Cuando Luis Romero, gestor del movimiento Basta Ya, entre a la caseta de votación para marcar la papeleta sobre si desea que se limite el derecho a la fianza a asesinos en ciertos casos este domingo, pensará que contribuye para “crear una herramienta para combatir el crimen”.
“No es más que eso, es crear una herramienta para combatir el crimen”, reiteró, al afirmar que las únicas personas que deben temerle a la enmienda constitucional de prevalecer son los gatilleros.
“La enmienda no hace daño, excepto a los gatilleros”, manifestó Romero, quien este domingo, estará en la sede de Basta Ya en la Avenida San Patricio en Guaynabo junto a otras personas que votarán que “sí” favor de la enmienda constitucional. Allí, Romero indicó llegarán distintos líderes del país.
“Si tu eres una persona que no eres peligrosa no te debe preocupar. Tienes todo que ganar siempre y cuando estés mirando objetivamente”.
A las personas que aún no saben cómo votarán les recomendó: “Piensen qué tipo de Puerto Rico quieren. Un Puerto Rico donde impere la justicia, donde impere la felicidad, donde se reduzca el crimen o más de los mismo. Si quieren estar atrapados en la politización, en la pelea. Que den un paso alfrente para buscar reducir la violencia y criminalidad”.
Indicó que la ciudadanía no se debe influenciar por políticos a la hora de tomar su decisión. “Deben tomar sus decsiones basada en información”, añadió Romero, quien manifestó no estar de acuerdo con que se haya politizado el asunto.
Romero precisó que las amenazas a testigos reducirá una vez se enmiende la constitución.
“En Puerto Rico tenemos 438 casos entre el 2009 al 2012 por intimidación de testigos. Imagínate los miles (de personas) que no se atreven a decirlo. No podemos usar la muleta del gobierno federal, tenemos que empezar a crecer, a hacer cosas como adultos”, sostuvo.
Este domingo tendremos la oportunidad de votar en un referéndum para enmendar la Constitución de Puerto Rico. La primera de ellas es en torno al derecho de todo acusado a ser dejado en libertad bajo fianza antes de mediar fallo condenatorio. Y la segunda, para rebanar la cantidad de escaños legislativos que esa Constitución, en sus orígenes, le otorgó al pueblo.
El derecho absoluto a la fianza se estableció en Puerto Rico en 1952 al adoptarse la Constitución del ELA. La realidad sociológica en ese tiempo era muy distinta a la realidad sociológica de ahora. Los crímenes violentos producidos por el narcotráfico eran casi inexistentes. Eran crímenes de otra naturaleza. El Puerto Rico de esos años comenzaba a industrializarse mediante la Operación Manos a la Obra, la agricultura todavía era un sector de influencia en el país y los sectores de pobreza no necesariamente eran focos o talleres de fabricación de delitos. El cuadro “El Velorio”, de Francisco Oller, apenas comenzaba a desdibujarse en el perfil sociológico del puertorriqueño. Si los hechos determinan el derecho lo sucedido en 1952 y la enmienda propuesta en 2012 son la mejor prueba que nuestra sociedad ha cambiado dramáticamente en setenta años, y los remedios usados antaño no guardan relación alguna con la realidad histórica ahora.
La limitación del derecho a la fianza en asesinatos donde medie premeditación, como hace unos días me dijo un distinguido jurista, “puede entenderse como un interés fundamental del estado para asegurar, en la medida de lo posible, la efectividad del procedimiento criminal y devolverle alguna credibilidad a dicho proceso. Y estos son valores jurídicos muy importantes que el individuo debe sopesar.” En los tiempos que vivimos se está dando el extraño fenómeno que la ciudadanía aprecia más la seguridad que la libertad. Contrario a 1952 cuando se redactó la Constitución y la majestuosa Carta de Derechos que ella contiene. Esta realidad existencial del puertorriqueño llevó a que un Secretario de Justicia dijera que en Puerto Rico había “demasiados derechos para la ciudadanía”, significando que cosa igual no se veía en otras jurisdicciones, incluyendo los estados de la Unión y la jurisdicción federal.
La admiración que los puertorriqueños sienten por el proceso criminal que se vierte en el Tribunal Federal en Puerto Rico –donde también hay presunción de inocencia – es reflejo de por qué, cada día, la ciudadanía está optando por la seguridad en aras de la libertad. No es un desiderátum del puertorriqueño; es una ecuación sociológica de causa y efecto. Ante la imbatible ola criminal el interés apremiante del Estado es la seguridad del individuo; evidencia que salta a la vista al mirar el frente de una residencia. Es la doctrina orteguiana en nuestro entorno vital: “Yo soy yo y mi circunstancia. Si no la salvo a ella, no me salvo a mí.”
