Esta intolerable situación de criminalidad rampante ante una Policía potencialmente intimidada, requiere de medidas drásticas para confrontarla.

El pasado martes 26 de junio se cumplieron tres años del vicioso asesinato de Patricia Hernández Orsini. A raíz de este trágico suceso escribí una columna en la que expresaba el coraje y la frustración que sentía por tal crimen y por la rampante criminalidad que nos arropa. Hoy estoy indignado. Lo estoy porque las sabandijas se siguen apoderando de nuestras calles y carreteras a pesar de todas las medidas que se están tomando para reducir la criminalidad. Hace 10 días otro joven, decente y estudioso, Stefano Cornelis Steenbakkers, fue víctima de dos sabandijas. Alexis Amador, de 23 años, confesó que junto a Jordan Ayala Cruz, de 21 años y apodado ‘Menor’, le trataron de hacer un carjacking a Stefano y al este no detenerse, lo asesinaron viciosamente.

El pasado jueves nos enteramos de la leve sentencia de 30 años impuesta a Jonathan González Cruz –otra sabandija– por haber asesinado viciosamente a otra joven promesa de futuro para el País, Julián Romero Rodríguez, quien celebraba su cumpleaños en el Condado. Las noticias nos reseñan también el vil asesinato de un joven policía adscrito al distrito de Hatillo –Víctor Soto Vélez– baleado mientras transitaba en su vehículo. Se produce también otro vil asesinato de un gerente de un establecimiento de comida rápida en Juncos. Todos los días la Prensa nos reseña casos de la nueva y peligrosa modalidad de llevar a cabo robos en los que se tortura y asesina viciosa e innecesariamente a las víctimas.

En la madrugada del pasado jueves EL VOCERO nos informó respecto a uno de los muchos operativos que se llevan a cabo conjuntamente por las autoridades federales y locales. Este se llevó a cabo en el residencial Los Claveles de Trujillo Alto, arrestándose en el mismo a 16 acusados de 13 casos de carjacking. Durante una rueda de prensa, la jefa de la Fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, indicó que muchos de estos casos llevaban largo tiempo sin resolverse y con esta iniciativa se han logrado esclarecer.

“En los últimos sesenta días, los fiscales adscritos a la iniciativa de armas ilegales y reducción de crímenes violentos han radicado cargos de carjacking contra 34 ofensores violentos”, indicó Rodríguez. Destacó que con dichos cargos “los fiscales han acusado aproximadamente a 400 individuos en los seis meses desde que se anunció la iniciativa en contra de armas ilegales y crímenes violentos”. Esta importante y muy necesaria iniciativa colaborativa entre las autoridades locales y federales está muy bien, pero aparenta no ser suficiente, pues la actual plaga de sabandijas y sus crímenes continúan reproduciéndose exponencialmente. Se sabe desde hace tiempo que muchos de estos asesinos son psicópatas y usuarios de droga sin conciencia ni sentimientos de clase alguna. En sus cerebros –desde su niñez y quizás desde antes– han ocurrido cambios irreversibles en la química, anatomía y fisiología que hace que no sean susceptibles a tratamiento ni a rehabilitación. La inmensa mayoría de los siquiatras los consideran como casos intratables, por lo que las opciones que tiene el Estado son encerrarlos de por vida en instituciones carcelarias de máxima seguridad a un costo de más de $40 mil al año o dependiendo de sus crímenes, convicción y lugar, aplicarles la pena capital.

Ante este tétrico cuadro, distintos sectores del actual gobierno, responsablemente, han propuesto medidas tales como enmendar la Constitución para eliminar el derecho absoluto a la fianza para los delincuente s psicópatas asesinos y criminales habituales. A esos fines se celebrará un referéndum el próximo mes de agosto. Otras medidas propuestas por distintas personas, grupos y sectores incluyen implantar toques de queda, activar la Guardia Nacional, permitir implantar la pena capital en el País, etc. Estas medidas, aunque se alega que no van a la raíz de los problemas, pueden tener un impacto positivo en atenuar la criminalidad. Sin embargo, estas propuestas se enfrentan contra la opinión de los que a todo se oponen y de los que claman porque las medidas que se tomen sean casi exclusivamente aquellas que “vayan a la raíz de los problemas sociales” que nos agobian, a sabiendas de que estas tardarían décadas en producir resultados positivos. Alegan también la inconstitucionalidad de casi todo lo que se propone. Parecen implicar que es muy poco lo que se puede hacer. Pregúntese el lector, ¿por qué?

Uno de esos grupos de orientación de extrema izquierda independentista es el capítulo local de la American Civil Liberties Union (ACLU). Esta organización defensora de los derechos civiles –principalmente de los criminales y violadores de las leyes y el orden del País– presentó un informe, refrito de uno anterior, en que se caracteriza a la Policía como un cuerpo abusador y violador de los derechos civiles de los ciudadanos. Pero además del informe presentó una demanda en el Tribunal federal de San Juan contra la Policía de Puerto Rico para que se implanten las recomendaciones de cambios sugeridos en el informe que presentaron a mediados de este mes.
A este se une el Colegio de Abogados –más preocupado también por los derechos civiles de los criminales que por los de las personas decentes, así como por los ingresos de los abogados que viven de la defensa de los criminales– con un segundo informe de la Comisión Especial para Estudiar el Estado Actual de los Derechos Constitucionales. El presidente del Colegio de Abogados describió el trabajo presentado en San Juan como una exposición diagnóstica de la situación actual de deterioro de los derechos civiles en Puerto Rico.

Ambos informes –presentados cuatro meses antes de las elecciones– son un obvio intento por intimidar, ablandar y castrar a la Policía de Puerto Rico para impedir su acción efectiva en anticipo de protestas, de actos de desobediencia civil y de violencia, que con el fin de tratar de derrotar al actual gobierno, se planifican llevar a cabo por los grupos revolucionarios dentro de la Universidad de Puerto Rico para desde allí, extenderlos a otros sectores del País.

Esta intolerable situación de criminalidad rampante ante una Policía potencialmente intimidada, requiere de medidas drásticas para confrontarla. La enmienda constitucional para eliminar el derecho absoluto a la fianza es un paso en la dirección correcta, pero tiene que acompañarse de otras medidas tales como una masiva expansión por toda la Isla de la medicalización de las drogas. De igual manera lo es implantar el toque de queda para los menores de edad, imponer hora de cierre para establecimientos que expiden bebidas alcohólicas, activar la Guardia Nacional para patrullar las calles en los sectores de mayor incidencia criminal y considerar seriamente enmendar la Constitución para implantar la pena de muerte en el País.

A esta última opción se oponen sectores de la población utilizando el argumento de que la pena de muerte no es un disuasivo para el crimen. Eso no es cierto, pues existe una gran cantidad de estudios que refutan tal aseveración. Señalan que países y estados progresistas han eliminado esta medida de sus estatutos y que al considerarla iríamos en contra de esa corriente. Estas voces no dicen que los países y estados que la han eliminado tenían una ínfima fracción del problema de criminalidad rampante que nosotros padecemos y podían disponer de esa medida por ser innecesaria en sus particulares circunstancias. Pero nosotros somos uno de los países con más alta tasa de asesinatos en el mundo y necesitamos de todas las medidas posibles para revertir esa situación. No considerar la pena capital sería irresponsable. ¡Grandes males requieren de grandes remedios!