Orden de vacaciones a la fuerza

7 de marzo de 2013

 NR – Estamos ante un Gobernador histerico que para satisfacer los requerimientos de sus allegados Izquierdistas y sus AMIGOTES inversionistas, sin miramientos destruye la economiua de cada familia Puertorriquena. El PPD en Medio Siglo no ha sabido Gobernar, cada cuatrienio PPD ha sido peor y peor, pero con Agapito es lo peor de lo peor.
Aun con el lambeojismo entreguista de la prensa colonial, no pueden ya tapar ni encubrir el desastre de Agapito.

Orden de vacaciones a la fuerza

Se quedan sin pago de licencia de enfermedad 140,000 obreros

Dos de las agencias más afectadas por la orden ejecutiva son la Policía y el Departamento de Educación.(Archivo)

Por Israel Rodríguez Sánchez y Alex Figueroa Cancel/puertoricohoy@elnuevodia.com

La decisión  del gobernador Alejandro García Padilla de suspender  –mediante orden ejecutiva– el pago de los días de enfermedad acumulados a empleados públicos del Gobierno central puso ayer en aprietos a las principales agencias encargadas de la seguridad, la educación y otros servicios esenciales. 

La liquidación de esos días acumulados se debía hacer este mes. Pero el Gobierno no puede hacer los pagos debido a que existe un déficit de $20 millones en la caja, según  la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila. El pago de la liquidación de enfermedad el año pasado ascendió a $91 millones.

El Gobierno está tomando medidas para intentar pagarlo antes del 30 de junio, al menos en algunas agencias. Pero ayer no podía garantizar que tuviera ahorros suficientes para lograrlo.

 Dos de las agencias más afectadas por la orden ejecutiva son la Policía y el  Departamento de Educación, porque en ambos casos el  pago de los días acumulados de enfermedad de sus empleados asciende a unos $30 millones y $29 millones, respectivamente. 

El problema se agrava porque, si no se van a pagar las licencias, los empleados tendrían que agotar los días de enfermedad antes del 30 de junio como si estuvieran de vacaciones, lo que es prácticamente imposible en agencias como la Policía y Educación. 

 “Ciertamente, representa un problema porque los maestros tienen sus vacaciones en verano”, indicó el secretario de Educación designado, Rafael Román Meléndez, quien indicó ayer que discutirá con su equipo de trabajo qué medidas se pueden tomar para buscar una solución a esta situación.  

Román Meléndez descartó que se pueda reducir el tiempo de clases este semestre, para que los maestros agoten los días de enfermedad acumulados. “Esa posibilidad no puede ser porque tenemos que cumplir con unos días lectivos”, agregó el funcionario, al indicar que también tienen que cumplir con otros requisitos federales.

Al enterarse de la orden ejecutiva, la presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, puso el grito en el cielo. “Estoy llamando al señor gobernador y a La Fortaleza porque me imagino que él (García Padilla) va a cerrar las escuelas y terminarán el semestre antes. O cierran el sistema o buscan un mecanismo para que en un momento puedan pagar”, manifestó Díaz. 

La líder gremial indicó que, si se le fueran a dar los días de enfermedad acumulados de los maestros como días de vacaciones, Puerto Rico tendría “1,500 escuelas abiertas pero desiertas, y los estudiantes en los patios”.

 “Una decisión bien difícil”

Otras de las agencias impactadas  es el Departamento de Corrección y Rehabilitación. “Esto ha sido una decisión bien difícil que ha tenido que tomar el gobernador”, dijo el secretario de esa agencia, José R. Negrón Fernández, quien cree que a sus empleados habría habido que pagarle $5 millones. 

El funcionario dijo que  honrará el derecho que tienen los empleados a utilizar los días acumulados por enfermedad como de vacaciones. “El disfrute se tiene que conceder, pero sujeto a las necesidades de servicio”, expresó. 

Los  140,000 empleados públicos del Gobierno central acumulan unos 18 días de enfermedad al año. El promedio de la licencia acumulada a pagar suele ser  de unos ocho o nueve días por empleado, dijo el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jorge Colberg Toro.  

