La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) habría recomendado la privatización del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (LMM).

La rama Ejecutiva –particularmente el equipo financiero y económico de la administración de Alejandro García Padilla– esperaba anoche por que la FAA emitiera la resolución o récord de decisión que daría paso a la privatización, bajo el modelo de alianza público-privada (APP), de la principal puerta de conexión aérea del Caribe. Empero, la recomendación favorable vendría de la mano con ciertas condiciones, que aplicarían particularmente a la Autoridad de los Puertos (AP), supo El Nuevo Día.

De concretarse tal decisión hoy, sería la tercera vez en 16 años, desde que el Congreso federal creó el programa piloto de privatización de aeropuertos, que la FAA recomendaría ese curso de acción con una infraestructura de transporte aéreo.

La primera privatización fue el aeropuerto internacional de Stewart en el 2000, instalación que regresó a manos del Gobierno siete años más tarde. Ahora, Stewart es operado por la Autoridad de los Puertos de Nueva York y Nueva Jersey.

La segunda privatización que la FAA recomendó fue el aeropuerto de Midway, en Chicago, pero la transacción no se concretó por la crisis financiera del 2008.

Los peros de la FAA

En el caso del LMM, la FAA establecería ciertas condiciones para que la controversial transacción se lleve a cabo. Entre estas, adoptar ciertas protecciones para los empleados de la AP y empleados federales que trabajan en el aeropuerto, dijeron conocedores del tema.

También se habría establecido que la AP mejore sus procedimientos internos en torno al manejo de fondos federales e incluso que descontinúe la práctica de cobrar arrendamientos a clientes aeronáuticos, marítimos o relacionados por debajo de los precios de mercado, según conocedores de la materia.

Esto último implicaría un alza prospectiva en los distintos cánones y tarifas que cobra la AP en todas sus instalaciones, salvo en las tarifas aéreas del LMM. Estas permanecerían inalteradas por cinco años.

A todo vapor

Ayer ejecutivos de Aerostar Airport Holdings –el consorcio integrado por Grupo Aeroportuario del Sureste y dos fondos de la firma Highstar Capital– y funcionarios del Gobierno de Puerto Rico no estuvieron disponibles.

No obstante, diversas indagaciones hechas por este diario apuntaban a que, al cierre de esta edición, las partes afinaban los detalles del “cierre financiero”. “Estamos contando con que se cierra hoy (ayer)”, dijo una fuente conocedora de la transacción que pidió anonimato.

En cualquier momento

Ayer García Padilla confirmó a El Nuevo Día, en la capital federal, que desde el viernes, el Gobierno de Puerto Rico conoce “algunos detalles” del giro de la decisión final de la FAA.

El mandatario conversó ayer en la tarde con el secretario de Transporte federal, Ray LaHood, y otros funcionarios de esa dependencia, bajo cuya jurisdicción está la FAA.

“A Víctor Suárez (director ejecutivo de la AP) se le indicaron algunos detalles de lo que sería una posible determinación, para comentarios. Cuál es la determinación final y qué detalles tiene el documento no se conocen. No podemos garantizar que lo discutido allí (el viernes) esté en el documento final. (Suárez) me ha comentado algunos detalles de lo discutido”, sostuvo García Padilla al ser preguntado si su administración ya sabe que la transacción fue aprobada.

Según García Padilla, en la reunión de ayer, LaHood solo le indicó que “la determinación puede ser emitida en cualquier momento”.

¿Puede garantizar que a usted ni a su gobierno le han hecho una notificación oficial a favor o en contra?, se le preguntó al gobernador tras la reunión. “Puedo garantizar que no tengo una notificación oficial… y que no sé ni los detalles ni las exigencias que incluye. Sabemos que la decisión está tomada”.

García Padilla, sin embargo, sostuvo que su gobierno hará una evaluación de las condiciones que imponga la FAA antes de poner en marcha un proceso de transición.

“Será una evaluación bastante rápida. Si la FAA toma una decisión positiva, voy a evaluar el documento para ver si cumple con los tres elementos que para mí son no negociables (el desarrollo de los regionales, seguridad de empleo para los trabajadores y que no haya un aumento en las tarifas)”, indicó el gobernador, quien sostuvo que desde la semana pasada, el secretario LaHood le informó que sus exigencias “habían sido atendidas”.

Defiende la transacción

Por su parte, el comisionado residente en Washington Pedro Pierluisi sostuvo que Puerto Rico “no tiene alternativa” que no sea la privatización de la administración del LMM “si queremos tener un aeropuerto a la altura del siglo XXI que atraiga turistas y aumente el flujo de pasajeros”.

“Aquí se ha actuado en todo momento por el bien del pueblo de Puerto Rico”, dijo Pierluisi, quien fue parte del gobierno de Luis Fortuño que suscribió el contrato entre Aerostar y la AP.