“La emergencia nacional no radica en el déficit fiscal sino en la falta de empleos y seguridad pública”.
–José Alameda (economista)

El colega y amigo José Alameda parece resumir la filosofía de la presente administración de Alejandro García Padilla en relación al paquete de incentivos contributivos, subsidios salariales y energéticos ofrecidos a las empresas el pasado miércoles 16 de enero en la Cumbre Económica de Fomento en vías de crear 50 mil nuevos empleos en 18 meses. Esta es cónsona con las repetidas declaraciones del Gobernador en el sentido de que no gobernará para los bonistas.

Las anteriores expresiones a primera vista aparentarían ser sensatas si no fuera porque hacen caso omiso a una realidad insoslayable: la deuda del Gobierno está a punto de ser degradada a chatarra. El craso agotamiento de los tradicionales mecanismos institucionales (el mercado común, la moneda común, la ciudadanía común, la exención contributiva federal a la inversión externa, la falta de poderes y representación congresional) que desembocó en la pasada década perdida, la presente depresión económica que ya cumple siete años, los consiguientes déficits fiscales y la creciente deuda pública. El enorme gorila en el cuarto que todo el mundo ve pero pretende ignorar: la bancarrota o el colapso institucional del ELA territorial. Como señalara el Informe del Grupo de Trabajo de Casa Blanca, la falta de resolución del problema del estatus político mantiene a Puerto Rico atrasado. Es por ello que no se puede desligar la actual crisis fiscal y de deuda de la crisis económica estructural que venimos experimentando por más de una década y mucho menos pretender aliviar una (la económica) a costa de agravar la otra (la fiscal y de deuda).
Como propone la presente administración de gobierno con su oferta de múltiples incentivos contributivos, subsidios salariales y energéticos, conllevaría desangrar el Fondo General, los deficientes ingresos de las corporaciones públicas y, en el mejor de los casos, sacrificar futuros ingresos al Fondo General. Y todo bajo la cuestionable premisa de que las empresas expanden su empleo (en lugar de reemplazarlo) por reducciones impositivas en vez de sus expectativas sobre las ventas futuras.

Con ello está mandando el mensaje equivocado a la casas acreditadoras de que no tiene un verdadero compromiso de continuar con las políticas de prudencia y responsabilidad fiscal de la pasada administración y podría estar exponiéndose a una temprana y precipitada degradación de sus obligaciones generales con consecuencias catastróficas para todos.