Un líder de un grupo policiaco dijo que el gobierno tiene que conseguir el dinero, que puede ascender a $400 millones
La Policía de Puerto Rico necesita $225 millones para saldar la deuda que mantiene con los agentes del orden público por concepto del pago denominado retroactivo, indicó hoy, Michelle Franco, portavoz del superintendente Héctor Pesquera.
Este pago retroactivo no es otra cosa que dinero que corresponde a un reajuste salarial que se convirtió en ley en el 2004, cuando los agentes de nuevo ingreso ganaban igual o más que sus homólogos con 20 años de experiencia.
Franco reveló la cifra, notifica a la Policía por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), en momentos en que dos líderes de gremios policiales le exigen al gobernador Alejandro García Padilla que cumpla con la ley y con su promesa de campaña y atienda el reclamo de los agentes.
«Le toca a OGP hacer ese pago», dijo Franco.
Esta noche La Fortaleza envió una declaración del gobernador García Padilla sobre el dinero que se les adeuda a los agentes del orden público.
“Durante mi administración se cumplirán todos los compromisos contraídos con el país y eso incluye a los miembros de la Policía. Ahora bien, el Superintendente ha expresado que a esta fecha, no cuenta con los fondos necesarios para asumir el pago del aumento salarial legislado en el año 2008, que durante el pasado cuatrienio no fue honrado. Es por ello que he impartido instrucciones a la Secretaria de Hacienda para que identifique las alternativas económicas responsables y viables que permitan el cumplimiento de todos los compromisos. El gobierno enfrenta múltiples asuntos y todos son importantes. No obstante, hay unos que requieren mayor urgencia y por eso, en este momento, la prioridad es estabilizar las finanzas del gobierno y salvar el sistema de Retiro. Mi equipo continuará trabajando para lograr los ajustes que hagan posible mejorar las condiciones de trabajo de los Policías. Incumplir no es opción en mi gobierno”, lee la declaración del Gobernador.
Más temprano en el día, Jaime Morales, director ejecutivo de la Corporación Organizada de Policías y Seguridad (COPS) y Diego Figueroa, presidente del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), emplazaron a García Padilla para que reaccionara ante las expresiones de Pesquera, quien dijo este fin de semana que no cuenta con el dinero para pagarle a los policías el dinero que se le debe.
Legislación de 2004
Aunque se legisló y se convirtió en ley en el 2004, no fue hasta la administración del ex gobernador Luis Fortuño que se hicieron intentos para cumplir con estos pagos. El cálculo final dejó molestos a miles de policías, quienes han reclamado que se no se les pagó el dinero adeudado.
Estos reclamos son ventilados actualmente en la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos del Servicio Público. Este proceso puede tardar años, advirtió Morales.
Morales recordó que en medio de un programa de televisión durante la campaña política, García Padilla se comprometió específicamente a pagar el dinero retroactivo. De hecho, se litiga en el Tribunal de San Juan a través de una demanda incoada por COPS.
Figueroa dijo que «de alguna manera» el Gobierno popular tiene que conseguir el dinero. Según cálculos de FUPO, el monto adeudado podría ascender a $400 millones.
El dirigente de FUPO sostuvo que representantes de la Policía indicaron el viernes en el Tribunal de San Juan, ante un juez de apellido Caraballo, que el proceso de cálculo del monto adeudado se ha paralizado ante el cambio de gobierno.
Sería irresponsable llamar a brazos caídos
«Han dejado al gobierno con ese tostón», dijo Figueroa.
Esta fue la promesa de García Padilla: «Cuando le devolvamos los recursos a la Policía va haber el dinero para pagarle a la Policía lo que se le debe. Y el primero de mis compromisos que hice con la Policía era pagarle el retroactivo que se le debe», dijo el entonces candidato en el programa Decisión 2012, de WAPA TV.
El pasado 9 de enero, la plana mayor de COPS, incluyendo a Morales y su hermano Carlos, se reunieron con Pesquera, quien aseguró que si bien desconocía la cantidad de dinero adeudado, la pagaría.
«Hablamos y se veía bien positivo en arreglar el problema de la Policía. Nos dijo que cuando le dieran el cálculo (del pago del retroactivo) se lo informaría al Gobernador. El dijo que lo aprobaría para informarlo y que el Gobernador le dijera el paso a seguir. El Superintendente me dijo que iba a proponer un plan de pago», contó Morales, cuya organización representa unos 6,000 policías.
Pero durante el fin de semana, en entrevista con WAPA TV, Pesquera pareció descartar la posibilidad de que se salde la deuda.
«La cantidad es muy grande. No creo que se pueda pagar todo. No creo que esa expectativa sea realista. No en la situación en que está el país. Esa expectativa no es realista», dijo Pesquera.
Morales desconoce si Pesquera ya conoce el cálculo exacto y si se lo informó a García Padilla.
«Pero la promesa del Gobernador está grabada», insistió Morales.
Figueroa agregó que «el Gobierno tiene que buscar ese dinero para la Policía; ese dinero se le debe a la Policía, aunque estoy de acuerdo en que el Gobierno pasado no dejó el dinero para pagar».
Figueroa, presidente de FUPO, cuya organización represente a cerca de 7,500 agentes, dijo que no se descarta trasladar el reclamo al Tribunal Federal en San Juan.
Queda sobre el tapete qué pueden hacer los policías, que en el cuatrienio pasado celebraron múltiples marchas y piquetes reclamando el dinero adeudado.
