González denunció la falta de análisis de una medida de tal envergadura.

La portavoz de la Delegación del Partido Nuevo Progresista, Jenniffer González Colón, calificó como improvisada, inconstitucional, que no crea los empleos prometidos, con posturas contradictorias, como un engaño el P. de la C. 599, denominado como la Ley de Empleo Ahora, cuyo costo provendría del fondo general y sería incluido en el ajuste por combustible de la Autoridad de Energía Eléctrica.

Durante su turno en el Hemiciclo, González denunció la falta de análisis de una medida de tal envergadura, cuyo informe es de tan solo 5 páginas y el cual no cuenta con la opinión de las agencias a las cuales impactaría, en cuyas vistas públicas los representantes de las agencias gubernamentales ni siquiera conocían los costos de la implantación de la medida, se desconoce la fuente de repago los incentivos y reembolsos contemplados.

“Esta Delegación del PNP es la primera en apoyar medidas para la creación de empleos, pero hay que hacerlo responsablemente. Con este proyecto son los asalariados, la clase media que no recibe subsidios los que tendrán que pagar el invento. En la campaña hablaron de crear empleos para todos, pero el proyecto solo habla de crear empleos para los desplazados por la Ley 7, que no son treinta mil como dicen, lean los informes y sabrán que fueron 12,500. ¿Ustedes investigaron cuántos de esos ya tiene empleo o cuantos empleos generará esta medida?”, denunció González Colón.

González reprochó que la delegación popular quisiera a su vez con este proyecto crear un “Proceso Alterno para la Evaluación y Concesión de Permisos”; sin embargo, durante el cuatrienio pasado le votaron en contra, tanto en Cámara como en Senado, a la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, legislación en la cual no creyeron y a la cual recurren ahora, pero de forma atropellada al proponer en aprobar los permisos en un término de 24 horas, sin fiscalización alguna.

A su vez, alertó sobre las implicaciones económicas en los municipios ya que no van a recibir ningún tipo de recaudos de las compañías establecidas, esta medida es ilegal a su vez que contraviene con los contratos que puedan tener los municipios.