“Esos resultados constituyen un claro mandato para negociar las condiciones bajo las cuales la Isla pudiera ser admitida como un estado de la Unión”

El pasado martes, el pueblo de Puerto Rico tomó dos decisiones trascendentales. En primer lugar, con relación al estatus político de la Isla, los puertorriqueños rechazaron la condición colonial actual y favorecieron la Estadidad para Puerto Rico. En segundo lugar, escogieron a los líderes que llevarán las riendas del gobierno por los próximos cuatro años.

Desde el 19 de noviembre de 1493, cuando Cristóbal Colón llegó a nuestras costas, hasta la firma del Tratado de París de 1898, Puerto Rico fue colonia de España. A partir de ese momento, la Isla pasó a ser colonia de Estados Unidos. Durante esos 519 años, el pueblo de Puerto Rico ha sufrido, pero nunca ha consentido a esa condición colonial.

El 6 de noviembre de 2012 irá a la historia como el día en que, por primera vez, a los puertorriqueños se nos preguntó si estamos de acuerdo con ser colonia. Al ser confrontados con esa pregunta, los boricuas respondimos como cualquier sociedad digna lo haría y rechazamos, contundentemente, la condición colonial. Como alternativa, el pueblo de Puerto Rico expresó, también por primera vez y por un margen que puede considerarse como una ‘súper mayoría’, su deseo de convertirse en un estado de Estados Unidos.

Esos resultados constituyen un claro mandato al Gobierno de Puerto Rico para que acuda al Congreso de Estados Unidos a negociar las condiciones bajo las cuales la Isla pudiera ser admitida como un estado de la Unión. Una vez negociadas esas condiciones, se llevaría a cabo otra votación en la que el Pueblo decidiría si, en efecto, acepta esas condiciones y confirma su deseo de ser admitido a la federación de estados americanos. Ese es el proceso que el pueblo de Puerto Rico les ha ordenado a sus líderes que sigan.

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Con relación al Gobierno de Puerto Rico, hay dos aspectos que debemos considerar por separado. Por un lado, hay que analizar el perfil de los funcionarios electos y su compromiso con acatar los resultados del plebiscito. Por otro lado, hay que evaluar los retos de administración pública que enfrentan.

Los puertorriqueños eligieron un gobernador, Alejandro García Padilla, y una mayoría legislativa que, hasta ahora, nunca ha favorecido la Estadidad para Puerto Rico. A la misma vez, los electores reeligieron como comisionado residente, y volvieron a enviar al Congreso de Estados Unidos –donde se negocian las condiciones de la admisión de Puerto Rico como estado de la Unión– a Pedro Pierluisi, quien sí favorece la Estadidad para Puerto Rico. Resta por verse cuáles serán las implicaciones de tener un representante en Washington, D.C. cuya ideología es cónsona con el mandato plebiscitario del Pueblo, pero contraria a la visión de la administración del gobierno estatal.

En términos de política pública, la nueva administración tiene unos importantes retos por delante entre los cuales deben atenderse, como prioritarios, los siguientes 10 asuntos: (1) Mejorar la calidad de la educación en Puerto Rico; (2) devolverle la salud fiscal a la Universidad de Puerto Rico; (3) procurar un mayor desarrollo económico para Puerto Rico que promueva la creación de empleos; (4) continuar con la disciplina fiscal en el Fondo General para evitar que el Gobierno de Puerto Rico vuelva a caer en una crisis fiscal; (5) devolverle la salud fiscal a las corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico de manera que se pueda volver a generar, de forma efectiva, la inversión pública; (6) resolver el problema de déficit actuarial que padece el Sistema de Retiro de los empleados del Gobierno de Puerto Rico; (7) aumentar los recaudos que recibe el Gobierno de Puerto Rico de las corporaciones multinacionales que operan en la Isla para permitir mayores reducciones en la carga contributiva de las empresas puertorriqueñas; (8) reducir los costos de energía en Puerto Rico; (9) reducir la criminalidad; (10) salvaguardar y fortalecer el sistema de salud de Puerto Rico.

Muchos de esos asuntos no fueron atendidos adecuadamente por la administración de Luis Fortuño. Quizás por eso, esa administración no resultó favorecida por los electores. En ese sentido, pudiera ser que atender adecuadamente esas 10 prioridades constituya la clave del éxito de la nueva administración. De igual forma, el éxito de esas gestiones pudiera ser determinante en cualquier esfuerzo de reelección una vez concluido su primer cuatrienio.

Desde luego, en la política, aparte de los asuntos sustantivos, también hay que considerar los estilos de gobierno. Es indudable que esos estilos también son claves para entender las razones por las cuales el Pueblo se expresó ideológicamente de una forma y, a la misma vez, rechazó a una administración con idéntica visión filosófica. Ese aspecto no debe pasar desapercibido.