“37mil corporaciones locales no pueden producir la misma actividad económica que generan alrededor de 40 empresas de afuera de la Isla”

En el año 2009, cuando Luis Fortuño tomó posesión como gobernador, el Presupuesto de Gastos del Gobierno de Puerto Rico tenía un déficit de más de $3,300 millones. Al concluir su mandato, sin embargo, informó que el mismo había sido reducido a poco más de $300 millones. A partir de esa divulgación, todos los esfuerzos de la nueva administración han estado dirigidos a impugnar ese estimado al punto que ahora alegan que el déficit actualmente excede los $2,000 millones. Mientras tanto, no se ha visto ninguna propuesta dirigida a resolver de raíz el problema de la merma en la actividad económica de la cual el déficit es meramente un síntoma y que se manifiesta en la reducción en los recaudos que está generando nuestra economía.

Los números disponibles en la página ‘web del Departamento de Hacienda demuestran que, en el año fiscal 2008, los recaudos netos al Fondo General se redujeron en comparación con el año anterior ($8,359 millones en el año 2008 vs. $8,862 millones en el año 2007). Desde entonces, los recaudos no se han recuperado y se han mantenido por debajo del nivel recaudado en el año 2007. Incluso la proyección de recaudos en el presupuesto vigente ($8,750 millones) es menor a los ingresos reales que obtuvo el gobierno hace seis años.

Históricamente, en Puerto Rico se ha seguido una estrategia económica que gira en torno a darle beneficios contributivos a las empresas ‘foráneas’ con la esperanza de que estas produzcan un desarrollo económico que beneficie al sector local de nuestra economía. En la realidad, sin embargo, a nivel macroeconómico, ese beneficio no se ha materializado. Por el contrario, esa estrategia ha llevado al gobierno a imponerle unas altas cargas contributivas a las empresas puertorriqueñas para sufragar las aportaciones que no hacen las empresas de afuera. Eso ha contribuido a impedir el desarrollo de una clase empresarial local realmente vigorosa. El efecto de lo errada que ha sido esa estrategia económica lo estamos viendo en los recaudos contributivos que recibe el erario. Esa misma estrategia, que tan perjudicial ha sido para la Isla, es la base sobre la cual se fundamenta el actual estatus político de Puerto Rico.

En parte, para comenzar a corregir esa estrategia económica equivocada, mediante la Ley Núm. 154 de 25 de octubre de 2010, se le impuso un arbitrio a ciertas empresas ‘foráneas’ que operan en Puerto Rico. Ese arbitrio no constituye una contribución sobre ingresos ni aplica a transacciones de compra y venta en la Isla. Por el contrario, ese arbitrio solamente aplica a las ventas que esas compañías ‘foráneas’ realizan a sus afiliadas fuera de la Isla.

En su origen, ese arbitrio se estructuró de forma decreciente y por un tiempo limitado. El arbitrio comenzó en el año 2011, aplicando para ese año una tasa de 4.0%. De ahí en adelante, el arbitrio se redujo a 3.75% en el año 2012, 2.75% en el año 2013, 2.5% en el año 2014, 2.25% en el año 2015 y 1.0% en el año 2016, luego del cual terminaría.

Ese arbitrio le aplica, solamente, a alrededor de 40 corporaciones. Aun así, de acuerdo al Departamento de Hacienda, el mismo le generó al Gobierno de Puerto Rico recaudos que ascendieron a $678 millones en el año fiscal 2011 y $1,883 millones en el año fiscal 2012.

Para ese mismo año fiscal 2012, que fue el primero para el cual ese arbitrio estuvo vigente durante sus 12 meses, y durante el cual las empresas ‘foráneas’ le generaron al Gobierno de Puerto Rico recaudos de $1,883 millones, la contribución sobre ingresos que pagaron todas las corporaciones locales ascendió a solamente $1,441 millones. Por otro lado, el Departamento de Hacienda reporta que para el año 2008, que es el año más reciente para el cual están disponibles los datos de radicación, se radicaron alrededor de 37 mil planillas de contribución sobre ingresos corporativas. Usando ese dato como base, los datos anteriores significan que 37mil corporaciones locales no pueden producir la misma actividad económica que generan alrededor de 40 empresas de afuera de la Isla. Ese dato, probablemente mejor que ninguno otro, ilustra el fracaso económico del actual estatus político y de la estrategia económica que el mismo representa.

En días recientes, la actual administración anunció que aprobará legislación que eliminará la naturaleza decreciente del arbitrio a las corporaciones ‘foráneas’, fijándolo en 4%, y lo extenderá hasta el año 2017. Esa acción constituye la primera vez en la historia de Puerto Rico que un gobierno controlado por el Partido Popular Democrático le impone contribuciones a las empresas ‘foráneas’. Al así hacerlo, el propio partido que lo promulgó, y lo ha defendido, finalmente admite que el actual estatus político fracasó.