Melón Acusado por Ley Ética

NR – En Puerto Rico hay maestros, Profesores Universitarios, funcionarios y empleados públicos que usan su posición y recursos gubernamentales para hacer campaña Anti-Americana (Neo-Comunistas, Anarquistas, Eco terroristas  Izquierdistas y Colonialistas). Se debe iniciar una campaña para que les graben en sus celulares para radicarle cargos administrativos o criminales, para que comiencen a respetar. No se les puede exigir lealtad personal, ni política, ni partidista, pero si Lealtad Institucional y el que cumplan con las leyes.

Acusado de violar la Ley de Ética Gubernamental

Le imputan a profesor el uso indebido de propiedad de la UPR

El científico ambiental José Molinelli Freytes estuvo vinculado a proyectos de Comunidades Especiales. (archivo)  16 de agosto de 2012

Por Sandra Caquías Cruz /scaquias@elnuevodia.com

El geomorfólogo y catedrático José Molinelli Freytes enfrenta acusaciones por supuestamente utilizar instalaciones y propiedad de la Universidad de Puerto Rico para beneficio propio y de su compañía Geosistemas, informó ayer el Departamento de Justicia.

El Departamento de Justicia indicó que tanto Molinelli Freytes, profesor de la Facultad de Ciencias Naturales en la UPR de Río Piedras, como Federico del Monte, exfuncionario del Departamento de la Vivienda, fueron acusados ayer por violar la Ley de Ética Gubernamental.

El Regaslo de Cien+Millones a CAPECO y los $7.2 del Tarjetazo también se deben estudiar.

Los hechos se remontan a principios de la pasada década cuando Molinelli Freytes utilizaba las instalaciones de la UPR para realizar el Plan de Desarrollo Integrado que, mediante contratos, llevó a cabo para el gubernamental programa de Comunidades Especiales, explicó el fiscal Francisco Sánchez.

“Los trabajos donde se realizaban era en la UPR”, indicó el fiscal, quien señaló que el académico cobró por esos trabajos. “Tenemos pruebas para sostener estas acusaciones”, indicó.

Explicó que se trata de un delito grave y que no cualifica para probatoria. Además, la Oficina de Ética Gubernamental pudiera asumir jurisdicción en el caso. Asimismo, la UPR podría comenzar una investigación administrativa.

“Hay muchas cosas que yo quisiera decir para dar la verdad en esta situación. Yo soy inocente”, aseguró ayer tras conocerse la determinación de causa para arresto Molinelli Freytes a Telemundo, aunque después no pudo ser contactado por El Nuevo Día.

Entretanto, a Del Monte se le acusa de violar la Ley de Ética al supuestamente imponer que se contratara a Mollineli Freytes para esos proyectos.

“Los delitos que le imputan a Federico del Monte se relacionan con la utilización de su puesto como secretario auxiliar del Departamento de la Vivienda (DV) para beneficiar al académico”, informó Justicia.

Molinelli Freytes fue contratado por el arquitecto Ángel Cocero Cordero, quien tenía a su cargo la rehabilitación de las comunidades especiales Buena Vista en Humacao, Las Acerolas en Toa Baja y Playa, en Guayanilla.

“El catedrático y Cocero Cordero discutieron en la Facultad de Ciencias Naturales de la UPR los trabajos de fotogrametría a realizarse en las comunidades especiales antes mencionadas”, señaló Justicia.

La rectora de la UPR en Río Piedras, Ana Guadalupe, informó a través de la portavoz de prensa, Lorna Castro, que no emitiría expresiones sobre este asunto, el cual involucra a uno de sus profesores, quien labora en la facultad de Ciencias Naturales. Tampoco indicó si investigarán al académico.

La jueza María de Lourdes Camareno, del Centro Judicial de San Juan, encontró causa para juicio tanto contra Molinelli Freytes como contra del Monte. Al primero le impuso una fianza de $1,000 y al segundo $500.

La vista preliminar fue señalada para el 28 de agosto.

 

“PORQUÉ VOTARÉ ‘SÍ’”

 

Por Don Luis A. Ferré, 3 de noviembre de 1994

“Como miembro que fui de la Asamblea Constituyente, que en el año 1952 redactó la Constitución de Puerto Rico, creo es mi obligación dar mi consejo en cuanto a las dos enmiendas a la Constitución que serán sometidas al Pueblo de Puerto Rico para su aprobación el próximo 6 noviembre.

Primero que nada, deseo señalar que una Constitución equivale tan solo a un poder que el pueblo, que es el soberano, redacta y autoriza, a través de sus delegados, para organizar el gobierno que ha de regir sus destinos, pero no implica en absoluto cesión de soberanía.  Por tanto, el pueblo se reserva el derecho para modificarla y mejorarla de acuerdo con los cambios sociales y políticos que puedan requerirlo.

Por eso todas las constituciones democráticas contienen una cláusula que permite su enmienda de acuerdo con un procedimiento de consulta al pueblo mediante un referéndum.  En la nuestra esta autorización está definida en su Artículo VII que lee:  ‘De las enmiendas a la Constitución’.

Al dar mi voto a favor de la Constitución, en mi voto explicativo de 6 de febrero de 1952 dije:  ‘He dado mi voto en la afirmativa – conciente de que la misma tienen en mi concepto un número de fallas importantes, que la mayoría no quiso corregir’.

‘Al votarle a favor – lo hago con la esperanza de que teniendo este documento como punto de partida, lo utilicemos con juicio en realizar una era de paz, prosperidad y felicidad para el pueblo, haciéndole aquellas enmiendas que nuestro juicio juzgue necesarias para corregir sus defectos en el futuro’.

Como cuestión de hecho así ha ocurrido.  A nuestra Constitución se le han hecho 7 enmiendas de las cuales la más importante, pues yo diría que es la única sustantiva, fue la que yo como gobernador sometí al pueblo en noviembre de 1970 para dar el voto a los jóvenes de 18 años.  No hay razón alguna, pues, a la luz de nuestra tradición democrática para no proceder con otras enmiendas que se consideren importantes para hacer frente a los cambios sociales que lo requieran.

La enmienda que se propone y que limita el derecho absoluto de la fianza, es una que es necesaria para ayudar en la lucha contra el crimen, que es hoy una terrible amenaza para la paz y seguridad de nuestro pueblo.  De hecho, fue un error haberla aprobado originalmente, pues tal derecho absoluto no existe ni en la Constitución de Estados Unidos ni en la de ningún estado.

Uno de los más importantes creadores del principio constitucional de gobierno de tres poderes, Montesquieu, dijo en una frase lapidaria:  ‘La libertad no consiste en hacer lo que se quiere, si no en querer hacer lo que se debe’.  No puede tener derecho a libertad absoluta quien no respeta el bien común ni el orden público y, por tanto, el estado tiene el derecho de limitarla negándole la fianza cuando esa persona se convierte, como criminal habitual, en una amenaza para la sociedad.  La misma Iglesia Católica, en su nuevo catecismo, así lo ha reconocido.

POR ESO EL PUEBLO DE PUERTO RICO DEBE VOTAR ‘SÍ’ EN ESTA ENMIENDA…”

 

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