayo se produzca otra nueva ronda de acusaciones relacionadas a las Comunidades Especiales”.

Aunque Justicia no especificó si se esperan más acusaciones, la presidenta de la Cámara Baja dijo que dentro de dos semanas, la presidenta de la Comisión de Asuntos de Familias y Comunidades de la Cámara, Elizabeth Casado realizará una audiencia pública para investigar más irregularidades.

La investigación que concluye con la radicación de cargos contra un contratista y dos funcionarios gubernamentales surge de información referida por González cuando presidía la Comisión de Gobierno en el pasado cuatrienio y los referidos de la representante Casado y el senador Larry Seilhamer.

Mientras, el Coordinador General de la Oficina para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión, José Giovanni Ojeda, dijo que “se está haciendo justicia a los cientos de residentes de las comunidades pobres que se vieron desprovistos de recibir los fondos que les correspondían para la realización de las obras y programas comunitarios.”

COMUNIDADES INVESTIGADAS:

Las Acerolas en Toa Alta
Buena Vista en Humacao
San Francisco en Aguada
San José en Aguada
Sector García en Aguada
Nieves en Aguada
Matías en Aguada
Jacaboa en Patillas
El Burén en Sabana Grande
Melitón Pereles en Barranquitas
Playa, Playita y Magas en Guayanilla
Media Cuerda en Isabela
Cangrejos en Humacao
Amparo en Barranquitas

Tumbe millonario en Comunidades Especiales:

ACUSAN EXCONTRATISTA Y FUNCIONARIOS DE VIVIENDA POR FRAUDE ASCENDENTE A $6.7 MILLONES

Tumbe millonario en Comunidades Especiales

www.vocero.com

Acusan excontratista y funcionarios de vivienda por fraude ascendente a 6.7 millones

Citan a ex de Justicia

Para investigar si a instancias suyas se dieron instrucciones para archivar casos de alegadas irregularidades en el Programa de Comunidades Especiales

Por Yanira Hernández Cabiya / yhernandez@elnuevodia.com    20 de abril de 2012

El exsecretario  de Justicia, Roberto Sánchez Ramos será citado por la comisión cameral de asuntos de familia y comunidades para investigar si a instancias suyas se dieron instrucciones para archivar casos de alegadas irregularidades en el Programa de Comunidades Especiales.

La presidenta de la Cámara, Jenniffer González dijo ayer que las denuncias radicadas ayer por  Justicia contra varios contratistas del programa de Comunidades Especiales surgen de los referidos hechos por ese cuerpo entre el pasado cuatrienio y este pero que varios de los posibles delitos prescribieron porque Sánchez Ramos no actuó.

“Este fraude de Comunidades Especiales donde se utilizaron a los pobres como escudo para beneficiar a los amiguitos ricos de Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá, terminó en negligencia por parte de un Departamento de Justicia que frenó la investigación referida, con la finalidad de que prescribieran los cargos”, afirmó González.  Sostuvo que como parte de la investigación que mantiene la comisión de asuntos de familia y comunidades  tienen testimonios de fiscales que alegan haber investigado las denuncias pero que tras reportar los hallazgos recibieron órdenes de archivar los casos.

Al cuestionarle quién dio la orden, González señaló que eso será parte de lo que buscan contestar con la comparecencia de Sánchez Ramos.

Según la presidenta de la Cámara, el exsecretario en lugar de referir los casos a la División de integridad pública para investigación los pasó a una de sus ayudantes especiales para que los trabajara.

Pedirán cuentas a Sánchez Ramos

20 de abril de 2012 – Política, Puerto Rico – Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO

Lo acusan de hacerse de la vista larga ante delitos en Comunidades Especiales

Según la Presidenta Cameral, el exsecretario de Justicia Sánchez Ramos intervino para que no se investigaran irregularidades en el programa. ELVOCERO Archivo

La Cámara advirtió que citará al exsecretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos a una vista sobre el programa de Comunidades Especiales. Según la presidenta cameral, Jenniffer González, el exsecretario intervino para que no se investigaran irregularidades en el programa y esto provocó que prescribieran muchos delitos.

