La semana pasada expresaba que me preocupaba el abismo que hay entre las expectativas de nuestro Pueblo y nuestra realidad económica. En específico, me cuestionaba cómo el Gobierno iba a satisfacer esas expectativas cuando encaramos un huracán fiscal de categoría 5. Y ese huracán fiscal es inminente e impostergable.
Ahora me pregunto cómo será la respuesta del Pueblo cuando azote ese huracán fiscal. Sé la magnitud de las decisiones de austeridad que se tendrán que tomar; y harán de la Ley 7-2009 un pellizco en comparación. Pero se me hace difícil augurar si nuestro Pueblo se enfrentará heroicamente al reto económico que se avecina, o si caerá en negación.
Y es que lo que he escuchado recientemente de mis conciudadanos es preocupante. Cuando la gente se me acerca y me pregunta cuáles medidas de austeridad podrían venir por parte del Gobierno, muchos no lo pueden creer y me cuestionan la necesidad de las mismas. Cuando se dan cuenta de la necesidad de las mismas, escucho con asombro algunas de sus posiciones finales: “No importa, lo que tiene que hacer el Gobierno es tirar chavos a la calle y que los saque de donde sea”, me decía una señora. “El Gobernador tiene que ser parte de la solución y no ser el problema como fue el anterior. Si el Gobernador no tiene chavos pues que haga su trabajo y se monte en un avión y le diga a Obama que acabe de enviar más dinero para acá”, me comentaba un muchacho. “Eso mismo, que empiecen a imprimir dólares para que esto mejore. Para eso los elegimos”, remataba otro señor. La señora era Popular y no tenía educación universitaria; el muchacho era estadista y se había graduado de bachillerato en Contabilidad hace un año; y el señor era independentista y tenía un doctorado en Humanidades. En resumen, un pequeño retrato de nuestro Pueblo.
Esta anécdota resalta el analfabetismo económico que existe en Puerto Rico. Y por analfabetismo económico quiero decir desconocimiento de principios básicos tales como la escasez y limitación de los recursos, así como los mecanismos de distribución de esos escasos y limitados recursos para satisfacer necesidades o deseos. Dichos principios básicos afectan nuestras vidas, tanto por las decisiones que tomamos como individuo (nivel micro) así como sociedad (nivel macro).
No es que ser un analfabeta económico sea un pecado. Es simplemente una limitación significativa para entender la realidad y para tomar mejores decisiones. Lamentablemente, es dentro de este contexto de analfabetismo económico colectivo que el Gobierno tendrá que explicar las medidas de austeridad que se avecinan.
Si el cambio de gobierno provocó informes particulares en el mercado de bonos en Estados Unidos respecto al futuro económico de Puerto Rico, el paquete de degradaciones de las casa acreditadoras el último mes y medio y los avisos de nuevas clasificaciones, mantienen a los analistas en la consideración de nuevas proyecciones para la Isla.
Por ejemplo, uno de los reportes más difundidos entre bonistas del mercado municipal, “Post-Election Puerto Rico: Systemic Risk or High Yield Opportunity”, fue publicado a días de las elecciones por la firma Axios Advisors LLC, y sus analistas ya trabajan en la revisión. Axios Advisors es una firma independiente de investigación, con su sede en Chicago, Illinois.
A las degradaciones recientes de gran parte de los bonos locales se añadió como cambio, la revisión a la baja en la proyección económica que realiza la Junta de Planificación de Puerto Rico (JP), que retrata un escaso progreso económico y menos aires de crecimiento.
Carol Karsten, una de las asesoras de Axios Advisors, quien junto a Triet Nguyen prepararon el mencionado informe, confirmó a EL VOCERO que “en estos momentos estamos trabajando en una actualización de ese informe, que fue publicado inmediatamente después de la elección”.
“No estamos sorprendidos por las clasificaciones adoptadas por Moody’s, S&P y Fitch. Consideramos estas declaraciones de las agencias clasificadoras simplemente como una advertencia para el gobierno entrante para que pueda mantenerse en el camino fiscal establecido por la administración anterior”, dijo Karsten, a preguntas sobre los cambios ocurridos tras la publicación de su reporte.
Mientras, en relación a la revisión de la JP, comentó que “tiene sentido para nosotros, dada la recuperación muy tibia del PIB real y el sector de empleo en Puerto Rico”.
Karsten no adelantó el giro que pueda tener la actualización de su informe ni la fecha en que se hará público.
