La premisa de que trabajar en el Gobierno es sinónimo de una pensión se deshizo ayer, cuando la administración de Alejandro García Padilla propuso eliminar el sistema de pensión definida y aumentar la edad para el retiro y la aportación monetaria que hace el trabajador.

La propuesta, que reformaría el Sistema de Retiro de los Empleados del ELA, también representa el fin de la pensión por mérito o las llamadas pensiones Cadillac y la desaparición o modificación del bono de verano y la aportación al plan médico. Los cambios comenzarían tan pronto como el 1 de julio de este año.

unos más, otros menos

De entrada, el plan –que aplica particularmente a futuros jubilados– supone una reducción en el ingreso de unos 69,318 trabajadores públicos bajo la Ley 447 y la Ley 1, que aportan a la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR). Estos tendrán que aportar 10% al Sistema en lugar de 8.2%. También supone una merma en los ingresos de unos 116,700 pensionados en la medida en que se reducen los beneficios especiales por los que nunca cotizaron.

En contraste, la propuesta dispone que los jubilados con las pensiones más bajas recibirán un aumento de $400 a $500. Y los participantes del Sistema 2000, podrán recibir una anualidad a la hora de jubilarse.

Los ajustes en beneficios afectarán específicamente a los empleados y retirados del Gobierno central, corporaciones públicas y municipios, pues en esta ocasión, el Gobierno no tocó el Sistema de Retiro para Maestros ni aquel de la Judicatura.

No obstante, el costo del ajuste afectará a aquellos que ni siquiera trabajan en el Gobierno. La deficiencia en la ASR es de tal magnitud que el Gobierno tendrá que buscar otros $100 millones adicionales en recaudos solo para empatar la crisis de las pensiones. En este caso, el Gobierno todavía no ha identificado con claridad de dónde saldrá ese dinero.

“Es esto o colapsa el Sistema”, dijo la secretaria de Hacienda, Melba Acosta.

“Las medidas son fuertes, pero el problema es bien fuerte”, agregó. “Si se acaban los fondos (de la ASR), el Gobierno tendría que asumir esa deuda”.

“La deuda” a la que Acosta hacía referencia no es otra cosa que el déficit actuarial de unos $35,260 millones y que, sin ajustes sustantivos, el Gobierno central tendría que pagar por los próximos 35 años.

Ello es separado del déficit en el presupuesto operacional del Gobierno, que ronda unos $2,212 millones y del déficit actuarial de unos $9,768 millones que exhibe el Sistema de Retiro para Maestros.

ofensiva contra degradación

Más allá de salvar las pensiones de los empleados públicos, la administración utilizará esta propuesta para intentar convencer a las casas acreditadoras de que Puerto Rico atenderá los problemas estructurales que le llevaron al borde del grado especulativo. O sea, se trata de otra movida para evitar a toda costa una degradación.

“Las casas acreditadoras están muy pendientes a las decisiones que está tomando el país”, dijo por su parte el presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Javier Ferrer, al reconocer que la propuesta se enviará a la Legislatura días antes de varios encuentros con las casas acreditadoras.

“No hay una fecha límite, pero cada día cuenta”, prosigió Ferrer cuando se le preguntó si las casas acreditadoras fijaron alguna fecha particular para pronunciarse sobre Puerto Rico.

Así las cosas, la reforma a la ASR es otra dosis de ajuste fiscal y económico que se une a los aumentos en la luz y el agua, a la cesión de la operación del aeropuerto Luis Muñoz Marín (LMM) y al arbitrio a las corporaciones foráneas. En conjunto, esto debería mitigar el desbalance fiscal ante una economía incapaz de crecer.

Un plan híbrido

Las modificaciones, que requerirán el aval de la Legislatura, pueden agruparse en tres niveles: cómo se calculará la pensión, la edad elegible para recibir la pensión y cuánto aportará el trabajador, y qué tipo de beneficio especial recibirá el pensionado.

Al presente, la ASR tiene tres tipos de participantes. Los primeros, bajo la Ley 447, reciben una pensión que se calcula con el promedio de los 36 meses de salario más alto que haya recibido durante su vida en el servicio público. Si el trabajador labora 30 años y tiene la edad de 55 años, puede recibir la pensión por mérito que puede ser hasta el 75% del salario.

