La Ley de Empleos Ahora es susceptible a ser impugnada en el tribunal porque, previo a su aprobación, no se produjo una certificación del Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM), observó el senador Carmelo Ríos, del Partido Nuevo Progresista.

Incluso, el también portavoz alterno del PNP no descartó que próximamente varios alcaldes podrían someter una demanda para frenar su vigencia.

Ríos recalcó que no se cumplieron los requisitos procesales establecidos por ley al dar paso a una legislación de impacto fiscal y señaló que previo a su aprobación era necesario una certificación sobre el mismo asunto por parte de la Oficina Central de Asuntos Municipales.

Ambos señalamientos fueron hechos por Ríos al inicio del debate en la sesión ordinaria de este lunes, previo a la aprobación de la Ley de Empleos Ahora en el Senado, pero la mayoría parlamentaria determinó que el estatuto tiene un efecto neutro o que no hay impacto en el erario.

No obstante, Ríos refutó este planteamiento de la mayoría parlamentaria que controla el Partido Popular Democrático.

Según Ríos, el impacto fiscal de la Ley de Empleos Ahora se traducirá eventualmente en «un nuevo aumento en la tarifa de la Autoridad de Energía Eléctrica», por entender que será mediante un nuevo ajuste de combustible que se pasará «factura al consumidor» por el costo de los créditos energéticos garantizados por el estatuto creado para impulsar empleos.

Recordó que las fuentes de repago están garantizadas por ley para los bonistas de la AEE, pero la ley obliga a la junta de esa corporación a crear un fondo especial para mitigar el impacto del estatuto, pero como no tienen opción de nuevos préstamos, «eventualmente se pasará factura a los abonados».

«Será un aumento adicional al ya determinado», subrayó al plantear que la ley orgánica de la AEE no permite donativos. Recordó, entre otros escollos inmediatos, que la corporación «no tiene capacidad de atender más allá del año presupuestario», compromisos fiscales preexistentes.

Insistió en que el gobernador Alejandro García Padilla y la nominada secretaria de Hacienda, Melba Acosta, tienen que explicar «de dónde saldrán más de $100 millones que la ley obliga a separar mediante un Fondo de Amortización en la AEE» con el objetivo de cubrir los créditos contributivos al que se podrán acoger las empresas que resuelvan crear nuevos empleos.

«Ante la difícil situación fiscal de la AEE, la otorgación de créditos de energía, que no es otra cosa que el regalo de energía mediante la no facturación, no planificada por la AEE, y ante el anuncio ya hecho al pueblo de un potencial aumento de 30% en todos los renglones, sin contar con que está por verse el potencial impacto por los convenios colectivos (en esa corporación), no tenemos duda alguna que el potencial aumento en la facturación de la luz será muchísimo mayor al ya anunciado», puntualizó Ríos.

Después de su extensa crítica negativa a la Ley de Empleos Ahora y tras declarar que la Ley 7 que aprobó la mayoría parlamentaria del PNP en el pasado cuatrienio era «la única alternativa» ante las circunstancias del momento, el senador planteó que la opción de creación de empleos está centrada en impulsar el cooperativismo.

Al legislador se le cuestionó por qué desde el pasado cuatrienio, cuando estaban en mayoría no adoptaron medidas agresivas para volver a emplear a miles de personas despedidas debido a la vigencia de la Ley 7, pero Ríos respondió que el impacto de ese estatuto ha sido magnificado.

Alegó que no quedaron en la calle 30,000 personas, sino 11,000 e insistió en que «el gobierno no puede ser la primera fuente de empleos del país».

Dijo que el sistema cooperativo podría servir para impulsar la industria hotelera de los paradores y encaminar incentivos para que esas hospederías empleen más gente. Estimó que mediante el impulso al cooperativismo pequeños agricultores que operan tierras de 10 a 12 cuerdas podrán crear cooperativas de consumo útiles para revitalizar la economía.

Opinó que hay que dar trato preferencial a los agricultores, más allá de darles incentivos para la compra de abono o maquinaria.

Opinó que se puede atraer a los jóvenes a trabajar en la agricultura, pero con tecnología moderna, así como en cultivos hidropónicos y no centrarse en impulsar tanto empleos en los comercios, como vislumbra la Ley de Empleos Ahora para la que reafirmó un augurio negativo en sus pretensiones de adelantar bienestar para el país.