«No puedes afectar la seguridad del país por el hecho de que hay una deuda. Sería irresponsable llamar a brazos caídos. Hay que negociar con el Gobierno, pero de algún sitio tiene que salir el dinero», dijo Figueroa.
«Hay una prerrogativa de cada agente, cada uno, a defender sus derechos. Si los investigan por cualquier acción los estaríamos defendiendo», dijo por su parte Morales.
Según el legislador, este empleado es el que “da seguimiento a las terapias, ayuda con los enlaces para servicios con otras agencias y ayuda al maestro a sacar trabajos y ayudar directamente al estudiante”.
Sin embargo, el Comité de Padres de Niños con Impedimentos del Pleito de Clase de Educación Especial Rosa Lydia Vélez, emitió anoche un comunicado de prensa en el que calificó las denuncias de los legisladores de “politiqueras” y solicitó al Gobernador y al Secretario de Educación cancelar los contratos de los facilitadores.
Según el Comité, la antigua posición de coordinador, que impulsó como una ayuda a los maestros de educación especial, fue modificada por la pasada administración, que dio paso a los llamados facilitadores, cuyos salarios más altos fueron pagados con fondos ARRA que se agotaron el pasado mes de septiembre.
De otro lado, el pasado lunes la secretaria asociada de Educación Especial, Doris Zapata, negó que vayan a despedir a los facilitadores, y que por el contrario, necesitan reclutar 26 más para plazas disponibles porque al momento cuentan con 1,412 de estos empleados. “Los facilitadores están haciendo su labor y en ningún momento se ha contemplado despedir a nadie. La política de este gobierno no es despedir empleados, es crear empleos”, subrayó Zapata, cuyas expresiones contrastan no solo con la de los legisladores sino con las del Comité de Padres.
Aparecieron 100 millones para la UPR, me imagino que 225millones para la policia deben aparecer Prioridades ! http://www.elnuevodia.com/policianecesita$225millonesparasaldardeudaconagentesdelordenpublico-1436152.html …@notiuno
$34 millones en ‘overtime’
Corrección acuerda plan de pago a guardias penales
EL VOCERO / Archivo
Una de las primeras encomiendas que se propone llevar a cabo el nominado secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), es saldar la deuda millonaria que mantiene la agencia con los guardias penales por horas extras y que es eje en una demanda federal del Departamento del Trabajo.
La agencia les debe a sus oficiales penales $34 millones por el exceso de su jornada laboral correspondiente a los años 2004-2009.
“Tenemos un tremendo problema heredado por concepto de horas extras. Esta semana estaremos firmando un acuerdo con el Departamento del Trabajo federal para acordar el plan de pago mediante el cual vamos a saldar lo que se le debe a nuestro personal de seguridad en el DCR. Eso implica una de tres cosas; o que el personal está mal distribuido, o que tenemos falta de personal o ambas”, destacó José Negrón Hernández.
Para corregir esta situación desde su raíz, el exjuez superior Negrón Hernández, se propone analizar la distribución del recurso humano en su entidad pública con el propósito de determinar, el por qué hubo la sobreutilización de los oficiales correccionales y la subsiguiente millonaria deuda.
“Los nuevos altos oficiales de Seguridad en el DCR, el coronel Pedro Morales y el teniente Silvestrini, se supone que entre hoy (ayer) o mañana (hoy) me entreguen un informe para ver si tenemos un problema en la distribución del personal y si la tenemos, pues que me digan cómo vamos a redistribuirlos de tal forma para asegurar que tenemos el personal suficiente en cada una de las instituciones. Si con ese primer paso no podemos corregir el problema de las horas extras y cumplir con el caso Morales-Feliciano; tantos oficiales por tantos custodios, entonces podemos pedir hacer una nueva academia”, manifestó el también exdirector de Instituciones Juveniles del DCR.
Negrón Hernández –quien es exasesor de Seguridad de Sila Calderón- adelantó a EL VOCERO que no hará una pesquisa sobre la responsabilidad personal que tuvieron los pasados ejecutivos administrativos que permitieron la exorbitante deuda y la morosidad en saldar la totalidad de la demanda.
“Esa deuda ya está certificada por el Tribunal federal, con una sentencia final y firme. Así que lo que le compete al DCR es saldar la deuda y es por ello el acuerdo que estaremos firmando. No tengo información alguna que me inste a ningún tipo de investigación, más allá de cumplir con la sentencia federal y dar una garantía que eso no volverá a ocurrir”.
Desconoce demanda por cesantías
De otra parte, el nominado Secretario del DCR aseguró que hasta el momento no ha recibido la demanda por el cobro de $4 millones que entabló una organización sindical –representativa de los oficiales de Corrección– por concepto del despido injustificado de una veintena de guardias penales.
“Hasta el momento no he sido emplazado al respecto, por lo cual la desconozco. Ahora, cuando llegue a mis manos el asunto, lo atenderé como corresponde”, se limitó decir Negrón Hernández.
La demanda fue presentada el día 22 del presente mes por la Alianza Correccional Unida/SPU- AFSCME, gremio sindical que agrupa a los oficiales correccionales del DCR. En el mismo se exige el pago por concepto de salarios y beneficios marginales a los 20 oficiales destituidos, en su mayoría –según el interdicto y mandamus– por asuntos injustificados.
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