Hace unos días, la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) propuso diez “Tácticas para reenergizar la economía de Puerto Rico fundamentada en la manufactura”. Veamos un breve resumen.
Reducir el costo de energía y transformar la AEE: Modernizar las unidades generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), establecer un programa de mantenimiento preventivo en sus instalaciones, revisar la estructura operacional de la agencia para hacerla más flexible y ágil, y utilizar el gas natural como un combustible de transición hacia las fuentes de energía renovable. Además, establecer una Junta independiente que regule y supervise a la AEE.
Sección 933A: Cabildear para que la reforma contributiva de Estados Unidos incluya la Sección 933A, que le permitiría a algunas empresas americanas con operaciones en Puerto Rico obtener ciertos beneficios contributivos.
Crear empresarios y promover el consumo de lo manufacturado en PR: Facilitar el desarrollo de negocios en la Isla incluyendo el promover las compras de productos manufacturados localmente y desarrollar una Marca de Puerto Rico.
Reenfocar PRIDCO: Agilizar el alquiler de las propiedades de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO, por sus siglas en inglés) y ofrecerle incentivos a los empresarios para que las ocupen.
Inyectarle capital a empresas locales: Levantar capital, a través de una entidad de nueva creación, afiliada al Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, para beneficio de empresas puertorriqueñas.
Potenciar el uso de los REITs: Flexibilizar los requisitos para operar en Puerto Rico un fideicomiso de inversión en bienes raíces (REIT, por sus siglas en inglés) para aumentar la inversión en nuevas propiedades inmuebles, incluyendo hoteles.
Promoción industrial: Pasar la promoción industrial a manos privadas, y que se le dé el uso efectivo al Consejo de Manufactura como la principal herramienta de comunicación entre el gobierno y la industria. El Consejo, a su vez, deberá preparar un plan estratégico con métricas que permitan evaluar sus gestiones.
Institucionalizar esfuerzos para reducir el déficit presupuestario y la deuda pública: Esto incluye varias medidas incluyendo, entre otras, el no utilizar emisiones de bonos para cubrir gastos operacionales del gobierno y prohibir que el crecimiento de la deuda supere el crecimiento real en el Producto Nacional Bruto por un periodo de tres años. Además, prohibir el uso de las reservas del Fondo del Seguro del Estado y la ACAA para cubrir gastos operacionales del erario.
APPs: Mantener su endoso “cualificado” a las alianzas público‑privadas, pero garantizando que el dinero recibido de las mismas vaya dirigido prioritariamente a reducir la deuda pública y generar empleos. Además, enmendar la Ley para, entre otras cosas, hacer obligatoria la participación de empresas locales, y garantizar la transparencia, en esos proyectos.
Educación: Separar al Departamento de Educación del proceso político creando una junta de síndicos independiente para regir el sistema educativo y nombrando al Secretario de Educación por un término de 10 años. Además, se ofrecen una serie de propuestas dirigidas a reestructurar el currículo y a mejorar los aspectos operacionales y físicos de las escuelas.
Estas tácticas representan un cambio refrescante de parte del sector privado pues las mismas constituyen propuestas concretas. Aún así, nos parece propio expresar ciertas reservas sobre algunas de éstas.
Cabildear a favor de la Sección 933A representa un intento por sustituir la desaparecida Sección 936. Contrario a la percepción de muchos, sin embargo, la Sección 936 sólo sirvió para beneficiar a las empresas de afuera y a ciertos sectores locales, pero no ayudó a la macroeconomía de Puerto Rico de forma significativa. Por lo tanto, a base de la evidencia disponible, no hay razón para pensar que la Sección 933A vaya a tener resultados económicos significativos. Por el contrario, el impacto de esa propuesta es más político que económico, pues contribuye a reforzar una percepción económica que, aunque equivocada, respalda el estatus político actual en lugar de favorecer el cambio hacia alguna de las alternativas disponibles.
Se continúa apoyando la intervención del gobierno en la economía, mediante la otorgación de incentivos o preferencias, en lugar de promover un ambiente de negocios igual de favorable para todos.
Las APPs pueden ser útiles en términos operacionales y administrativos, pero no son buenas herramientas financieras en jurisdicciones de Estados Unidos, como es el caso de Puerto Rico.
Finalmente, para despolitizar y mejorar la educación, en lugar de promover una mejor gerencia centralizada, sería más efectivo descentralizar el Departamento de Educación a nivel de cada escuela, de forma tal que cada una de ellas pueda convertirse en una verdadera comunidad de aprendizaje. Después de todo, no hay base para pensar que nombrar un Secretario de Educación por 10 años va a ayudar mucho si hoy en día ni los secretarios que se nombran por cuatro años duran el término completo.
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