“Esta secuencia de metidas de pata a los 15 días de haber sido elegidos, es apenas el comienzo del viacrucis de lo que nos espera con el gobierno agapitense”

A las dos semanas de haber salido gobernador electo, Alejandro García Padilla ha comenzado con el pie izquierdo su gestión de gobierno. Más allá de la imagen de santurrón boricuazo y de superhéroe que nos pintan los medios de la prensa imperial, el nuevo partido de gobierno ha comenzado con torpeza una serie de políticas desacertadas que no guardan relación con sus promesas de campaña.

La falacia mayoritaria – La “noche de los dos gobernadores” terminó a las dos de la mañana del día 7 de noviembre, con un discurso de reclamo de victoria en el que AGP aseguró que se había constituido “una nueva mayoría”; que su gobierno “pondrá primero la gente” y que sería de “unidad puertorriqueñista”. El reclamo es falso en dos particulares. Esa victoria de AGP que sus fotutos de prensa le llamaron “copo” electoral, apenas obtuvo una pluralidad de 12,800 votos, o siete décimas de un punto. Ningún candidato o partido sacó mayoría. En segundo lugar, cuando los populares hablan de gobierno “puertorriqueñista”, en realidad hablan de un eufemismo que automáticamente excluye el 50% de la población estadista. El consenso es con sus socios pipulares y populetes. La otra mitad del país se invisibiliza. Siete décimas de punto que sirvieron para una barrida en municipios y Lgislatura dentro de los parámetros de la normalidad de los eventos electorales, no constituyen un mandato, digamos que contundente.  Mucho menos, confieren autoridad para aplastar la otra mitad del país.

El desacato plebiscitario – Esa misma fatídica noche de las elecciones, AGP perpetró el robo del resultado plebiscitario. Raudo y veloz y sin encomendarse

a la gente que dice representar, por decreto negó el contundente voto anticolonialista, le restó legitimidad al mandato inequívoco de las urnas, falseo a la verdad diciendo que el ELA no estaba en la papeleta y rehusó obedecer la orden de cambio de estatus que más de un millón de electores emitieron esa noche en las urnas.  El pasarse por el forro los resultados del plebiscito, es un crimen constitucional y un robo electoral de marca mayor. Quedó establecido que la propuesta más votada fue el ‘No’ a la condición política del ELA territorial, que recibió más de 945,000 votos, o el 54% con una ventaja de 140,000 votos sobre la postura del ‘Sí’.  Más aún, sobre 1,326,000 electores dieron su endoso a opciones no territoriales ni coloniales recibiendo la Estadidad el 61% de las papeletas, el ELA soberano/libre asociación el 33% y la independencia el 5%.  O sea, el 74% de los votos emitidos escogió en la papeleta plebiscitaria opciones que no son el ELA actual.

Derrotado abrumadoramente el consentimiento de los gobernados que le fue conferido a la Ley 600 en 1951 y habiendo expresado el Pueblo su disgusto con la colonia y sus preferencias por un cambio, el gobernador electo, contrario al juramento que habrá de tomar, decretó desobedecer y robarse las consecuencias de ese mandato. Cínicamente, el gobernador Agapito nos decía “el país aceptó mi llamado” por siete décimas de punto, a la vez que tiraba al zafacón la orden para desmantelar el ELA de 1.3 millones de votos. “Una casa dividida no se puede sostener”, nos decía con su sonrisita del que no rompe un plato pero desbarata la vajilla entera.

Los enchufados – El nuevo Régimen, que no es otra cosa que el viejo Régimen, nos aseguró que va a “trabajar con la gente”.  Inmediatamente el presidente de la Asociación de Alcaldes, Josean Santiago, declaró que les darán trabajo en el gobierno a los políticos derrotados del PPD porque son un gran “banco de talento”.  No está mal para un gobierno que prometió en campaña eliminar los contratos de los amigotes.

Revocada la rebaja contributiva – El momento ‘kumbayá’ de la empalagosa luna de miel que los medios le dan a la transición hacia gobiernos populares, terminó el lunes pasado con la noticia –difundida a través de sus fotutos periodísticos– que AGP no cumplirá con las guías de austeridad fiscal legisladas para viabilizar una serie de rebajas contributivas para los años 2014 y 2015. O sea, el que criticó a Fortuño por supuestamente aumentar las contribuciones, nos quita ahora un derecho adquirido mediante legislación que representa un ahorro en el bolsillo de los contribuyentes de cerca de $1,200 millones anuales. El problema eterno de los populares es que no saben apretar la cintura de los gastos y no saben manejar un presupuesto limitado si no es aumentando contribuciones. Eso es exactamente lo que acaban de hacer. Sin haber asumido las riendas del poder, de nuevo por decreto, nos dan el primer golpe al bolsillo alegando que no sabían lo mal que se encuentran las cosas, después que se pasaron cuatro años lamentando lo mal que andaban las cosas bajo Fortuño.

Esta secuencia de metidas de pata a los 15 días de haber sido elegidos, es apenas el comienzo del viacrucis de lo que nos espera con el gobierno agapitense.  Prepárense porque faltan todavía 1,445 días, antes de que se les pueda pasar la factura del voto castigo que tanto profesa…