PROPUESTAS DE LA ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES

15/agosto/2012

PROPUESTAS DE LA ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES

Por: Carlos A. Colón De Armas – Profesor de Finanzas UPR

Hace unos días, la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) propuso  diez “Tácticas para reenergizar la economía de Puerto Rico fundamentada en la  manufactura”. Veamos un breve resumen.

Reducir el costo de energía y transformar la AEE: Modernizar las unidades  generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), establecer un programa de  mantenimiento preventivo en sus instalaciones, revisar la estructura operacional de la  agencia para hacerla más flexible y ágil, y utilizar el gas natural como un combustible  de transición hacia las fuentes de energía renovable. Además, establecer una Junta  independiente que regule y supervise a la AEE.

Sección 933A: Cabildear para que la reforma contributiva de Estados Unidos incluya la  Sección 933A, que le permitiría a algunas empresas americanas con operaciones en  Puerto Rico obtener ciertos beneficios contributivos.

Crear empresarios y promover el consumo de lo manufacturado en PR: Facilitar el  desarrollo de negocios en la Isla incluyendo el promover las compras de productos  manufacturados localmente y desarrollar una Marca de Puerto Rico. Reenfocar PRIDCO: Agilizar el alquiler de las propiedades de la Compañía de  Fomento Industrial (PRIDCO, por sus siglas en inglés) y ofrecerle incentivos a los  empresarios para que las ocupen.

Inyectarle capital a empresas locales: Levantar capital, a través de una entidad de  nueva creación, afiliada al Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, para  beneficio de empresas puertorriqueñas.

Potenciar el uso de los REITs: Flexibilizar los requisitos para operar en Puerto Rico un  fideicomiso de inversión en bienes raíces (REIT, por sus siglas en inglés) para aumentar  la inversión en nuevas propiedades inmuebles, incluyendo hoteles.

Promoción industrial: Pasar la promoción industrial a manos privadas, y que se le dé  el uso efectivo al Consejo de Manufactura como la principal herramienta de  comunicación entre el gobierno y la industria. El Consejo, a su vez, deberá preparar un  plan estratégico con métricas que permitan evaluar sus gestiones.

Institucionalizar esfuerzos para reducir el déficit presupuestario y la deuda pública:  Esto incluye varias medidas incluyendo, entre otras, el no utilizar emisiones de bonos  para cubrir gastos operacionales del gobierno y prohibir que el crecimiento de la deuda  supere el crecimiento real en el Producto Nacional Bruto por un periodo de tres años.  Además, prohibir el uso de las reservas del Fondo del Seguro del Estado y la ACAA  para cubrir gastos operacionales del erario.

APPs: Mantener su endoso “cualificado” a las alianzas público-privadas, pero  garantizando que el dinero recibido de las mismas vaya dirigido prioritariamente a  reducir la deuda pública y generar empleos. Además, enmendar la Ley para, entre  otras cosas, hacer obligatoria la participación de empresas locales, y garantizar la  transparencia, en esos proyectos.

Educación: Separar al Departamento de Educación del proceso político creando una  junta de síndicos independiente para regir el sistema educativo y nombrando al  Secretario de Educación por un término de 10 años. Además, se ofrecen una serie de  propuestas dirigidas a reestructurar el currículo y a mejorar los aspectos operacionales  y físicos de las escuelas.

Estas tácticas representan un cambio refrescante de parte del sector privado pues  las mismas constituyen propuestas concretas. Aún así, nos parece propio expresar  ciertas reservas sobre algunas de éstas.

Cabildear a favor de la Sección 933A representa un intento por sustituir la  desaparecida Sección 936. Contrario a la percepción de muchos, sin embargo, la  Sección 936 sólo sirvió para beneficiar a las empresas de afuera y a ciertos sectores  locales, pero no ayudó a la macroeconomía de Puerto Rico de forma significativa. Por  lo tanto, a base de la evidencia disponible, no hay razón para pensar que la  Sección 933A vaya a tener resultados económicos significativos. Por el contrario, el  impacto de esa propuesta es más político que económico, pues contribuye a reforzar  una percepción económica que, aunque equivocada, respalda el estatus político actual  en lugar de favorecer el cambio hacia alguna de las alternativas disponibles. Se continúa apoyando la intervención del gobierno en la economía, mediante la  otorgación de incentivos o preferencias, en lugar de promover un ambiente de negocios  igual de favorable para todos.

Las APPs pueden ser útiles en términos operacionales y administrativos, pero no  son buenas herramientas financieras en jurisdicciones de Estados Unidos, como es el  caso de Puerto Rico.

Finalmente, para despolitizar y mejorar la educación, en lugar de promover una  mejor gerencia centralizada, sería más efectivo descentralizar el Departamento de  Educación a nivel de cada escuela, de forma tal que cada una de ellas pueda convertirse en una verdadera comunidad de aprendizaje. Después de todo, no hay base para  pensar que nombrar un Secretario de Educación por 10 años va a ayudar mucho si hoy  en día ni los secretarios que se nombran por cuatro años duran el término completo.