Director de campaña del PNP rechaza expresiones del SPT

El presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), Roberto Pagán, aseguró que una de las razones por las cuales el Gobierno y el Partido Nuevo Progresista (PNP) buscan impedir que las uniones contribuyan a las campañas políticas es por temor a un voto de castigo tras los despidos de empleados públicos bajo la Ley 7, argumento que fue rechazado por la colectividad política.

Pagán insistió en que es imposible cumplir con las disposiciones de la ley sobre el financiamiento de campañas políticas y reiteró que las intenciones de las uniones son contribuir a las campañas de políticos que se comprometan con sus propuestas.

Por su parte, el director de campaña del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ángel Cintrón, negó que objeten darle este poder a las uniones por temor a un “voto de castigo”.

“Para nada. Aquí toda la vida ha habido grupos que de una u otra manera hacían publicidad en contra de los gobiernos del PNP. Dennis Rivera toda la vida ha cooperado con el Partido Popular de alguna manera, algunas ilegales. Pero atreverse a usar el dinero de los obreros sin tener un permiso, es una inmoralidad”, dijo Cintrón.

La SPT, junto a la Unión General de Trabajadores (UGT), la Service Employees International Union (SEIU) y la Alianza SEIU Puerto Rico radicaron un recurso federal contra el Gobierno para que se declare inconstitucional un artículo de esta ley y otros artículos de la Ley 45 de Relaciones del Trabajo en el Servicio Públicos.

Uno de los argumentos de las uniones es que estas leyes exigen que la totalidad de las matrículas aprueben el desembolso de fondos antes de que las uniones puedan crear comités de acción política (PAC, en inglés) y aportar a candidatos específicos. La semana pasada las uniones radicaron un interdicto solicitando la intervención rápida del Tribunal federal argumentando que también desean hacer campaña para la consulta constitucional de agosto.

“El texto de la ley viola claramente la libertad de expresión y hay un caso reciente que aunque por un lado crea precedente muy malo de dar amplia facultad a las corporaciones, por el otro también le cierra el paso a las pretensiones que tiene el Gobierno de Puerto Rico al probar una ley que impone condiciones onerosas a las uniones”, dijo Pagán.

La demanda es contra el gobernador Luis Fortuño y varios componentes de su Gobierno. El secretario de la Gobernación, Marcos Rodríguez-Ema dijo que estas leyes no impiden a las uniones aportar.

“Hay casos recientes salidos del Tribunal Supremo de Estados Unidos que ponen algunas varas a las uniones para que tengan que llevar a votación el que ellos pueden participar en diferentes tipos de elecciones”, dijo Rodríguez-Ema.

Pagán aseguró que las uniones sí fueron consultadas, pero que preguntarle a todos los unionados es simplemente imposible.

“Nosotros estamos avalados por nuestras matrículas y en el caso del Sindicato, una asamblea de líderes de distrito aprobó radicar el caso. Antes de someter el caso federal, lo sometimos a la consideración de este cuerpo que tiene representatividad en la Isla y estamos avalados”, aseguró.

Dijo que la Ley 45 de sindicación de empleados públicos no quedaría sin efecto si se sostiene el caso federal, pues tiene una cláusula que protege el resto de la legislación si una de sus partes es declarada inconstitucional.

La reportera Yennifer Álvarez Jaimes contribuyó en esta historia.