Por otro lado, la enmienda para reducir la cantidad de escaños legislativos es una que no guarda realidad con el Puerto Rico contemporáneo. Tanto la Rama Judicial como el Ejecutivo han crecido desde la adopción de nuestra Carta Magna en 1952. La cantidad de agencias de gobierno, por un lado, y de distritos judiciales, por el otro, demuestran como estos dos poderes constitucionales han crecido desde su formación constitucional hace setenta años. Sin embargo, el Poder Legislativo -representativo de nuestra sociedad- se ha quedado igual. La población puertorriqueña es casi el doble que en 1952, pero con la misma cantidad de escaños legislativos. Hoy el ciudadano está menos representado que a principios de la década del cincuenta. La distancia se ha duplicado. El legislador representa más gente ahora que antes. ¿Por qué extender esa distancia? “La asamblea legislativa debe tener tantos miembros como sea necesario para asegurar que el pueblo esté debidamente representado, los legisladores puedan atender todo el trabajo que se espera de ellos y, particularmente, para que las comisiones tengan suficientes miembros.” (Véase La Nueva Constitución de Puerto Rico).
Ante la burocracia gubernamental el legislador se ha convertido en el servidor público que mejor atiende y sirve al ciudadano. Sus oficinas de distrito siempre son visitadas por sus constituyentes porque éstos llegan con la seguridad que su voz será escuchada. En las agencias el grito del ciudadano se pierde en el aire y no deja eco alguno en el ambiente administrativo porque el sistema burocrático no lo permite. Por estas y otras razones, por supuesto, votaré “Sí” para reducir el derecho absoluto a la fianza, y “No” para reducir la Legislatura.marioramosmendez@yahoo.com
Fiscales darán el ‘Sí’
Un grupo de fiscales, encabezados por Blanca Portela, fiscal del distrito de Mayagüez, ofrecieron ayer una conferencia de prensa en la nueva sede del Departamento de Justicia en Hato Rey
Según la fiscal Portela, muchos acusados que salen bajo fianza dedican a intimidar los testigos en su contra. EL VOCERO/Ángel A. Vázquez
Al argumentar que su trabajo se dificulta por el derecho constitucional a la fianza, los fiscales de distrito se unieron para endosar que se limite este derecho. El asunto estará ante los electores en el plebiscito del domingo, cuando además deberán decidir si reducir el tamaño de la Asamblea Legislativa.
Un grupo de fiscales, encabezados por Blanca Portela, fiscal del distrito de Mayagüez, ofrecieron ayer una conferencia de prensa en la nueva sede del Departamento de Justicia en Hato Rey para insistir en lo que entienden son las necesidades de favorecer este cambio en la Constitución, documento que garantiza un derecho absoluto a la fianza.
Según Portela, este cambio ayudaría a esclarecer más casos porque evitaría que los potenciales testigos tengan temor de ser asesinados.
“Le podemos garantizar que si los testigos tienen la seguridad de que van a declarar y que la persona que están acusando va a estar en prisión y no va a ser un riesgo para su seguridad, yo les aseguro que ese testigo va a estar dispuesto a cooperar”, dijo Portela. “Un testigo dispuesto a cooperar es una herramienta para nosotros poder esclarecer más casos”.
Portela no pudo decir exactamente cuántos asesinatos se habían cometido por parte de acusados libres bajo fianza por otros casos de asesinato. Sí mencionó varios casos cometidos bajo estas circunstancias. Añadió que entre julio de 2009 y julio de este año, se han radicado 438 casos por amenaza a testigos.
Otras voces camino al plebiscito
Al igual que otros grupos profesionales, la Asociación de Abogados de Puerto Rico envió un comunicado de prensa respaldando la opción del “sí” en la consulta del domingo.
Entienden que esta enmienda permitirá a los jueces de aquí la misma discreción que tienen los jueces federales para denegar el derecho a la fianza en ciertos tipos de asesinato.
“La posibilidad de la denegación de la fianza sería responsabilidad de un juez y solo podría ocurrir en esas modalidades de asesinatos en primer grado y solamente si el imputado representa un riesgo para la seguridad de otros, de destruir evidencia o de evadir la justicia”, indicaron.
A su entender, esta enmienda es “una herramienta útil para fortalecer la lucha contra el crimen y para proteger al pueblo”.
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