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Fotos del muro

PAREJA DE SILA MARI GONZALEZ GUISA CON MILLONES EN COMUNIDADES ESPECIALES TRAS A…Ver más

De: NotiUno

No objetan señalamientos contra excoordinadoras de Comunidades Especiales

Durante el día de ayer, la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, aceptó sin objeciones un informe de la Comisión de Asuntos de Familias y Comunidades, en el que se refiere al Departamento de Justicia (DJ) y a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente a las excoordinadoras del Programa de Comunidades Especiales, Julia Torres y la doctora Linda Colón.

El Segundo Informe Parcial de la pesquisa legislativa, concluye que ambas funcionarias fueron negligentes, no velaron por los mejores intereses de las Comunidades Especiales del Municipio de Camuy, ni por el mejor uso de los fondos del Fideicomiso Perpetuo de las Comunidades Especiales.

Para la representante Elizabeth Casado, “el hecho de que los legisladores del PPD no hayan objetado el informe, demuestra que están de acuerdo con nosotros en que el Programa de Comunidades Especiales fue un esquema para defraudar al País. Ya no se atreven a defender el Programa porque reconocen que bajo sus administraciones, defalcaron $1,000 millones”, señaló.

Según Casado Irizarry, el promedio de asistencia de la minoría a las Vistas sobre la investigación, está por debajo del 15 por ciento.

“Al comienzo de la Investigación, fueron muchas las voces que catalogaban el asunto como una cacería de brujas, de persecución política y mil cosas más. Hoy, esas voces no se atreven a hablar, luego de que el DJ ha acusado a 11 personas por irregularidades con el Programa. Su asistencia a las Vistas siempre fue mínima, pero luego de las acusaciones, desaparecieron. Las pocas veces que asisten, cuando mostramos evidencia de irregularidades abandonan la Vista”, sentenció la Legisladora.

En los próximos días, la Comisión cameral espera citar nuevamente a quien fuera gerente general del Programa en el Departamento de la Vivienda, Magdiel Pérez, así como a la exdirectora del Fideicomiso, Madelyne Cajigas. Ambos exfuncionarios ya testificaron ante el organismo legislativo, pero según Casado Irizarry, surgió “nueva evidencia” que podría resultar en nuevos referidos éstos.

Al imputado se le fijó una fianza global de 7 mil dólares y que la vista preliminar quedó pautada para el 11 de julio.

SAN JUAN – La juez Yazdel Ramos del Centro Judicial de San Juan, encontró causa para arresto

el miércoles contra José L. Contreras Santana, empleado de la Oficina

del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión (OCGFSA) por apropiación ilegal agravada e infracciones a Ley de Ética Gubernamental en relación al fraude al Programa de Comunidades Especiales.

Así lo informó en un comunicado de prensa el encargado de la investigación, el fiscal Rodolfo G. Ocasio Bravo, quien además dijo que al imputado se le fijó una fianza global de 7 mil dólares y que la vista preliminar quedó pautada para el 11 de julio.

Bravo explicó que Contreras Santana cambió cheques destinados a un contratista de la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión, que éste recomendó y se quedó con parte del dinero como pago por su labor.

Surge de la investigación realizada por el Departamento de Justicia (DJ), en colaboración con la Oficina del Contralor de Puerto Rico que Contreras Santana recomendó a las compañías WIRAVI, Corp. Corporation y RB Quality Development Corporation para que brindaran servicios de mantenimiento de los aires acondicionados en el Centro de Apoyo a la Autogestión y Desarrollo Económico Comunitario (CAADEC) de Arroyo.

Durante el periodo de abril de 2004 a agosto de 2005, ambas compañías formalizaron contratos por cerca de 160 mil dólares con la OCGFSA y el CAADEC para brindar mantenimiento a los aires acondicionados. A su vez, el imputado llegó a un acuerdo con el presidente de ambas compañías, donde éste le pagaba entre 1,000 y 1,500 dólares mensuales por laborar con él brindando los servicios de mantenimiento.

La pesquisa que realizaron las autoridades arrojó que entre julio a diciembre de 2004 el imputado recibió seis cheques pagaderos a WIRAVI, Corp. por 21,980 dólares y los cambió en diferentes centros de cambio de San Lorenzo, reteniendo cerca de 10,500 dólares como pago por sus servicios.

