Agencias de orden público coincidieron en que la ley debe ser aprobada

En el segundo día de audiencias sobre el proyecto de enmienda constitucional para que los jueces tengan discreción a la hora de conceder la fianza en los casos de asesinato, las agencias de orden público coincidieron en que debe ser aprobada.

En una ponencia conjunta el secretario de Justicia, Guillermo Somoza; el superintendente de la Policía, Héctor Pesquera; el secretario de Corrección, Jesús González y Cyndia Irizarry, directora de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ), coincidieron en que la propuesta enmienda “persigue asegurar la comparecencia del acusado, proteger a los testigos de intimidación y proteger la seguridad de los tósigos y familiares de la víctima de asesinato.

Según los funcionarios “se trata de darle la oportunidad a la ciudadanía para que se exprese sobre si debe autorizar la detención preventiva de los imputados” de asesinato con premeditación.

La Resolución Concurrente del Senado 60 propone una enmienda a la Sección 11 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico, cuyo fin será otorgarle discreción a los jueces para conceder o denegar el derecho a permanecer en libertad bajo fianza a los acusados de asesinatos cometidos con premeditación, deliberación o acecho, y los cometidos en medio de un robo en el hogar.

Además, aplicaría también a acusados por causar la muerte durante una agresión sexual o secuestro; al disparar un arma de fuego desde un vehículo de motor o en un lugar abierto al público, poniendo en riesgo la vida de más de una persona; o cuando la víctima del asesinato sea un agente del orden público que se encuentre en el cumplimiento de su deber.

A juicio del Titular del Departamento de Correccional ciudadanía debe considerar “que en solo un año (2011) 361 personas fueron al albergue de testigos porque tenían temor por su vida”.

“Muchas de estas personas cuando se les da fianza lo primero que hacen es amenazar a los testigos”, subrayó.

González agregó que la mayoría de los acusados de asesinato han cometido delito con anterioridad y gran parte de la población penal es reincidente.

Para 2010, 1,497 confinados cumplían sentencias por el delito de asesinato de los cuales 750 eran reincidentes, según Corrección.

En tanto, la OSAJ informó que en los pasados tres años al menos 800 imputados de delitos quedaron en libertad bajo fianza y violentaron las condiciones para su libertad.

En la audiencia pública, la Directora de la OSAJ explicó que entre el 2008 y 2009 de 252 casos que se atendieron 83 fueron por la comisión de nuevos delitos.

Mientras, en el 2009-2010 el número de casos atendidos aumentó, pero se revocaron solo 74.

Sin embargo, a preguntas de EL VOCERO, Irizarry no pudo precisar qué tipo de delitos cometieron los imputados en libertad bajo fianza.

Según la funcionaria, ninguna agencia del Estado recopila ese tipo de estadística.

Durante la audiencia de la Comisión de Gobierno el Senado, la minoría popular, liderada por Alejandro García Padilla cuestionó en qué tipo de estadísticas se basan las agencias del orden público para concluir que limitar el derecho a la fianza servirá como disuasivo para reducir el crimen.

A preguntas de EL VOCERO, el Secretario de Corrección dijo que la reducción en el número de asesinatos tras el acuerdo con los federales desde octubre del año pasado es la mejor prueba de que limitar la fianza es una herramienta beneficiosa para atacar el crimen.

De acuerdo a los datos provistos, durante los pasados cinco meses- noviembre de 2011 a abril de 2012- en la región de San Juan se han registrado 26 asesinatos menos comparado con los mismos meses del año pasado.

Mientras, en la región de Bayamón se han reportado 26 asesinatos menos; en la región de Carolina se reportaron cuatro menos; en la región de Caguas ocho menos y en Ponce 13 menos.

Bajo el acuerdo “ya se han acusado a 263 individuos de los cuales 247 no gozan del beneficio de la fianza”.

El acuerdo para que los federales tengan jurisdicción primaria en ciertos delitos está vigente en estas cinco regiones policíacas.