El informe menciona que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus dependencias “ocupan una posición muy singular y crítica en el mercado de bonos municipal de Estados Unidos”, ante la triple exención de leyes federales, estatales y locales. Habla de que la Isla tiene una deuda de $67 mil millones en fondos mutuos y destaca que los inversores en el mercado municipal “nunca han estado del todo cómodo con los asuntos fiscales del ELA, sobre todo porque la economía local carece de una verdadera diversificación e históricamente ha sido apoyada por incentivos fiscales a gran escala”.
Además, indica que hay preocupaciones sobre el panorama de crédito ya que “Puerto Rico ha alcanzado un nuevo máximo (de deuda) en los últimos meses”, con un bajo desempeño en el rendimiento de sus bonos en el mercado municipal. Adelantaban en noviembre que ante las debilidades del crédito, debía permanecer en un grado inferior de inversión. …
No saben cómo lidear con los aumentos que se avecinan
Ante su panorama precario, la maestra desempleada Melissa Repollet ha decidido abonar solo $60 mensuales a su factura de luz y hasta vender empanadas rellenas.
( andre.kang@gfrmedia.com)
martes, 19 de febrero de 2013
Leysa Caro González / lcaro@primerahora.com
Melissa Repollet paga $60 mensuales de luz. De seguro, algunos pensarán: “Wow, ¡qué factura tan privilegiada!”. Sin embargo, no es como se pinta.
La factura de electricidad de Melissa, madre de dos niñas y quien lleva tres años prácticamente desempleada, es mayor. Simplemente, decidió un buen día que esa es la cantidad que va a pagar. No tiene para más.
¿Que cómo va a enfrentar los aumentos en los servicios que se avecinan? Ni idea.
“Abono $60 mensuales para que no me corten la luz, pero casi siempre vengo corriendo con dos facturas atrasadas y, ahora, si me aumentan $15 más, me descuadran el presupuesto, más encima de eso me aumenta la gasolina”, indicó.
Melissa no puede esconder en su voz, mucho menos en su rostro, la frustración que siente. Posee un bachillerato en educación, es maestra certificada y no consigue trabajo. Lleva tres años brincando en empleos temporeros mal remunerados, sin beneficios marginales y de los cuales la despiden una vez llega el momento de renovar el contrato.
¿Te frustras?
Todo el tiempo. Ahora mismo yo no tengo plan, no sé qué va a pasar.
Al momento de esta entrevista, Melissa cumplía con un contrato para ofrecer tutorías de 20 horas de servicio. Ya estaba a punto de culminarse y, con ella, esa entrada segura de, al menos, $150 semanales.
Relató que ha hecho de todo en su batalla diaria de sobrevivencia, hasta vender empanadas rellenas de carne y pollo por el Viejo San Juan. “Hago de 10 a 15 diarias cuando necesito dinero y voy a diferentes negocios y les vendo… ya la gente me conoce. Algunos me compran por cooperar y a otros les gustan. Sus medios para que compren no me importa… yo necesito el dinero”, sostuvo.
“A veces uno piensa que debería tener más vergüenza porque el título costó, pero yo tengo que echar eso a un lado para tener un poco de dinero y echar gasolina”, agregó Melissa, que puede comer gracias, en gran parte, al PAN.
La historia de Rosa Román, de 46 años y natural de Aguada, es un poco distinta, pero el final sigue siendo el mismo que el de Melissa: no tiene con qué enfrentar los aumentos.
Rosa tiene dos empleos para poder vivir junto a sus dos hijas adolescentes. Es maestra de terapia en un instituto y tiene un salón en la parte posterior de su hogar, donde da masajes. Este último es inestable, así que ni aun así le da el dinero.
“A veces he tenido que verme y deseármela”, reconoció.
Para Rosa, un mes bueno, económicamente hablando, es aquel en el que recibe una entrada de entre $800 y $1,000 y, que conste, a veces no los tiene. “Me salva la pensión alimentaria, que la exigí semanal para que no le falten los alimentos a mis hijas”, expresó la mujer, que no paga renta y tiene a sus hijas en escuelas públicas.
La apretada situación económica la ha llevado a recortar gastos, especialmente aquellos de índole recreacional, como ir al cine y a comer.
“Tengo dos trabajos para poder sustentar a mis hijas y con eso sé que pongo en riesgo a la familia también. Si el Gobierno fuera a ayudar, debería ayudar a esas madres trabajadoras y, por lo menos, aliviarles la carga económica”, apuntó.
Para Melissa, por su parte, la clave está en que el Gobierno trabaje en la creación de empleos seguros en los que las personas se vean a largo plazo.
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