“La situación en Puerto Rico con el nuevo gobernador es claramente peor que antes y sigue empeo-rando por la incompetencia de él y de su administración”

En noviembre del año pasado, muchas personas en Puerto Rico tuvieron unos deseos intensos: unos desearon castigar a Luis Fortuño por la Ley 7, los despidos y la falta de empleos; otros desea-ron desquitarse por la cuota en la UPR o por el precio de la electricidad; hubo penepés que fueron castigados por ser rossellistas y tuvieron el deseo intenso de quedarse en su casa el día de las elec-ciones; y, otros deseaban ver un nuevo plan económico que tratara de lograr que la Isla superara la recesión. Fueron suficientes estos ‘deseadores’ como para que se les cumpliera su deseo: sacaron a Fortuño… pero, como resultado, ahora tienen a AGP. Debieron haber sido advertidos: cuidado con lo que desean… que se les puede convertir en realidad.

La situación en Puerto Rico con el nuevo gobernador es claramente peor que antes y sigue empeo-rando por la incompetencia de él y de su administración. Tan mala es la perspectiva, que ya hay quienes se atreven a musitar que AGP no podrá completar su término.

Poder cambiar de gobernante al gusto del Pueblo es axioma fundamental de nuestra democracia. Pero, para evitar el caos, el cambio debe hacerse de acuerdo a unas normas, a unas reglas del jue-go, que consignamos en la Constitución y las leyes. En nuestro sistema las reglas son claras, las elecciones ocurren a términos fijos, cada cuatro años elegimos un gobernador y no se puede inte-rrumpir su mandato excepto por incapacidad física, renuncia o veredicto de culpabilidad en un juicio de residencia.

Para residenciar, la Cámara de Representantes, con el voto de dos terceras partes de sus miembros, debe acusar al gobernador (no de incompetencia o políticas equivocadas sino) específicamente, de traición, soborno, o de delitos graves o menos graves que impliquen depravación. Entonces el Se-nado, presidido por el juez presidente del Tribunal Supremo (en este caso Federico Hernández Denton) tiene que hallarlo culpable por el voto de tres cuartas partes de los senadores. Como pue-de ver, es imposible que eso suceda a menos que ocurrieran cosas que no podemos prever. Para lograrse, el residenciamiento tiene que ser un proyecto de consenso dirigido por la mayoría legis-lativa contando con el apoyo de las minorías. El proceso está diseñado para que la expulsión de un gobernador no ocurra y, finalmente para asegurar que el control del gobierno continué en manos del partido del gobernador.

Aun así, para completar el análisis, considere si ocurriera una renuncia o una expulsión por juicio de residencia. En tal caso, nuestra Constitución no ordena una nueva elección como en los regí-menes parlamentarios, sino que ocupa la posición de gobernador el Secretario de Estado, en este caso, David Bernier, por el resto del término para el que fue electo el gobernador. Es decir, cada gobernador tiene el poder constitucional de escoger su potencial sucesor en caso de que no pueda completar su término; y, por supuesto, su selección siempre va encaminada a asegurarse que el resultado de la opción de expulsarlo sea menos deseable que retenerlo. David Bernier en sus vistas de confirmación hizo gala de sus tendencias separatistas y de sus ideas para alejar la economía de Puerto Rico de la americana resonando tonalidades del chavismo de Nuestra Cruz de la Capital. Así que, si sueñan con ver a AGP fuera de la gobernación ahora mismo, ya los previne. Cuidado con lo que desean…

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