Tras 33 años de litigio, Gobierno asegura que ha cumplido con todos los reclamos del pleito

Aunque todavía el Tribunal federal no ha emitido una sentencia, el Gobierno aseguró el cierre de todas las áreas del caso Morales Feliciano por violación a los derechos civiles de los confinados.
 El representante legal del Gobierno en este caso, licenciado Carlos Iguina, informó que “ya no existe controversia” porque se logró el cumplimiento de la 19 áreas reclamadas.

“El acuerdo está firmado y radicado ante el Tribunal federal y nuestra posición es que el Gobierno no tiene que pagar por daños”, aseguró el abogado sobre las expectativas de la sentencia que dictará el foro federal.
 Jesús González, secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), sostuvo en una rueda de prensa en el teatro de La Fortaleza, que el documento con las estipulaciones fue radicado el jueves pasado ante el juez Charles Cordero, designado por el juez Paul Barbadoro para recibir el acuerdo.
 Agregó que luego de 33 años de litigio y sobre $250 millones en multas, el Gobierno se aseguró de documentar unas guías “para que en el futuro situaciones como estas no vuelvan a ocurrir”.
 En 1979, cinco años después de haber sido creado el DCR, un grupo de confinados radicó ante el Tribunal federal una demanda de clase contra el Gobierno de Puerto Rico alegando violaciones a sus derechos civiles, causadas por las condiciones infrahumanas existentes en las facilidades correccionales del País.
 Un año después, el Tribunal federal determinó que las condiciones de confinamiento existentes eran inaceptables y estaban en franca violación con los derechos constitucionales de los confinados. 
 Sin embargo, no fue hasta el pasado jueves que el Gobierno logra cumplir con las 19 áreas reclamadas en el pleito: servicios de lavandería, visitas, acceso a las cortes, recreación, hacinamiento, libertad bajo palabra, personal correccional, salud ambiental, servicio de alimentos, clasificación, servicios médicos y de salud mental, educación y programas de rehabilitación, disciplina de los confinados, remedios administrativos, uso adecuado de fuerza, celdas de admisiones, monitoría interna de cumplimiento, adiestramientos y seguridad.

Acompañado del secretario de Justicia, Guillermo Somoza Colombani, el Titular de Corrección sostuvo que el sistema tiene espacio para 2 mil confinados más; 5 por ciento más espacio de lo requerido por el Tribunal para evitar hacinamiento en las cárceles.
 En la actualidad, la población confinada alcanza las 11,700 personas. De estos 9,700 están sumariados y el resto con sentencia.

Alerta Progresista

Lo unico que heredo Albi de don Luis A. Ferre fue su apellido.