“Fue bajo la gobernación de Acevedo Vilá en que la negligencia e irresponsabilidad gerencial adquirió caracteres alarmantes nunca vistos”

Aquellos que no conozcan el pasado están condenados a repetirlo
– George Santayana

La frase de epígrafe debería ser enseñada obligatoriamente en todas las escuelas de Puerto Rico. Y que se conozca que los primeros 10 años del Siglo 21, que vivimos, han sido calificados por muchos economistas como la década perdida en la historia de Puerto Rico. La negligencia gerencial –en algunos casos actos criminales configurados como delitos graves– que los administradores del Gobierno de Puerto Rico acometieron en esos años, no ha tenido precedente histórico en nuestra isla.

A través de la historia, Puerto Rico ha tenido gobernadores despóticos e insensibles hacia los derechos de las minorías. Casos emblemáticos son Laureano Sanz y Romualdo Palacios en el Siglo 19, siendo colonia de España, y el general Blanton Winship en el Siglo 20, siendo colonia de Estados Unidos. Sin embargo, gobernadores, aunque no despóticos, pero sí negligentes crasos en la gobernanza en Puerto Rico no los habíamos visto nunca hasta el advenimiento de dos personajes fantasmagóricos como son Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá. Con mayor grado de negligencia en Acevedo Vilá que en Sila, quien en una ocasión llegó a decir, frescamente: “Lo bueno del gobierno es que el dinero no se termina nunca”.

Fue bajo la gobernación de Acevedo Vilá en que la negligencia e irresponsabilidad gerencial adquirió caracteres alarmantes nunca vistos. En su último presupuesto, el de 2008, los ingresos proyectados del Gobierno fueron de $7,658 millones, pero los gastos totales llegaron a $11,096 millones para un déficit presupuestario de $3,438 millones. A esto se añade que en cuentas a pagar, por el Gobierno, la cantidad real resultó ser, aproximadamente, $900 millones. Por cuatro años la administración de Acevedo Vilá emitió cheques por cantidades millonarias que luego se guardaron en cajas de cartón y nunca se contabilizaron ni informaron. Fue una actuación más criminal que negligente. Por eso, cuando Luis Fortuño tomó posesión del gobierno se encontró con una situación fiscal nunca antes vista en la historia económica de Puerto Rico. El cuadro era desolador y las expectativas de alguna mejoría eran, prácticamente, ningunas.

La labor de Fortuño para atajar el déficit ha sido titánica y sin precedentes. Lo que hacen ahora países europeos en situación crítica, como Portugal, España, Grecia e Irlanda, lo comenzó a hacer Puerto Rico desde enero de 2009. La administración de Acevedo Vilá tenía proyectada la cesantía de alrededor de 30 mil personas de la nómina pública. La situación fiscal que crearon no tenía otra escapatoria. Por eso, en la pasada campaña política, indicándoles sus encuestas una segura derrota, advirtieron el recorte laboral que se llevó a cabo. Sin embargo, la política fiscal que tomó la actual administración gubernamental logró que la cantidad de empleados a ser cesanteados, según los análisis hechos, se redujera a menos de la mitad: solo 12,505. Además, por primera vez en muchos años, se legisló para otorgarle una rebaja contributiva a la clase asalariada y se aumentó la cantidad de personas con derecho a la tarjeta de salud, lo que no se ha hecho en ningún país de Europa. Hoy día no pagan contribuciones sobre ingresos los que ganan al año hasta $20 mil y hay más puertorriqueños en el programa de salud.

Todo se logró metiendo el Gobierno la mano en el bolsillo de las grandes empresas y de las compañías multinacionales, que a través de los años, bajo gobiernos Populares, han disfrutado de exención contributiva a razón de un 100% anual. Aunque debemos significar que esto no es nuevo en el Partido Popular. Desde mediados de la década del 40, cuando comenzó el programa de Manos a la Obra –importación de capital–, con estas compañías recibiendo subsidios de agua y luz, salarios bajos, cero uniones obreras, renta nominal de $1.00 al año y, por supuesto, cero contribuciones, el Partido Popular ha sido fiel a la política de que estos sectores no deben pagar contribuciones al gobierno, aunque el pueblo trabajador, todos los años, pague de sus exiguas ganancias la parte que estas compañías no aportan. Irónicamente, es una filosofía económica identificada más con el Partido Republicano de Estados Unidos que con el Partido Demócrata.

Es una afrenta al pueblo que un sector de la prensa en Puerto Rico asuma una postura proselitista con la estrategia fiscal de la actual administración gubernamental y desconozca, a su vez, un tema vital como son las finanzas del gobierno. No podemos olvidar el pasado –distante ni reciente–, el pueblo debe estar enterado que la situación fiscal que encontró Fortuño es, verdaderamente, la anatomía de un desastre.