La Cámara de Representantes dio paso este martes a la resolución para solicitar al presidente estadounidense Barack Obama y al Congreso que inicien «el proceso para admitir a Puerto Rico como estado de la unión», tras un extenso debate que se centró en discutir si el resultado del plebiscito del 6 de noviembre reflejó la voluntad real de los electores en la Isla.

La Resolución Concurrente del Senado 67, aprobada en la víspera por el Alto Cuerpo, busca que el gobierno federal reconozca y haga valer los resultados de la pasada consulta plebiscitaria, en la que el 54% de los electores votó en contra del estatus territorial actual y en la segunda pregunta el 61% favoreció la estadidad.

La medida obtuvo 34 votos de la mayoría novoprogresista y 6 en contra de la delegación popular.

Durante las cinco horas que duró el debate, los representantes del Partido Popular Democrático (PPD) cuestionaron la exactitud de ese 61% a favor de la unión permanente con los Estados Unidos al afirmar que, si se toman en cuenta las 480,918 papeletas sobre las opciones de estatus dejadas en blanco, ese porcentaje se reduciría a 45%.

Durante la campaña del plebiscito, el liderato del PPD instó a votar a favor del estatus actual en la primera pregunta, y exhortó a dejar en blanco la segunda.

«Ustedes quieren ir a representar lo que no pasó, y decir que la estadidad obtuvo una súper mayoría. Cuando vas a la totalidad del universo electoral el por ciento de electores que votó por la estadidad llegó al 45%. Esa es la realidad», afirmó el representante popular Luis Vega Ramos.

Vega Ramos dijo haber votado por la opción del Estado Libre Asociado Soberano y no haber dejado la papeleta en blanco como instó el presidente del PPD, Alejandro García Padilla, para votar en contra de la estadidad y que el resultado no fuera «tergiversado» debido a las papeletas en blanco.

«Cuando usted suma esos votos combinados, de lo que sugirió hacer mi colectividad… con lo que hicimos otros miembros de la colectividad que rechazamos (la estadidad) a través de la opción del ELA Soberano, el total sobrepasa los 930,000… eso es una paliza de casi 100,000 votos», sostuvo el legislador popular.

La presidenta cameral, Jenniffer González, defendió los 824,195 votos que obtuvo la estadidad en la consulta, así como el nivel de participación de 78% que se registró en noviembre. Mientras, rechazó que las papeletas en blanco le resten validez a esos números.

«Esa cantidad de votos no son unos votitos, no son tampoco la expresión mínima del pueblo de Puerto Rico, es la expresión máxima de un evento de estatus donde ha tenido la mayor participación y el margen más alto en términos de una solución final no territorial ni colonial… Aquí debe quedar claro que el pueblo de Puerto Rico habló. Hay algunos que quieren callar la voluntad del pueblo so color de que ha habido papeletas en blanco. Los votos en blanco no deciden ninguna elección, nunca», subrayó la líder cameral saliente.

Por su parte, el representante popular Charlie Hernández criticó que se considerara una resolución para promover la estadidad como estatus a solo 20 días de que culmine la presente Asamblea Legislativa, y comparó la consideración de la pieza legislativa con un «baile de despedida».

Asimismo, cuestionó las repercusiones que la medida pueda tener en la capital federal.

«¿Realmente creen que en Washington están esperando entusiasmados que llegue la petición que ustedes hacen a través de una resolución concurrente de una Legislatura derrotada y de salida, que la están esperando para atender esto con la urgencia que su anhelo reclama? Claro que no», planteó Hernández.

La resolución concurrente, cuyo texto está redactado en español e inglés, le solicita al presidente estadounidense y al Congreso que «respondan efectiva y diligentemente, y actúen de conformidad con el reclamo del pueblo de Puerto Rico para que se termine de una vez y por todas con el estatus territorial actual» de la Isla.

«El Congreso y el presidente tienen la obligación política y moral de aprobar toda la legislación necesaria en aras de hacer valer la voluntad que, de forma libre y democrática, expresó el pueblo de Puerto Rico», señala la pieza.

La medida también establece que se distribuirán copias del documento al presidente, al vicepresidente, al secretario de Estado de Estados Unidos, a los miembros del actual Congreso y a los senadores y representantes electos del Congreso entrante, a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales pertinentes, a grupos que defiendan los derechos humanos, y a medios de comunicación locales e internacionales.