Comiencen por el principio con la salud

Comiencen por el principio con la salud

HERNÁN PADILLA   4 de febrero de 2013

El pueblo Puertorriqueño aspira a tener servicios de salud accesibles, de calidad, que le brinden una vida física y mental saludable. Para empezar, la nueva Administración debe de examinar las estadísticas del CDC de 2005 al 2008 que confirman que en Puerto Rico existía una alta incidencia de alcoholismo y adicción a drogas, hipertensión, adultos con limitaciones físicas y muertes por sida.

Puerto Rico obtuvo la “distinción” de ser primero en la nación en número de adultos asmáticos, aunque más del 60% de ellos se manejaban con medicamentos inapropiados. Segundo en diabetes, la mayoría de los cuales no se hacían las pruebas indicadas y el 82% no tenía el azúcar bien controlada.

Hernan Padilla

En noviembre del 2005, la Comisión para Evaluar el Sistema de Salud de Puerto Rico concluyó que no existía articulación ni colaboración entre las agencias que administran los fondos públicos para la salud. Un informe al gobernador Aníbal Acevedo Vilá sentenció que no existía una declaración de política pública para la promoción, prevención y protección de la salud ni tampoco para apoyar la educación de profesionales de salud y, además, que se había ignorado la Ley de Centros Médicos Académicos Regionales para que las escuelas de medicina y los centros médicos ofrecieran enseñanza para especialistas y profesiones relacionadas con la salud.

Para el 2008, 40,000 menores no tenían seguro de salud que ofreciera servicios médicos preventivos, curativos y de rehabilitación; 400,000 ciudadanos no contaban con un seguro; el acceso a médicos primarios y especialistas era limitado y el costo de los seguros, medicinas y servicios medico-hospitalarios era prohibitivo para gran parte de la población.

Ante esa descripción esquemática del pasado, la nueva Administración propone “crear una Junta Reguladora y Evaluadora del Sistema de Salud de Puerto Rico” para realizar las funciones que por ley corresponden a la Oficina del Comisionado de Seguros y de la Administración de Seguros de Salud.

Además, le asignará a esa nueva entidad burocrática la responsabilidad de brindar “acceso universal” al sistema de salud, mediante una cubierta general uniforme de “beneficios y tratamientos esenciales”, disponiendo que la persona, familia o grupo que desee recibir cubierta adicional por servicios y tratamientos, deberá pagar por los mismos, añadiendo cobertura adicional a su plan de cubierta general.

Ojalá que este compromiso no imponga racionamiento de servicios y costos adicionales para toda la población, especialmente de menos recursos económicos.

Es necesario que los que diseñen la nueva política pública sobre salud entiendan que los programas de salud en la Isla dependen significativamente de los fondos federales aprobados por el Congreso y sin los cuales más de 1.5 millones de puertorriqueños no recibirían servicios de salud.

La Administración de Seguros de Salud, que contrata y negocia las cubiertas de beneficios de salud física, mental, oral y de farmacia para la población cubre a 1,633,423 asegurados. El plan de salud del Gobierno (física, mental, dental y de farmacia) incluyendo Medicaid cubre a un 39% de la población. En comparación, el promedio de la cubierta en los 50 estados es de un 17%.

Sugiero que comiencen estudiando el origen y cuántos fondos sostienen el sistema de salud pública en Puerto Rico.

Para este año fiscal, el País cuenta con $1,077,375,000 en fondos federales de Medicaid, State Children Health Insurance Program y Prescription Drug Program Payments. Se incluyen además, fondos gestionados por la Administración anterior para adicionar entre 50,000 y 150,000 nuevos asegurados. También para garantizarle el acceso a los servicios médicos hospitalarios bajo la cubierta del plan Mi Salud a todos los asegurados certificados como elegibles por la oficina de Medicare.

Antes de proponer cambios al sistema de salud, es necesario adoptar un proceso abarcador que considere las aspiraciones, necesidades, expectativas, recursos, condición económica, limitaciones, costo proyectado y fondos necesarios para garantizar y cumplir con un “modelo de salud o acceso universal”.