La Cámara de Representantes le solicitó al Departamento de Justicia que investigue a su ex secretario Roberto Sánchez Ramos, por presunta omisión y negligencia en el cumplimiento del deber relacionadas con las irregularidades en el Programa de Comunidades Especiales.

El referido cameral fue hecho a la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, al igual que el de la ex coordinadora de Comunidades Especiales, Julia Torres, y otros ex funcionarios del PCE.

Los legisladores avalaron el referido durante la sesión extraordinaria de hoy, en la que se aprobaron dos informes preliminares relacionados con la pesquisa que realizan las comisiones de Asuntos de Familias y Comunidades, y de Gobierno.

“Roberto Sánchez, como secretario de Justicia, fue negligente al no realizar una investigación seria y profunda sobre los actos de corrupción que ocurrieron en el Programa de Comunidades Especiales y que (fueron) referidos a su oficina tanto por la Cámara de Representantes, como por la propia coordinadora general en aquel entonces, Julia Torres”, reza el tercer informe parcial, aprobado urante el cierre de la sesión extraordinaria.

Al igual que el ex Secretario de Justicia, Torres fue referida a Integridad Pública por posibles violaciones a los artículos del Código Penal sobre omisión en el cumplimiento del deber y negligencia, pero contra la excoordinadora general se recomienda investigar, además, por malversación de fondos públicos.

Por esos tres delitos, fueron referidos también para investigación la ex directora de la Oficina de Desarrollo Comunitario del Departamento de Transportación y Obras Públicas María Burgos Hernández, y el ex gerente general del Programa de Comunidades Especiales Magdiel Pérez González, según el cuarto informe parcial.

El tercer informe, en tanto, refiere a Justicia a los ex directores regionales de Vivienda de la región de Humacao, César Martínez y el ahora senador Jorge Suárez Cáceres, así como el pasado director regional de esa agencia en la región de Caguas, Wito de Jesús. El referido incluye también a un empleado que solo fue identificado como Omar Figueroa.

Esa pesquisa, según el documento, debería estar enmarcada dentro del contexto de posibles violaciones al Código Penal por los artículos de aprovechamiento por funcionarios de trabajos o servicios públicos, soborno, encubrimiento, omisión y negligencia en el cumplimiento del deber.

Siguen cayendo por traqueteos en Comunidades Especiales

“La toqué y dije que en el nombre de Jesús, esa casa iba a ser mía”, relató Aracelis Vélez al testificar sobre el presunto fraude del que fue víctima junto a 54 familias que pagaron $600 a la líder comunitaria Migdalia Cepeda Lacén y a María M. Mercado para separar casas del sector Tocones.

Una tercera acusada, Liznel Rosado Osorio, hizo alegación de culpabilidad a cambio de una reclasificación de los cargos, por lo que pagó multa, informó el fiscal del caso, Rodolfo Ocasio Bravo.

Vélez, al igual que otros cuatro testigos que declararon en la vista preliminar celebrada en la sala del juez Jorge Toledo Reina, del Tribunal de Carolina, dijo que Cepeda Lacén, a quien conocen como ‘Dalia’, le exigía $600 para que Mercado –quien alegadamente tenía influencias en el Departamento de la Vivienda– les ayudara para separar una de las viviendas que se construían bajo el Programa de Comunidades Especiales.

Los $600 eran tomados como ‘pronto’ pago y les ofrecían una mensualidad de $105, por lo que personas de bajos recursos y hasta con trabajo a tiempo parcial o a punto de perder su vivienda, como Noemí Osorio Cepeda, hicieran malabares para conseguir los $600.

Los tres hijos de Osorio, Noel, Anthony y Kimberly Torres Osorio, también pagaron $600 y fueron a ver las residencias en construcción para ‘escoger’ las suyas.

Al pasar el tiempo y ver que las residencias no se terminaban y que las mujeres no se comunicaban, los compradores hicieron presión y algunos consiguieron que se les devolviera parte del dinero, por lo que ambas enfrentan cargos por apropiación ilegal grave y menos grave
–en casos de menos de $500–, y tentativa, así como por fraude.

Uno de ellos, el maestro Edgardo Sanjurjo, fue quien dio la voz de alerta al querellarse ante Vivienda y se inició la investigación que destapó el esquema.

Son 55 los testigos y 28 han prestado declaración, explicó el fiscal.

Se declara culpable

En la mañana, una exfuncionaria del Departamento de la Vivienda, Elizabeth Cruz Gutiérrez, se declaró culpable por violación a los Artículos 3.2c y 252 de la Ley de Ética Gubernamental, por lo que la jueza Bethzaida Seijo Cruz le impuso una multa de $2,200 más $600 de pena especial.

A Cruz Gutiérrez se le imputó intentar favorecer a un sobrino al incluir la solicitud de una parcela en el Programa de Comunidades Especiales, quien además recibiría fondos para la compra de materiales de construcción.

La exfuncionaria está retirada. Llorosa, aceptó culpa frente a la jueza Seijo Cruz.