Las actuaciones del imputado constituyeron infracciones al artículo 166 (Apropiación Ilegal Agravada) del Código Penal de 1974 y al artículo 3.2 de la Ley de Ética Gubernamental, ya que se benefició económicamente, tras recomendar el contratista a la coordinadora de la Oficina en la que laboraba.

Contreras Santana fungió como chofer de Luz Laboy Santos, ex ayudante de la Coordinadora General de la Oficina de Comunidades Especiales, quien también enfrenta un proceso judicial por haber violentado la Ley de Ética Gubernamental, tras haber obtenido un vehículo de uno de los contratistas de la Oficina que administraba.

El asunto fue referido al DJ por la División de Auditoría Legal de la Oficina de la Contralor de Puerto Rico y la investigación fue dirigida por el fiscal Ocasio Bravo, en colaboración con la agente del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del DJ, Edna Cruz y la auditora de la Oficina del Contralor, Ivette Hernández Adorno.

Según la representante Elizabeth Casado, presidenta de la Comisión cameral que investiga el fraude en Comunidades Especiales, “con la acusación del día de hoy, ya son 11 las personas acusadas por actos relacionados a mal manejo en las Comunidades Especiales, incluyendo a Linda Colón y dos subalternos de ésta. Es lamentable que esto suceda, pero ya todo el País se sospechaba que habían irregularidades en el Programa y con nuestra investigación y las acusaciones del Departamento de Justicia, se ha confirmado”.

Para la legisladora, “el hecho de que cerca de un 30 por ciento de los acusados esté relacionado con la doctora Colón, nos levanta muchas interrogantes. Por eso fue que deseábamos hacerle varias preguntas, pero se amparó a la quinta enmienda y no pudimos obtener su testimonio”, mencionó.

Casado Irizarry, finalizó mencionando que la investigación que realiza la Cámara de Representantes, espera citar en los próximos días al arquitecto en entrenamiento, Magdiel Pérez y Madelyne Cajigas. Ambos ya comparecieron ante el organismo legislativo, pero surgió “nueva evidencia” que es necesaria corroborar para hacer los correspondientes referidos.

Referidas a Justicia ex coordinadoras de Comunidades Especiales

Así lo anunciaron ayer la ex presidenta de ese cuerpo legislativo, Jennifer González y la representante Elizabeth Casado, quienes adelantaron que el ex secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, fue citado a comparecer el próximo martes 5 de junio, ante la comisión de Asuntos de Familias y Comunidades, la cual investiga el programa.

La pesquisa del referido comité legislativo ha producido diez acusaciones criminales en relación a este programa. González indicó que hay otras personas que son investigadas por este programa.

“Me parece que es inminente ver si hay encubrimiento por parte del pasado Secretario de Justicia al Programa de Comunidades Especiales”, afirmó González durante una rueda de prensa.

Mencionó que en febrero del 2008, la propia Torres de Vargas le notificó, a través de una querella  a Sánchez Ramos sobre irregularidades en el Programa de las Comunidades Especiales.

“Estamos convencidos que el pasado Secretario de Justicia debe venir a esta comisión y explicarle al pueblo a través de nuestra investigación, qué pasó entre otras cosas, con otra investigación que también tuvo porque hay una fiscal que notificó que recibió instrucciones de que se guardara el informe”, apuntó Casado.

Explicó que como parte del segundo informe se refirió a Antonio Valentín,  contratista que tenía a su cargo la construcción de un parque de pelota en el Municipio de Camuy y el ex candidato a la alcaldía de ese pueblo, Juan Sorena.

El informe concluye que Colón permitió que Sorena seleccionara la localización de obras en el Municipio de Camuy, en violación a las leyes y reglamentos del Programa. Entretanto, Torres de Vargas, fue referida por alegadamente permitir la construcción de un parque de pelota en un sumidero, a pesar de haber sido advertida de la inviabilidad del terreno donde se construía el proyecto.

Según el informe, Valentín “con la intención de llevarse la subasta para la construcción de un parque de pelota en la Comunidad Barrio Puertos del Municipio de Camuy, sometió una cotización por $550 mil, muy por debajo del precio que sometieron las demás licitadoras, a sabiendas que el costo para llevar a cabo la obra estaba muy por encima de eso y al comenzar la obra solicitó unos $600 mil adicionales para completar la misma”.

