Ayer comenzaron las vistas públicas sobre el proyecto de la Cámara

El proyecto de la Cámara de Representantes 599, que pudiera convertirse en la ‘Ley de Empleos Ahora’, fue objeto de análisis, comentarios, apoyo y críticas ayer, cuando comenzó su estudio y discusión en vistas públicas, en el Capitolio.

Los designados secretarios de los Departamentos de Desarrollo Económico y Comercio (DEC), Alberto Bacó Bagué; de Agricultura (DA), Myrna Comas, y el director de la Compañía de Comercio y Exportación (CCE), Francisco Chévere, establecieron su postura a favor y defendieron el proyecto, que también fue secundado mediante la deposición enviada por la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, Ingrid Rivera.

Entretanto, representantes de la Cámara de Comercio, del Centro Unido de Detallistas (CUD), la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) y de la Asociación de Industriales (AI) expresaron apoyo, pero a la vez inquietudes y recomendaciones sobre la adjudicación de los incentivos que buscan crear 50 mil empleos en 18 meses, una promesa de campaña del gobernador Alejandro García Padilla.

El vicepresidente MIDA, Manuel Reyes solicitó “que se excluya cierto tipo de empresa (las grandes)”. Subrayó “que no se discrimine por procedencia, pero sí por tamaño”. Sostuvo que “en algunos casos tiene mas recursos económicos que el Estado. ¿Qué hace el Estado subsidiando una operación?”.

El abogado indicó que “no tenemos un cálculo” sobre el impacto económico de la propuesta ley en el fisco. “Es una preocupación que compartimos con los que lo han traído anteriormente, es importante para tomar decisiones” y recomendó “evitar desperdiciar dinero auspiciando actividades que no van a traer riqueza y evitar que haya competencia desleal entre unos subsidiados y otros que no lo tienen. Crédito para que el Estado recompense al accionista que paga contribuciones aquí”.

Mientras, el director de los Industriales, Jaime García, dijo que las empresas, “si iban a traer dos (establecimientos) sin incentivos, a lo mejor traen cinco”. Sugirió que “la mejor restricción es que se aplique a la empresa de nueva creación o que no haya hecho gestión para una expansión”.

El expresidente de la Comisión de Hacienda, Antonio Silva, cuestionó cómo se va a constatar que las empresas cumplan el compromiso de crear empleos. Y admitió que “mi Administración tiene tanta culpa como otras”, al aceptar que “los decretos casi nunca se verifican”.

Antes, Bacó explicó que “cada agencia tiene unas responsabilidades”, como buscar edificios, acondicionarlos, “van ponerlos a disposición, y cambiar la mentalidad de cómo atender. Que sea ágil, a cada uno nos toca un poquito de esa implantación y al DEC darle seguimiento para que todo lo que implica la ley se siga al pie de la letra”.

Por su parte, el representante novoprogresista Antonio Soto reclamó que “aunque el Proyecto tiene un fin importante, me preocupan los errores básicos que tiene el mismo. Por ejemplo, el mismo establece que se le dará una devolución de hasta 100 por ciento de los pagos de fletes a los comercios que exportan sus productos locales. Eso violenta la Ley federal de Comercio Interestatal que dispone que no puedan establecerse leyes de protección a productos locales.

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EL VOCERO/Archivo