“La orden ejecutiva viene a asegurar que se paguen las nóminas, entiéndase las nóminas de todos los empleados públicos… Estos pagos de licencia acumulada no fueron incluidos en el presupuesto del año fiscal por la pasada administración”, agregó, por su parte, Vila.

En conferencia de prensa, la funcionaria dijo que se toman pasos para ver la manera en que puedan hacer los pagos o parte, antes del 30 de junio.

La orden ejecutiva les instruyó al Departamento de Hacienda y a la Oficina de Gerencia de Presupuesto (OGP) hacer un estudio agencia por agencia para buscar medidas para aminorar el impacto presupuestario en las liquidaciones. El plan debe ser entregado al gobernador dentro de 45 días.

Señaló que deberán “identificar medidas de mitigación, tanto de ingresos y gastos, como de manejo de efectivo, que puedan viabilizar la liquidación de las licencias de enfermedad antes del 30 de junio de manera ordenada”. 

Además, se tomará en consideración la situación fiscal de cada agencia y el origen de sus fondos. “Estamos confiados en que en este esfuerzo se logren identificar las medidas y alternativas que posibiliten el pago de estas licencias antes del 30 de junio”, insistió Vila.

El director de OGP, Carlos Rivas, dijo que después de los ingresos que se registren en Hacienda en abril, cuando expira el periodo de radicación de planillas, se podrá tener un panorama más claro de cuánto se podría pagar. 

“Lo que estamos diciendo ahora es que en marzo, con los $90 millones adicionales y los $20 millones, esos cheques no tendrían fondos”, indicó Rivas. “Ahora, con un manejo efectivo de caja, se puede contemplar, en la medida que sea posible, dentro del presupuesto del Gobierno, ir liquidando algunas de esas licencias a través del año fiscal, o quizás llevándolas a un disfrute de vacaciones”.

Rivas añadió que, al entrar la actual administración al Gobierno, el déficit de la caja para el 30 de junio –cuando el Gobierno tiene que cumplir con el pago de una serie de deudas– había sido proyectado en $600 millones. Destacó que se han adoptado varias medidas, pero que todavía anticipan que estará entre $200 millones y  $250 millones.

“Quizás se pueda hacer (el pago) de forma escalonada”, añadió Rivas, quien considera que “son reales” las posibilidades de hacer las liquidaciones para el 30 de junio. “No estamos diciendo que definitivamente se va a hacer o que se va a hacer para todas (las agencias). Lo que se tomó con la orden es una medida para detener el desembolso en un momento en el que no lo podemos hacer”, expresó.

 Colberg Toro, entretanto, dijo que durante los primeros tres años de la administración de Luis Fortuño ni se pagó el exceso de días de enfermedad ni se concedieron como de vacaciones.

Prohíbe pago exceso licencias de enfermedad

Como medida de control fiscal ante el déficit presupuestario

   

Alejandro García Padilla. EL VOCERO/Archivo

El año pasado el pago a los policías por el ‘enfermito’ fue entre $29 millones a $30 millones. EL VOCERO / Archivo

El gobernador Alejandro García Padilla prohibió el pago del exceso de las licencias de enfermedad como medida de control fiscal ante el déficit presupuestario que enfrentan las agencias gubernamentales.

La Orden Ejecutiva emitida el 28 de febrero además ordena al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Carlos Rivas, a reducir en un 30 por ciento las partidas presupuestarias para el pago de servicios profesionales, compra de materiales y suministros, servicios comprados y equipo.

La secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila Biaggi, dijo que el Departamento de Hacienda (DH) no puede cumplir con el pago de estos días porque tiene un déficit de caja de $20 millones y dichos desembolsos no fueron incluidos en el presupuesto de este año fiscal por la pasada administración. El año pasado el pago de exceso de enfermedad totalizó los $91 millones.

Según Vila, en 45 días Rivas y la secretaria de Hacienda, Melba Acosta, presentarán un plan al Gobernador donde identificarán fondos que permitan el pago a los empleados antes del 30 de junio de este año.

“Lo que estamos diciendo es que en marzo con los $90 millones adicionales y los $20 millones, esos cheques no tendrían fondos. Ahora, con una manejo efectivo de caja se puede contemplar a la medida que sea posible dentro del presupuesto del Gobierno a través del año fiscal liquidar algunas de esas licencias o llevando a un disfrute de vacaciones”, explicó Rivas.