De igual forma, se alega que Valentín violó las leyes y reglamentos aplicables al no solicitar los permisos pertinentes para llevar a cabo un movimiento de terreno, que a su vez, ocasionó que el Departamento de Recursos Naturales paralizara la obra.

A su vez, se alega que Valentín cometió perjurio al ofrecer versiones diferentes e incompatibles de cómo fue que se fijó el precio para someter la cotización que resultó en la obtención de la subasta para la construcción de la facilidad deportiva.

González anticipó que otras personas están siendo investigadas en relación al Programa de las Comunidades Especiales. Casado indicó que se desembolsaron unos $2 millones en pagos al contratista, por materiales y diseño.

En el primer informe sobre el Programa de Comunidades Especiales que fue referido al Departamento de Justicia, incluyó al ex secretario auxiliar de Gerencia y Desarrollo de Proyectos Especiales de Vivienda, Magdiel Pérez González, el arquitecto Angel Cocero, tres líderes comunitarias. El alcalde de Humacao, Marcelo Trujillo y a los funcionarios del Departamento de Vivienda, Federico del Monte, Edwin Rodríguez, Elizabeth Cruz Gutiérrez y Luz Laboy. Durante la rueda de prensa trascendió que Cocero coopera con las autoridades en relación a este caso.

Bajo fianza exfuncionaria Comunidades Especiales

Luz Nereida Laboy quedó en libertad en la mañana de ayer al prestar una fianza de $3 mil. EL VOCERO/ Luis A. López

Luz Nereida Laboy Santos, la excoordinadora auxiliar de Administración del Programa de Comunidades Especiales, a quien la pesquisa de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia señala que alegadamente recibió una “mini van”, del dueño de unos edificios que fueron alquilados por esa agencia, quedó en libertad en la mañana de ayer al prestar una fianza de $3 mil, por tres cargos de violación a la Ley de Ética Gubernamental.

La jueza Yazbel Ramos, de la Sala de Investigaciones del Centro Judicial de San Juan, oyó la prueba contra Laboy Santos, que fue presentada por fiscales del Departamento de Justicia.

La hoy imputada respondía directamente a Linda Colón, la excoordinadora general de Comunidades Especiales. Se alega que manejó y firmó contratos con las empresas Multipisos Corporation y Dam Corporation, manejadas por Ángel Álvarez Lau.

Álvarez Lau fue convicto de fraude bancario en el foro federal a finales de la década de los 80, como parte de las acusaciones que se emitieron contra el banquero Alberic Girod, quien controlaba la desaparecida entidad bancaria Girod Trust.

Alegadamente Comunidades Especiales le alquiló un edificio a una de las empresas de Álvarez Lau. Álvarez Lau supuestamente compró una guagua Ford Windstar y se la dio a Laboy Santos, y tiempo después la guagua fue registrada a nombre del esposo de la exfuncionaria.

La exfuncionaria acudió al tribunal representada por el licenciado Antonio Bauzá.

El Coordinador General de la Oficina para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión (OFSA), José Giovanni Ojeda Rodríguez, se mostró complacido con la determinación del Tribunal contra Laboy Santos.

Ojeda Rodríguez indicó que durante este año se han realizado acusaciones a más de una decena de pasados funcionarios y contratistas por la malversación de fondos de las Comunidades y vaticinó muchas más.

“Cada vez que surge un nuevo hallazgo de la malversación de los fondos públicos destinados a ayudar a los menos aventajados, crece nuestra indignación y coraje. Nuestra Oficina continúa levantando evidencia sustancial que ha redundado en las acusaciones de más de una decena de funcionarios que participaron de este esquema y que habrán de responder a las autoridades.

También la presidenta de la Cámara de Representantes, Jenniffer González, se expresó satisfecha con la decisión judicial.

Recordó que han sido referidos al Panel del Fiscal Especial Independiente Marcelo Trujillo, Alcalde de Trujillo Alto; y la excoordinadora general Linda Colón; y han sido encausados los funcionarios del Departamento de Vivienda Federico del Monte, Edwin Rodríguez, así como los contratistas Ángel Cócero Córdero y cuatro líderes comunitarias de Loíza.

