En días recientes ha vuelto a la palestra pública el debate sobre si los legisladores ganan mucho o lo justo (a penas se ha argumentado si ganan poco).

Este debate se da dentro del contexto de la implantación de una de las promesas de campaña de la administración entrante de limitar el gasto de la Legislatura. Entre las medidas está celebrar una sola sesión ordinaria en vez de dos, y eliminar las dietas por vistas de comisiones legislativas. Sin embargo, la medida que más genera discusión y la más que causa renuencia de parte de los legisladores es la de regresar al concepto del legislador ciudadano.

Antes de ir a los méritos de la medida de reinstaurar el concepto del legislador ciudadano, veamos la realidad del gasto del funcionamiento de la Legislatura. Para el año fiscal en curso 2012-2013, el presupuesto consolidado del Gobierno de Puerto Rico (Fondo General, ingresos propios, aportaciones federales, préstamos, etc.) asciende a $29.1 mil millones; mientras que el Fondo General asciende a $8,750 millones. El presupuesto del funcionamiento de la Legislatura es de $133 millones. Esto representa la ínfima cifra del 0.45% del presupuesto consolidado o el 1.52% del Fondo General. Para la rama que se supone sea la más representativa del poder soberano del Pueblo en una democracia, el presupuesto legislativo no es una carga significativa ni sustancial al fisco. Lo cual nos lleva a cuestionarnos de dónde surge la alegada exigencia del “Pueblo” de controlar el gasto de la Legislatura.

Mi teoría es que ese reclamo de controlar el gasto de la Legislatura no surge espontáneamente del Pueblo. Más bien surge de las voces en la Prensa que cubren diariamente la ejecutoria de nuestros legisladores. Esa cubertura de la Prensa, cada vez más parcializada, juzga y prejuzga a los legisladores, con o sin razón. Esto forma opinión pública y, consiguientemente, sectores de la ciudadanía expresan frustración pidiendo recortes al presupuesto legislativo.

Ese proceso formativo de opinión pública denota que la indignación o coraje o molestia del Pueblo con la Legislatura no es verdaderamente uno de índole económico, sino de ejecutoria. Es decir, no es que necesariamente se objete a la compensación de los legisladores, sino a quienes ocupan dichas posiciones dado la pobre preparación, capacidad, competencia y calidad de los legisladores.

Habiendo consignado el exiguo impacto fiscal que tiene el funcionamiento legislativo sobre el presupuesto gubernamental, examinemos el concepto del legislador ciudadano. En resumen, el legislador ciudadano es aquel que no necesariamente tiene que dedicarse a tiempo completo todo el año a su función legislativa. Ese legislador ciudadano podría dedicarse a otros oficios. Así funcionaba nuestra Legislatura hasta el 1997 cuando entró en vigor el concepto del legislador a tiempo completo en respuesta a la alegada percepción generalizada de que los legisladores habían descuidado su compromiso de servicio al Pueblo, al dedicarse a otros menesteres remunerados ajenos a la función legislativa.

Ciertamente, antes del 1997 tuvimos una buena muestra de legisladores que no solamente descuidaron su función legislativa sino que violaron la ley al utilizar sus puestos para dedicarse a otros menesteres. Esa experiencia se utiliza como argumento en contra de volver a instaurar el concepto del legislador ciudadano. Complementando dicha postura en contra está el argumento de que el concepto del legislador ciudadano es elitista y atenta contra aquellos ciudadanos cuyos oficios le impedirían ser legisladores. Se cita con frecuencia el ejemplo del maestro(a) que por no ser médico o abogado no tiene la facilidad de ganarse su sustento de la misma manera que estos profesionales.

No obstante, dichos argumentos no son sostenibles. Si bien es cierto que hubo legisladores ciudadanos que abusaron de su poder, no es menos cierto que entonces no existían los controles que hoy sin duda tendríamos para evitar semejante comportamiento (códigos de ética estrictos, más fiscalización gubernamental y de la Prensa, etc.). Además, ser legislador ciudadano no atentaría contra aquellos maestros o policías que quisieran ser legisladores porque estoy seguro que la compensación como legislador a tiempo parcial sería mayor que la que actualmente reciben.

Lo que ha resultado evidente es que la calidad de nuestros legisladores, y por consecuencia su ejecutoria, se ha deteriorado a través del tiempo. Una de las razones principales para esto es el concepto del legislador a tiempo completo, pues dicho esquema atrae a personas que jamás ganarían lo que ganan como legislador, fomentando así la perpetuación del carrerista político.

Revive la pugna por la reforma legislativa

Tras el primer pago de dietas, Bhatia dijo que no había recibido ningún proyecto de La Fortaleza para promover cambios al sistema

Bhatia indicó que espero 30 días porque llegara un proyecto sobre la reforma legislativa. (ismael.fernandez@gfrmedia.com)

Por ELNUEVODIA.COM