Ni ella ni la presidenta de la Comisión cameral de Asuntos de Familia y Comunidades, Elizabeth Casado precisaron cuándo sería citado Sánchez Ramos.

“Se investigaron (las denuncias) y no se radicaron cargos porque hubo instrucciones de que se archivaran los cargos. Hay fiscales que han dicho que se investigó, pero que recibieron instrucciones de no radicar”, dijo González, quien no precisó de quién fueron estas instrucciones.

Según Casado, estas declaraciones de fiscales se recibieron en vistas ejecutivas de la Comisión.

González se mostró complacida con la radicación de cargos contra el arquitecto Ángel F. Cocero Cordero y el exsecretario auxiliar de Planificación del Departamento de la Vivienda, Federico del Monte Garrido y su ayudante, Edwin Rodríguez Díaz. Dijo sin embargo que muchas de los señalamientos que se le refirieron a Justicia el cuatrienio pasado contra estas personas no fueron atendidos y prescribieron.

Cuestionó además que bajo el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá se enmendará el Código Penal para eliminar la no prescripción de delitos cometidos por contratistas. Dijo que esto será restituido en el Código Penal cuando lo discutan la semana entrante.

González ha criticado públicamente la gestión de Justicia con la investigación cameral. Sin embargo, cuando se le preguntó si el secretario actual, Guillermo Somoza Colombani, es responsable también de que hayan prescrito alguno de los delitos, dijo que “estamos haciendo la evaluación y no puedo decir si pasó o no”.

No fue posible ayer conseguir a Sánchez Ramos. La senadora popular Sila M. González, hija de la exgobernadora Sila Calderón, gestora del Programa de Comunidades Especiales, catalogó la investigación cameral como una “persecución política”.

“Entiendo que están tratando de criminalizar un programa que ayudó a muchísimas personas de escasos recursos que estaban olvidados y ahora lamentablemente los están usando de balón político”, dijo González. “Me parece una persecución injusta a un proyecto buenísimo. Si alguien violó la ley, que pague, pero esa persecución indiscriminada de funcionarios honestos, me parece irresponsable”.

Reacciona AGP

Al ser cuestionado sobre la radicación de cargos y si piensa que, como alegó ante su delegación en el Seando, es una ‘cacería de brujas’, el candidato popular a la Gobernación, Alejandro García Padilla sostuvo que es partícipe de que todo gasto de fondos públicos sean sometidos “al más estricto escrutinio, siempre, y así va a ser en mi Gobierno”.

“El PPD indicó eso cuando se pretendió manchar la imagen de uno de los políticos más serios que ha tenido este país, que es el alcalde de Humacao, Marcelo Trujillo, que se le están radicando cargos por construir una cancha y el Gobierno dice que la debió construir en otro sitio. Ahora le corresponde a la Fiscalía probar los delitos”, agregó sobre las acusaciones al arquitecto Cocero Cordero.

García Padilla subrayó que favorece que los fondos públicos que se gastan sean sometidos al análisis “más estricto”. Anticipó que de ganar las elecciones “no vengo ni a excusar a la administración popular del pasado ni a culpar a la administración del Partido Nuevo Progresista. No como este Gobierno, que se pasa mirando para atrás buscando culpables”.

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Giovanni Boschetti-Geigel  –  El nivel de manipulación periodística del Nuevo Día está llegando a niveles insospechados. Ahora cada vez que al Edor le da una rabieta, van y publican como cierta todas sus «denuncias» que no son otra cosa que mentiras maliciosas y calumnias! Hasta donde piensa llegar el Nuevo Día? Nos mandará a arrestar a todos los PNPs, PIPs, MUSes, PPRs, PPTs y el resto de los oponentes del Partido Popular para asegurar su triunfo en noviembre? Persiguen y hostigan a los donantes de Fortuño, quieren hacer ver que hay trampas donde no las hay, persiguen a los legisladores y les fabrican casos con medias verdades, o sea, no hay nadie que pare a esta gente?