Acusada funcionaria que recibió una van por contratitos

23 de mayo de 2012 – Ley y orden, Tribunales, – Miguel Rivera Puig, EL VOCERO

Quedó en libertad en la mañana del miércoles al prestar una fianza de $3 mil, por tres cargos de violar la Ley de Ética Gubernamental

Luz Nereida Laboy Santos, la ex coordinadora auxiliar de administración del Programa de Comunidades Especiales, a quien la pesquisa de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, señala que alegadamente recibió una “mini van”, del dueño de unos edificios que fueron alquilados por esa agencia, quedó en libertad en la mañana del miércoles al prestar una fianza de $3 mil, por tres cargos de violar la Ley de Ética Gubernamental.

La juez Yazbel Ramos, de la Sala de Investigaciones del Centro Judicial de San Juan, oyó la prueba contra Laboy Santos, que fue presentada por fiscales del Departamento de Justicia.

La hoy imputada respondía directamente a Linda Colón, la ex coordinadora general de Comunidades Especiales. Se alega que manejó y firmó contratos con las empresas Multipisos Corporation y Dam Corporation, manejadas por Ángel Álvarez Lau.

Álvarez Lau fue convicto de fraude bancario en el foro federal a finales de la década de los ’80, como parte de las acusaciones que se emitieron contra el banquero Alberic Girod, quien controlaba la desaparecida entidad bancaria Girod Trust.

Alegadamente Comunidades Especiales le alquiló un edificio a una de las empresas de Álvarez Lau. Álvarez Lau supuestamente compró una guagua Ford Windstar, y se la dio a Laboy Santos, y tiempo después la guagua fue registrada a nombre del esposo de la ex funcionaria.

La ex funcionaria acudió al tribunal representada por el Lcdo. Antonio Bauzá.

Recibió vehículo por contratitos

23 de mayo de 2012 – Ley y orden, Tribunales, – Miguel Rivera Puig, EL VOCERO

Al tribunal quedó citada hoy miércoles Luz Nereida Laboy Santos, excoordinadora auxiliar de administración del Programa de Comunidades Especiales, a quien la pesquisa de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia señala que alegadamente recibió una “mini van”, del dueño de unos edificios que fueron alquilados por esa agencia.

Al tribunal quedó citada hoy miércoles Luz Nereida Laboy Santos, excoordinadora auxiliar de administración del Programa de Comunidades Especiales, a quien la pesquisa de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia señala que alegadamente recibió una “mini van”, del dueño de unos edificios que fueron alquilados por esa agencia.

Laboy Santos, quien respondía a Linda Colón, la excoordinadora general de Comunidades Especiales, aparentemente y según señalamientos encontrados por la Oficina del Contralor, manejó y formó contratos con las empresas Multipisos Corporation y Dam Corporation, manejadas por Ángel Álvarez Lau.

Álvarez Lau fue convicto de fraude bancario en el foro federal a finales de la década de 1980, como parte de las acusaciones que se emitieron contra el banquero Alberic Girod, quien controlaba la desaparecida entidad bancaria Girod Trust.

Alegadamente, Comunidades Especiales le alquiló un edificio a una de las empresas de Álvarez Lau. Álvarez Lau supuestamente adquirió una guagua Ford Windstar, y se la dio a Laboy Santos, y tiempo después, la guagua fue registrada a nombre del esposo de la exfuncionaria.
Alvarez Santos se encuentra en la actualidad trabajando en el municipio de Las Piedras, según revelaron las fuentes.
Contra la mujer se radicarán tres cargos de violar la Ley de Ética Gubernamental.

La gestión de exfuncionarios de Comunidades Especiales, agencia creada por la gobernadora Sila Calderón, durante su incumbencia ha estado bajo la mira de las autoridades.

Recientemente, Justicia tomó acción contra un excontratista y dos funcionarios del Departamento de la Vivienda, vinculados con el Programa de Comunidades Especiales. El arquitecto Ángel F. Cocero Cordero, el exsecretario auxiliar de Planificación del Departamento de la Vivienda, Federico del Monte Garrido, y su ayudante Edwin Rodríguez Díaz supuestamente estuvieron involucrados en un fraude de unos $ 6.7 millones provenientes de Comunidades Especiales.

El alegado fraude comenzó al menos desde 2003, durante la administración de la exgobernadora Calderón, hasta principios del cuatrienio del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá.

