WASHINGTON – A partir del viernes, la “confiscación” fiscal podría colocar en riesgo miles de empleos, limitar funciones del Gobierno federal en Puerto Rico y comenzar a implantar un recorte de $126 millones en fondos que se extendería de marzo a septiembre.

Aunque el comisionado residente Pedro Pierluisi insistió ayer en que, al final del año fiscal federal vigente la Isla recibirá más fondos federales que en el anterior, los recortes del proyecto de confiscación fiscal son inminentes.

A nivel federal, la tijera de la confiscación eliminará, entre marzo y septiembre de 2013, unos $85,000 millones en programas sociales y militares.

En los próximos nueve años fiscales federales, como parte de los esfuerzos para reducir el déficit presupuestario estadounidense, los recortes anuales del proyecto de esa legislación rondarán los $120,000 millones anuales.

De acuerdo con un estudio de la Universidad de George Mason, en Virginia, las reducciones de fondos federales pueden colocar en riesgo 5,237 empleos en Puerto Rico, unos 2,180 de ellos vinculados a empleados o contratos del Departamento de Defensa.

Para Pierluisi, los datos del estudio deben tomarse como conjeturas.

El grupo Federal Funds Information for States –creado por la Asociación de Gobernadores y la Conferencia de Legislaturas Estatales de Estados Unidos– ha estimado en $126 millones la baja en asignaciones federales originalmente proyectadas para la Isla entre los meses de marzo y septiembre. Para todos los estados y territorios, el recorte en subvenciones federales se acerca a los $5,800 millones.

Aunque no ofrece aún un desglose sobre el efecto directo en Puerto Rico, la Casa Blanca reafirmó ayer que en total 800,000 empleados civiles del Pentágono y 47,000 de la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) pueden perder horas de trabajo. Cientos de maestros, además, pueden quedar sin empleo en Estados Unidos, dijo la Casa Blanca.

La reducción de jornada en la FAA puede provocar retrasos en los aeropuertos y menos controladores aéreos en jornadas nocturnas.

En todo Estados Unidos, el estudio de George Mason calcula que –en momentos en que el gobierno de Barack Obama aún busca impulsar la decaída economía estadounidense– la confiscación pone en peligro alrededor de 2.1 millones de puestos de trabajo.

Atento el Gobernador

En la conferencia de la Asociación de Gobernadores (NGA, en inglés) se ha discutido la posibilidad de que los recortes afecten adversamente a las guardias nacionales estatales, indicó el gobernador Alejandro García Padilla.

En programas sociales discrecionales, la orden al Ejecutivo federal es recortarlos horizontalmente en 9%.

“Aunque es importante mantener un control de los gastos del Gobierno, esa no puede ser la estrategia principal para sacar a Estados Unidos y a Puerto Rico del estancamiento económico. Estamos esperanzados en que se logre una solución”, indicó García Padilla, quien se integró en la NGA al Comité de Salud y Seguridad Interna y anoche cenaría, junto con los demás gobernadores, en la Casa Blanca con el presidente Obama.

De los recortes generales se excluyen algunos de los programas que más benefician a la Isla, como Asistencia Nutricional (PAN), Medicaid, TANF, Seguro Social, las becas Pell, veteranos, salarios de militares activos y fondos para carreteras, indicó Pierluisi.

El presidente Obama y los demócratas del Congreso han pedido retrasar otra vez la vigencia de la llamada confiscación fiscal, como se hizo al terminar 2012, para “comprar tiempo”.

Pero hasta anoche parecía improbable que los republicanos, que hasta hace poco temían el efecto la confiscación fiscal en la preparación militar estadounidense, acepten un acuerdo que permita retrasar o sustituir los recortes.

Los líderes republicanos, como el presidente cameral, John Boehner, han tratado de sacarle partido al asunto, al recordar que el plan de la confiscación fiscal fue un plan lanzado por la Casa Blanca durante las negociaciones de 2011 en torno a la deuda pública federal.

La negativa de los republicanos a sustituir los recortes con por lo menos el cierre de huecos tributarios que benefician a los más ricos ha impedido una negociación que sustituya los recortes automáticos del secuestro fiscal, reafirmó ayer Dan Pfeiffer, asesor del presidente Obama.

En su mensaje radial sabatino, el presidente Obama indicó que “desgraciadamente” los congresistas republicanos han decidido “que la responsabilidad de esos recortes recaiga en la clase media en lugar de lograr un compromiso, en lugar de pedir algún tipo de sacrificio de los estadounidenses más adinerados”.