¡Basta ya!, dijo el Pueblo a 520 años de coloniaje. El embeleco del ELA compró boleto de ida y vuelta. El apoyo de 76% otorgado a la Ley 600 en 1951 se redujo a 60% en el plebiscito del 67, bajó a 46% en el plebiscito del 98 y ahora vuelve a ser fórmula repudiada con apenas 46% en el plebiscito del 2012.

El régimen agapitense se ha robado la democracia. El primer decreto que salió de la boca de Alejandro García Padilla, la noche de las elecciones, fue el de invalidar y desacatar el mandato contundentemente mayoritario que el Pueblo emitió ese día en las urnas rechazando el que se mantenga la condición política territorial actual, retirando el consentimiento de los gobernados al estatuto político de la Ley 600, y abrumadoramente votando en 74% por fórmulas soberanas no territoriales ni coloniales.

¡Basta ya!, dijo el Pueblo a 520 años de coloniaje. El embeleco del ELA compró boleto de ida y vuelta. El apoyo de 76% otorgado a la Ley 600 en 1951 se redujo a 60% en el plebiscito del 67, bajó a 46% en el plebiscito del 98 y ahora vuelve a ser fórmula repudiada con apenas 46% en el plebiscito del 2012. Para el récord, el ELA como está y en su fórmula de libre asociación ha sido rechazado por la mayoría en los plebiscitos del 93, 98 y 2012.

Antes de haber tomado posesión de su cargo y de juramentar lealtad y fidelidad a las constituciones y a las leyes, el nuevo gobernante ya ha entrado en una política pública de desobediencia civil que raya en lo criminal. El fraude y el robo más grande que se puede producir es no obedecer el veredicto inapelable de las urnas. Ese latrocinio tiene 3.7 millones de víctimas. La negativa del gobernador electo ultraja la Constitución del ELA que él habrá de juramentar, viola el Preámbulo que garantiza un gobierno constituido sobre una base plenamente democrática, con un sistema donde la voluntad del Pueblo es la fuente del poder político y donde el orden político está subordinado a los derechos del hombre y donde se asegura la libre participación del ciudadano en las decisiones colectivas.

La revocación del mandato a la Ley 600 le quita al Estado Libre Asociado toda autoridad y poder político. Según el Artículo 1, Sección 1 de la Constitución del ELA, “el poder político emana del Pueblo y se ejercerá con arreglo a su voluntad”. Retirada esa voluntad, en Puerto Rico ha colapsado el ordenamiento de derecho colonial. La Sección 2 de ese mismo Artículo, garantiza un gobierno de forma republicana, igualmente subordinado a la soberanía del Pueblo.

La Carta de Derechos garantiza en su Artículo II, que no podrá establecerse discrimen alguno por motivo de nacimiento, origen o condición social. Este mandato plebiscitario del 2012 impide ahora cualquier desarrollo, defensa o ardid para empujar el ELA y para descarrilar el mandato plebiscitario electoral. De hecho, la sección 2 de ese Artículo, dispone que las leyes garantizarán la expresión de la voluntad del Pueblo mediante el sufragio universal… y protegerán al ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral.

El Régimen agapitense es entonces un gobierno bastardo, ilegítimo y a lo sumo accidental. El Pueblo de Puerto Rico, al repudiar la condición colonial territorial, acaba de reclamar su derecho a la libertad individual y colectiva y su derecho a no vivir en un régimen donde exista la esclavitud y la servidumbre involuntaria. Artículo II, sección 12. El coloniaje es una de las variantes más antiguas de la esclavitud y de la servidumbre involuntaria.

La negativa del régimen a reconocer la legitimidad y la contundencia del mandato mayoritario plebiscitario, impide que pueda mover un dedo, utilizar el más mínimo recurso y gastar un solo centavo, en obstruir, denigrar, cabildear en contra y mover en el Congreso y ante el gobierno de los Estados Unidos cualquier tipo de acción, gestión o política pública incompatible con esa orden de cambio. El Artículo VI, sección 9 de la Constitución del ELA se lo prohíbe tajantemente. Solo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines legítimos públicos y para el funcionamiento y mantenimiento del Estado.

Eso quiere decir que a la primera que el gobernador Agapito o la Legislatura popular muevan sus fichas, sus recursos, sus consultores y sus oficinas de PRAFAA, del Departamento de Estado o de cualquier otra agencia para obstruir y obstaculizar la voluntad plebiscitaria conferida en las urnas, los mismos estarán cometiendo delitos constitucionales y malversando fondos públicos de forma incompatible con la directriz dada por el Pueblo. Cualquier movimiento para pedir un ELA “mejorado” o expandido, no soberano, o cualquier gestión para destruir la Estadidad, estaría sujeto a procesamiento civil y criminal. No solo porque se roban una elección, sino porque con conocimiento de causa, conspiran para violar los derechos constitucionales más fundamentales de los ciudadanos americanos de Puerto Rico: el derecho al voto, el derecho a que se respete el mandato emitido por la mayoría de esos votos, el derecho a la libre determinación, el derecho a convivir en un sistema de gobierno anclado sobre bases soberanas y el derecho a la libertad y la búsqueda de la felicidad y la prosperidad que le confieren ambas constituciones.

El robo de la democracia, la violación de derechos civiles y el hurto de la libre determinación, son delitos constitucionales que dan base al residenciamiento y a múltiples y billonarios pleitos de clase por violación de derechos civiles.

Siéntanse emplazados. Debidamente apercibidos, debidamente advertidos…

Petitioning The President of the United States

This petition will be delivered to:

The President of the United States

The U.S. Senate

The U.S. House of Representatives

US Congress

Senate & House of Rep.

Rep Serrano

Cecilia Munoz

Task Force on PR

US Congress: Start a process to admit Puerto Rico as the 51st State

Petition by

John Del Pueblo

Guaynabo, Puerto Rico