El segundo grupo de participantes, bajo la Ley 1, recibe su pensión partiendo de los últimos cinco años de servicio y la edad de retiro es de 65 años.

El tercer grupo se identifica como el Sistema 2000 y en este, el empleado recibe en la jubilación lo que ahorró y el rendimiento de la inversión.

La propuesta de la administración García Padilla busca crear un híbrido uniendo a los participantes de las leyes 447 y 1 en un sola estructura que elimina la pensión por mérito y el requisito de años de servicio, para dar paso a una pensión que se calcula a partir de lo que ahorró el trabajador junto con la aportación del patrono. En el caso del Sistema 2000, lo ahorrado se convertirá en una anualidad vitalicia que parte de la contribución hecha por el trabajador.

Para los funcionarios bajo la Ley 447, el requisito de edad para recibir pensión aumentará de 58 a 65 años. Para los trabajadores bajo la Ley 1, la edad se aumenta de 65 a 67, y en el caso del Sistema 2000, el requisito de edad aumenta de 60 a 67. Para los policías y bomberos, el requisito de edad para jubilarse será 58 años.

De igual forma, todos los trabajadores aportarán al Sistema 10% en lugar del 8.2% que aportan en la actualidad.

Tijera a los bonos

Según Mayol, la reducción en el bono de Navidad será más baja entre pensionados con menos de $1,500 al mes y quienes representan aproximadamente el 80% de los jubilados. Para este grupo, el bono de Navidad se reduce de $600 a $425; la aportación al plan médico se reduce de un máximo de $1,200 a $600, pero el bono para medicamentos aumenta a $125.

Los retirados que devengan más de $1,500 al mes (y que representan el 20% de los jubilados) tendrán un bono navideño de $200 en lugar de $600; no tendrán aportación al plan médico ni bono de verano o medicamentos.

Según Acosta, el aumento en la aportación del trabajador supondrá unos $60 millones al Sistema. Mientras, la modificación en las leyes especiales supondrá un ahorro para el Fondo General de unos $125 millones al año. Ese ahorro, según Acosta, se inyectará a la ASR para que pueda continuar pagando las pensiones bajo la nueva estructura.

Cuestionada si estas medidas evitarán la degradación, Acosta indicó que “es un cúmulo de medidas, que incluye lo relativo al Fondo General y el déficit estructural. Medidas como la Ley 154, lo relativo a las corporaciones públicas y lo relacionado con Retiro y otros temas, que pueden ayudar a evitar una degradación. Sin embargo, en estos momentos, no podemos especular qué harán”.

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La crisis del Retiro: un problema de todos

Por Sergio M. Marxuach

Recientemente el equipo financiero del gobierno presentó varias propuestas para atender la crisis del sistema de retiro de los empleados públicos. El conjunto de medidas implica una reforma estructural profunda de las pensiones públicas. Por tanto, era de esperarse que las reacciones de los diversos grupos afectados fueran intensas y viscerales. Más aún, en un país que no está acostumbrado a actuar colectivamente ni a que se le exija sacrificios de ningún tipo, es tal vez lógico que la reacción inicial de cada grupo sea la de proteger su “finca”.

Desafortunadamente, los argumentos que se han utilizado por diversos grupos para evitar contribuir a la solución del problema se basan en premisas falsas o solo parcialmente ciertas. A continuación analizamos algunos de esos argumentos fallidos.

He escuchado a muchos decir que “eso no es problema mío, yo trabajo en la empresa privada, allá los pensionados y el gobierno que resuelvan”. Este argumento se basa en la premisa falsa de que los que no trabajamos en el gobierno no tenemos que contribuir a la solución, ya sea porque no tenemos la obligación moral de hacerlo o porque no nos afecta directamente.

Todos los que residimos en Puerto Rico tenemos obligaciones que surgen por el mero hecho de vivir aquí. Estas obligaciones, que podemos llamar obligaciones de solidaridad, son obligaciones particulares de responsabilidad moral que le debemos a aquellos con quienes compartimos cierta historia o relación. No requieren de nuestro consentimiento pues su peso moral se deriva del hecho de que la historia de cada una de nuestras vidas está implicada en la historia de la vida de otros.

