Tal parece que en Puerto Rico existen personas y organizaciones cuyos componentes sufren, sienten y se indignan ante decisiones tomadas por los organismos legalmente establecidos y constitucionalmente respaldados, dependiendo del color de la persona que tome dicha decisión.

Lcdo. Luis Felipe Navas de León

Ni el Gobernador tiene que explicar las razones por las cuales nomina o rechaza a algún abogado que aspire a convertirse en juez o fiscal, ni el Senado de Puerto Rico tiene que explicar el porqué confirma o rechaza tal nominación. Son facultades que le confiere la Constitución de Puerto Rico.

Quizás Juan del Pueblo pueda sentirse preocupado influenciado por las reseñas selectivas que hacen algunos medios de comunicación en torno a estos procesos mediante los cuales un abogado llega a ocupar una de estas codiciadas y honrosas posiciones. Y es normal y aceptable que una nominación y confirmación por parte del Gobernador y el Senado pueda ser tomada con aceptación o recelo por parte de algún ciudadano o institución.  Pero la vara tiene que ser la misma y escupe para arriba aquel que critica selectivamente de espaldas a la historia.

A los que hemos estado inmersos en estos procesos por muchos años nos tiene que ofender la maldad disfrazada de ingenuidad con la cual estas personas y organizaciones llevan a la Prensa su honda preocupación por el hecho de que SEIS (6) de los nueve miembros del Tribunal Supremo de Puerto Rico alegadamente compartan la ideología política del Partido de Gobierno. Tal fue la indignación que hasta el artista Martorell se llevó los cuadros que exhibía en las facilidades del Tribunal Supremo. Pero nadie se indignó, ni criticó, ni se quejó cuando ese cuerpo estaba compuesto por NUEVE (9) populares. Hoy, cuando los resultados de esas designaciones evidencian que se ha mejorado notablemente en eficiencia y productividad, que se produjo un incremento en la cantidad de recursos atendidos y se acortó a cerca de la mitad el tiempo de resolución de controversias, hay que concluir que el beneficiado ha sido el Pueblo de Puerto Rico, y que era la necesidad de agilidad procesal y no la conveniencia política lo que imponía el que se aumentara el número de jueces. Si el Gobernador hubiese nombrado dos populares, todavía estarían los cuadros de Martorell adornando ese recinto.

Justicia

Más reciente aún se ha levantado nuevamente la bandera de la indignación ante el hecho de que el Senado de Puerto Rico ha rechazado algunas nominaciones hechas por el Señor Gobernador. Sin entrar en los méritos que puedan haber tenido estas personas y sin entrar en los méritos de la acción tomada por el Senado de Puerto Rico la pregunta que se cae de la mata es ¿dónde estaban estas voces en el pasado inmediato cuando los gobiernos de Sila Calderón y Aníbal Acevedo descabezaron a jueces de la talla de Carmen Vargas con cerca de VEINTICUATRO (24) años de honrosos servicios a la Judicatura, al juez Wilfredo Robles con VEINTISIETE (27) años de servicios, siendo el juez de mayor antigüedad en la Región de Ponce y al juez Eduardo Grau, a quien no consideraron ni siquiera el hecho de que le faltaban NUEVE (9) días de servicio para ser acreedor de una pensión. Pero no fueron solo esos TRES (3). Fueron decenas de jueces que no fueron renominados durante esos DOS (2) cuatrienios.

Donde estaba la Asociación de Miembros de la Judicatura que hoy levanta su voz y acude con su reclamo ante la Federación Latinoamericana de Magistrados, institución compuesta por muchos países, algunos de ellos representativos de gobiernos dictatoriales donde la separación de poderes es letra muerta. Pero un poco más atrás, donde estaban todos estos que hoy se indignan cuando en el año 1985, de un solo plumazo el entonces gobernador Rafael Hernández Colón descabezó TREINTA Y TRES (33) jueces por el solo hecho de haber sido nombrados por Carlos Romero Barceló.

Muchos de los que hoy se indignan posiblemente hace VEINTISIETE (27) años estaban aún jugando jax o bolita y hoyo; pero es bueno que conozcan la historia y gracias a Dios nuestra memoria trasciende los límites establecidos por don Rafael Hernández Colón, cuando un día sentenció que en Puerto Rico la gente se recordaba de las cosas por NUEVE (9) días.

Para aquellos que puedan pensar que esto no fue cierto, ahí van los nombres de los TREINTA Y TRES (33) descabezados en lo que se llamó “la masacre del 85”: Enrique Rodríguez Negrón, Ismael Colón Birriel, Eduardo Álvarez Castillo, Efraín Rivera Pérez, Ramón Febus, Irma Marchand, Ardellie Ferrer, Marianne Gandía, Rafael Riefkoll, Vicente Balbas, Nelsa Rodríguez, Olga Birriel, Víctor Rivera Santos, Félix Nevárez, Aida Luz Cruz, Elba del Valle, Nilda González, Misael Ramos, Joyce Pagán, Samuel Pagán, Héctor Molina, Alida Gil, Lillia Ortiz, Edgardo Vega, José Pérez, Ángela de Jesús, Agnes Maysonet, Maritza Morales, Ada Rosa Juarbe, Carmen Saliceti, Rosaline Santana, Carlos Díaz y Bertha Puertas.

No cuestionamos la acción tomada por estos TRES (3) gobernantes. Lo que hicieron, bueno o malo, fue en el ejercicio de las prerrogativas que le confiere la ley. Lo que criticamos es a estos que se indignan selectivamente dependiendo del color del que tome la acción. La pedrada les duele dependiendo de quien la tire. Lo que criticamos es a esos que utilizan o se tragan la lengua dependiendo del color que more en La Fortaleza.

A raíz del PNP haber perdido las elecciones en el año 2000, tanto la entonces senadora Luisa Lebrón como el suscribiente fuimos nominados y confirmados como jueces superiores. Esa acción fue tildada por los que se indignan selectivamente como una afrenta y un asalto a la Judicatura. Apenas SEIS (6) años después y estando Aníbal Acevedo Vilá morando en La Fortaleza fueron designados al Tribunal Apelativo el representante popular Carlos Vizcarrondo y el senador popular Sixto Hernández. Ahora no había indignación y sus nominaciones se catalogaron como grandes aciertos.

Nada, que no se indignan ná, que no se preocupan ná y que no les importa. Es que son fotutos populares que resienten ver llegar a una posición de prestigio a una persona que no responda al Partido Popular, porque ellos son los dueños de Puerto Rico, y esas posiciones les pertenecen. Abochórnense.