El que a hierro mata…

El que a hierro mata…

Por: Arturo J. Guzmán

La ola criminal que nos está devastando y la barbarie de los asesinatos que se cometen a diario están provocando una reevaluación en la mente y conciencia del pueblo puertorriqueño sobre la implantación de la pena capital en casos extremos.

Este debate contiene elementos legales, morales, religiosos, éticos, políticos, etc. pero también provoca demagogia e hipocresía en nuestra sociedad. Esta conducta inconsistente se evidencia cuando un puertorriqueño es víctima de un asesinato en un estado donde la pena capital está implantada y sus familiares “piden la cabeza” del culpable. Pero cuando el caso es a la inversa demandan que no se le aplique la pena capital “por ser Puertorriqueño”.

Se demanda lo contrario como si el ser puertorriqueño nos eximiera del castigo que se le impone sin distinción de procedencia a todos los que cometen actos criminales equivalentes. Se cita que en Puerto Rico no existe la pena de muerte, pero no se admite que los criminales la aplican diariamente a mansalva.

Yo creo en la pena de muerte porque no concibo rehabilitación o arrepentimiento convincente o veraz que supere ciertas atrocidades cometidas. También creo en la pena capital como cuestión pragmática ya que se estima que el costo anual de mantener un criminal en reclusión es de $40-44 mil Dólares. Cuando existe una población penal con promedio joven los sentenciados a cadena perpetua podrían tener una expectativa de vida de sobre treinta años, lo que representaría basados en los costos actuales un gasto de un millón doscientos mil Dólares por cada reo.

Nuestro sistema victimiza a la sociedad doblemente, primero por el crimen y segundo por tener que mantenerlos de por vida. Algunos aseguran que la pena capital no es un factor persuasivo que evita la criminalidad pero ocultan el hecho que los que son ajusticiados no pueden reincidir dentro o fuera de las cárceles.

Un argumento demagógico empleado frecuentemente en Puerto Rico es que la pena de muerte solo se les aplicaría a “los pobres” ya que “los ricos” tienen suficientes recursos para lograr una defensa exitosa que excluiría la pena capital. Ese argumento es filfa socialista ya que la realidad demuestra de donde provienen realmente  “los ricos” que cuentan con asistencia legal económicamente ilimitada.

Presenciamos cotidianamente que la inmensa mayoría de los que cometen crímenes extremos son “los ricos”  que adquieren fortuna como producto de sus actividades ilícitas particularmente el narco-tráfico.

Eso nos conduce a otro argumento falso que es el que la pobreza y la desigualdad económica son las que conducen a la criminalidad, lo cual es desmentido diariamente por los miles de puertorriqueños de origen humilde pero honrado y digno que se desempeñan exitosamente en actividades lícitas y que alcanzan y han alcanzado la cima en su desempeño para orgullo de nuestra sociedad.

Pero para asegurar total imparcialidad e igualdad de la justicia, hace años vengo proponiendo que se apruebe la pena capital y que como parte de la ley el estado le sufrague a los que prueben no tener recursos los medios para que tengan acceso a la misma calidad de representación legal que “los ricos” y que como en toda democracia que se le permita opinar al pueblo en un referéndum para que sea el pueblo quién decida “si a hierro mueren”.

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