Pedirán cuentas a Sánchez Ramos

20 de abril de 2012 – Política, Puerto Rico – Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO

Lo acusan de hacerse de la vista larga ante delitos en Comunidades Especiales

Según la Presidenta Cameral, el exsecretario de Justicia Sánchez Ramos intervino para que no se investigaran irregularidades en el programa. ELVOCERO Archivo

La Cámara advirtió que citará al exsecretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos a una vista sobre el programa de Comunidades Especiales. Según la presidenta cameral, Jenniffer González, el exsecretario intervino para que no se investigaran irregularidades en el programa y esto provocó que prescribieran muchos delitos.

Ni ella ni la presidenta de la Comisión cameral de Asuntos de Familia y Comunidades, Elizabeth Casado precisaron cuándo sería citado Sánchez Ramos.

“Se investigaron (las denuncias) y no se radicaron cargos porque hubo instrucciones de que se archivaran los cargos. Hay fiscales que han dicho que se investigó, pero que recibieron instrucciones de no radicar”, dijo González, quien no precisó de quién fueron estas instrucciones.

Según Casado, estas declaraciones de fiscales se recibieron en vistas ejecutivas de la Comisión.

González se mostró complacida con la radicación de cargos contra el arquitecto Ángel F. Cocero Cordero y el exsecretario auxiliar de Planificación del Departamento de la Vivienda, Federico del Monte Garrido y su ayudante, Edwin Rodríguez Díaz. Dijo sin embargo que muchas de los señalamientos que se le refirieron a Justicia el cuatrienio pasado contra estas personas no fueron atendidos y prescribieron.

Cuestionó además que bajo el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá se enmendará el Código Penal para eliminar la no prescripción de delitos cometidos por contratistas. Dijo que esto será restituido en el Código Penal cuando lo discutan la semana entrante.

González ha criticado públicamente la gestión de Justicia con la investigación cameral. Sin embargo, cuando se le preguntó si el secretario actual, Guillermo Somoza Colombani, es responsable también de que hayan prescrito alguno de los delitos, dijo que “estamos haciendo la evaluación y no puedo decir si pasó o no”.

No fue posible ayer conseguir a Sánchez Ramos. La senadora popular Sila M. González, hija de la exgobernadora Sila Calderón, gestora del Programa de Comunidades Especiales, catalogó la investigación cameral como una “persecución política”.

“Entiendo que están tratando de criminalizar un programa que ayudó a muchísimas personas de escasos recursos que estaban olvidados y ahora lamentablemente los están usando de balón político”, dijo González. “Me parece una persecución injusta a un proyecto buenísimo. Si alguien violó la ley, que pague, pero esa persecución indiscriminada de funcionarios honestos, me parece irresponsable”.

Reacciona AGP

Al ser cuestionado sobre la radicación de cargos y si piensa que, como alegó ante su delegación en el Seando, es una ‘cacería de brujas’, el candidato popular a la Gobernación, Alejandro García Padilla sostuvo que es partícipe de que todo gasto de fondos públicos sean sometidos “al más estricto escrutinio, siempre, y así va a ser en mi Gobierno”.

“El PPD indicó eso cuando se pretendió manchar la imagen de uno de los políticos más serios que ha tenido este país, que es el alcalde de Humacao, Marcelo Trujillo, que se le están radicando cargos por construir una cancha y el Gobierno dice que la debió construir en otro sitio. Ahora le corresponde a la Fiscalía probar los delitos”, agregó sobre las acusaciones al arquitecto Cocero Cordero.

García Padilla subrayó que favorece que los fondos públicos que se gastan sean sometidos al análisis “más estricto”. Anticipó que de ganar las elecciones “no vengo ni a excusar a la administración popular del pasado ni a culpar a la administración del Partido Nuevo Progresista. No como este Gobierno, que se pasa mirando para atrás buscando culpables”.

Salsagarto Paquegoces http://youtu.be/W1Re6OU0u2Q

¿Himno de la vergüenza?….PPD

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Acusan a Aníbal Acevedo Vilá. Arrestan a sus cómplices…

Salsagarto Paquegoces http://youtu.be/kuTr9H7KGY4

Alejandro García Padilla Revela su Verdadero Mensaje

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Este Partido Popular Destructor = PPD Sin ideología definida, Sin Obras y sin rumbo claro. Tiene este pichón de Fresita, hipócrita a Alejandro García Padilla…