¿Vale la pena votar Sí para proteger al pueblo?

Por Héctor M. Laffitte, Ex-Juez Presidente Tribunal Federal

El derecho es una rama desgajada de la sociología. La razón principal porque los pueblos forman gobierno es para obtener seguridad y protegerse.

La función primordial del Estado constitucionalmente constituido es brindarle protección y seguridad a la ciudadanía. La Constitución de Puerto Rico obliga a los jueces a conceder fianza en todos los casos independientemente de la gravedad o aberración del delito. A los que insensible e indiscriminadamente disparan desde un vehículo en la vía pública utilizando potentes armas de alta capacidad destructiva masacrando a víctimas inocentes, mujeres y niños, hay que concederles fianza y quedan libres para reintegrarse a la comunidad no importa la peligrosidad del imputado ni lo detestable del delito. La fianza dentro de nuestro ordenamiento jurídico se impone con el único fin de garantizar la comparecencia del acusado a juicio. Nada se dice ni se condiciona a la peligrosidad del acusado ni a la protección de la sociedad.

Tanto en Puerto Rico como a nivel federal la fianza es un derecho constitucional, pero en ambos no es absoluto. En los años ochenta, ante la peligrosidad que presentaban los narcotraficantes y el aumento en crímenes de violencia, el Congreso concluyó que estos delincuentes salían en libertad luego de prestar fianza y continuaban delinquiendo. De esa experiencia se aprobó la Ley de Reforma de la Fianza (Bail Reform Act) para proteger a la comunidad del peligro que representa este tipo de delincuentes. La finalidad de esta medida se centró en la protección de la comunidad y la peligrosidad del acusado como valor preeminente. En Puerto Rico la fianza se enfoca en asegurar la comparecencia del acusado a juicio. En la jurisdicción federal el juez tiene discreción para negar la fianza en función de la protección de la sociedad. Por el contrario, en la jurisdicción local hay que fijar fianza no importa la peligrosidad del individuo ni lo repelente del delito. La protección del público es irrelevante.

La Ley de la Reforma de la Fianza federal no elimina el derecho a la fianza, ni requiere ni obliga que el juez la deniegue. No obstante, en los casos de narcotraficantes y de violencia le ofrece al juez una herramienta y discreción para negar la fianza. Existen innumerables casos federales interpretando el Bail Reform Act. Contrario a lo que se repite, sin pensar, por letrados y jueces, la ley no viola la presunción de inocencia por la sencilla razón que la presunción de inocencia, como ha resuelto el Juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Stephen Breyer, se da en el juicio y no antes. La negación de fianza ha pasado exitosamente por el tamiz constitucional al rechazarse invariablemente el argumento de que atenta contra la presunción de inocencia.

Mentes ilustradas entienden que en Puerto Rico se puede reglamentar la negación de la fianza mediante legislación ante la situación de inseguridad colectiva que sufre la ciudadanía: balaceras a todas horas, masacres en plena luz del día, disparos de vehículo a vehículo en las vías públicas cobrando vidas inocentes mientras los narcotraficantes y los asesinatos continúan causando estragos y erosionando el tejido social. No es necesario enmendar la Constitución, sólo se requiere legislar tomando de modelo el Bail Reform Act.

La policía se queja, con razón, de que no consigue testigos. La ciudadanía se pregunta por qué. La razón estriba en que los testigos saben que el individuo peligroso o el poderoso narcotraficante saldrá bajo fianza y su seguridad estará en precario. Existe, por consiguiente, una correlación entre la disponibilidad de la fianza y la ausencia de testigos. Resulta una paradoja que en muchas ocasiones las autoridades solicitan que el caso se transfiera al Tribunal Federal donde no existe un derecho absoluto a la fianza. ¿Por qué en la federal sí y en la local no? De hecho, en ambas jurisdicciones los jueces son todos puertorriqueños ejerciendo sus funciones en la misma territorialidad. ¿No es un acto de hipocresía que mientras se habla del “sagrado derecho constitucional a la fianza” refieren los casos notorios a la jurisdicción federal para asegurarse que el delincuente no represente más un peligro a la sociedad? ¿Qué mejor orden de protección en los casos de violencia doméstica agravada o la amenaza de muerte que negar fianza al maltratante? La imposición de fijar fianzas exageradamente altas violenta la Constitución de Puerto Rico y la de Estados Unidos que prohíben fijar fianzas excesivas. Esa no es la solución.

Ningún derecho constitucional es absoluto. La Constitución de Puerto Rico ni la de Estados Unidos está escrita en piedra. El derecho ha de encarnar la realidad social. Las condiciones de criminalidad del 1952, cuando se adoptó nuestra Constitución, no son ni remotamente las mismas del presente. Era una época donde los asesinatos eran una excepción y no la regla, y no existían las guerras y venganzas por los puntos de droga. La Constitución de Puerto Rico no es un pacto suicida. Tampoco es una camisa de fuerza. No puede interpretarse de manera tiesa o como si sólo contuviese axiomas de un libro de matemáticas.

¿Vale la pena votar Sí para proteger al pueblo?

Doy el ‘Sí’