Si ese argumento no le resulta persuasivo, tal vez uno basado en las consecuencias de no atender contundentemente este problema lo convenza. Una degradación del crédito de Puerto Rico a nivel “chatarra” tendría repercusiones adversas para todos los que vivimos en Puerto Rico ya que desataría una crisis financiera. Eso significa, entre otras cosas, que: el gobierno tendría poco o ningún acceso a los mercados financieros; veríamos una depreciación del valor de los bonos y obligaciones de Puerto Rico de entre 30% y 50%; la liquidez y la solvencia de las instituciones financieras y compañías de seguro en Puerto Rico podrían verse afectadas adversamente; veríamos un aumento en las tasas de interés y una contracción significativa del crédito; y aumentarían tanto las quiebras como el desempleo. Si usted piensa que estaría inmune de esa tempestad le recomiendo que examine con detenimiento su situación económica y financiera actual.

Por otro lado, he escuchado a representantes de los pensionados argumentar que “los pensionados cotizaron por todos sus beneficios y por tanto no se les puede tocar.” Lamentablemente, este argumento es solo parcialmente cierto. De entrada hay que dejar claro que los pensionados nunca cotizaron por los beneficios concedidos mediante leyes especiales, tales como el bono de navidad, el bono de verano, y otros.

Más importante aún, el problema fundamental del sistema de retiro es que desde sus comienzos en 1951 las aportaciones tanto de los empleados como de los patronos no fueron determinadas actuarialmente, mientras los beneficios fueron estipulados por ley y no guardan relación alguna con el nivel de aportaciones al sistema o con el rendimiento de las inversiones del mismo. Por tanto, muchos pensionados reciben beneficios más altos de los que tendrían derecho si el sistema hubiera sido diseñado adecuadamente.

De acuerdo con Teresa Ghilarducci, profesora de economía en el New School for Social Research, una persona tiene que ahorrar durante su vida trabajadora aproximadamente veinte veces su salario anual al momento de retirarse para mantener más o menos el mismo estándar de vida durante el retiro. Esto significa que si su salario al retirarse era de $40,000, usted debería haber ahorrado unos $800,000 para su retiro. Desafortunadamente, el sistema de retiro del gobierno no fue diseñado cumpliendo con estos parámetros.

Finalmente, he escuchado a representantes de los empleados públicos decir que “las pensiones son beneficios adquiridos que no se pueden cambiar.” Este argumento también es solo parcialmente cierto. El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó en el caso de Bayrón Toro v. Serra, 119 D.P.R. 605 (1987)—en una opinión del entonces Juez Asociado Hernández Denton analizando la constitucionalidad de ciertos cambios hechos al sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico—que “los participantes de un sistema de retiro del Gobierno tienen un derecho adquirido de naturaleza contractual que surge con el ingreso del empleado al sistema…” pero “antes de que pueda acogerse a la jubilación, los términos del sistema de retiro pueden ser enmendados por el Gobierno siempre que las enmiendas sean razonables y con el fin de adelantar la solvencia actuarial del mismo.” En el caso de las medidas presentadas por el gobierno de turno resulta difícil argumentar que éstas son irrazonables o que no adelantan la solvencia del sistema de retiro.

Resolver este problema requiere que todos pongamos de nuestra parte. De acuerdo con el Banco Gubernamental de Fomento, si no hacemos nada, el gobierno tendría que inyectarle a los fondos de retiro cerca de $2,850 millones, equivalentes a 31% del fondo general para el año fiscal 2013, durante cada uno de los próximos 26 años para cumplir sus obligaciones con los pensionados. Una obligación de esta magnitud no se satisface con trucos financieros o de contabilidad.

El problema tampoco se resuelve imponiéndole toda la carga a un solo grupo o sector. El sacrificio tiene que compartirse entre todos: la ciudadanía en general; el sector privado, incluyendo los bancos, las farmacéuticas, y los comerciantes; los empleados públicos; y los pensionados. Creo que es imperativo sentarnos en una mesa y llegar a unos acuerdos como país. Las alternativas son dejar que el país quiebre; hacer las maletas y largarnos para siempre de esta isla olvidada por Dios; o resolver esto en la calle como hizo la gente en Túnez y Egipto. ¿Qué alternativa favorece usted?

El autor es director de Política Pública en el Centro para una Nueva Economía. Esta columna se publicó originalmente en el diario El Nuevo Día el 17 de marzo de 2013.