La Rama Legislativa, Rama Judicial, la Universidad de Puerto Rico, la Oficina del Contralor, la Oficina de Ética Gubernamental, la Comisión Estatal de Elecciones y las corporaciones públicas están excluidas de la Orden Ejecutiva.

Sobre la posibilidad de que a la Policía y los maestros se les excluya de la Orden, Vila dijo que dentro del plan tendrán “consideraciones particulares” con aquellos empleados que brinden servicios esenciales. El año pasado el pago a los policías por licencia de enfermedad fue entre $29 millones a $30 millones. El 20 de febrero García Padilla prometió pagar las horas extras que le adeudan a los policías antes del 30 de marzo. Respecto a la reducción de fondos a las agencias, Rivas explicó que OGP congelará el 30 por ciento del presupuesto que no esté obligado.

En el horizonte más despidos de empleados públicos

Secretaria de Hacienda plantea podría ser una alternativa para aliviar la crisis económica en Retiro

Melba Acosta (foto) y Héctor Mayol defendieron las propuestas del Ejecutivo para atajar la crisis en Retiro. EL VOCERO/Willín Rodríguez

Si no se aprueban las medidas enviadas desde La Fortaleza para aliviar la crisis económica de Retiro, una de las consecuencias podría ser el despido de empleados públicos, según lo advirtió ayer la secretaria del Departamento de Hacienda, Melba Acosta.

En una vista de la Comisión senatorial de Hacienda en la que se consideran estos proyectos, Acosta reconoció que esta tendría que ser una opción si no se aprueban estos proyectos. Dijo que no ha hecho el cálculo de cuántos empleados tendrían que despedirse porque confían en que los proyectos serán aprobados en la Legislatura.

“El Sistema de Retiro se queda sin activos el año que viene. Pagar las pensiones, que cuestan como $900 millones anuales tiene que salir de algún lado. Si se pretende que salgan del Fondo General, este tiene un déficit bien grande que estamos tratando de atajar pero sería demasiado dinero y pudiese representar el despido de empleados porque no se tienen los recursos para mantener el Gobierno corriendo”, dijo Acosta al concluir la vista ayer. “Lo que se están planteando son medidas que se tienen que tomar para que eso no pase y que haya de dónde pagarlo”.

¿Han evaluado cuántos empleados habría que despedir?, se le preguntó.

No se ha hecho el cálculo porque no queremos llegar a eso”, contestó. “Lo que estamos diciendo es lo que hay que hacer para no llegar a ese escenario horrible que nadie quiere que pase”.

Acosta, un representante del Banco Gubernamental de Fomento y el administrador de la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, Héctor Mayol, defendieron ayer las propuestas hechas desde La Fortaleza para atajar la crisis en Retiro.

Mayol indicó que aun con los proyectos presentados, queda un déficit de entre $150 y $170 millones. “Estas medidas en su totalidad no cubren”, dijo Mayol. “Son $150 a $170 millones adicionales que hay que buscar para evitar caer en una situación en la que el Gobierno tenga que aportar del Fondo General para pagar las pensiones”.

Entonces, este rotativo le preguntó a Acosta si habría que despedir empleados públicos para salvar los restantes $170 millones, y dijo que no. “Lo que estamos planteando es buscar medidas que levanten recaudos y no tener que despedir empleados”.

“El despido de empleados no es algo que estemos contemplando. Ya estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer para pagar las pensiones”, dijo Acosta a preguntas de EL VOCERO. “No queremos que eso pase. La idea es que no haya despido de empleados, pero, de nuevo, el Fondo General ahora mismo no puede asumir el costo de pagar las pensiones que son $900 millones anuales. No se puede”.

No cerró las puertas a medidas adicionales como las propuestas por la senadora popular Rossana López, pero sí dijo que no se puede contar con el impuesto que ya pagan las empresas foráneas y que es parte de los recaudos para el Fondo General.

López ha advertido que no favorece todas estas iniciativas y ayer volvió a hablar de varios proyectos radicados para aportar a este pote. Entre sus medidas están aumentar la prima que se paga al seguro compulsorio de automóviles y recabar para el Gobierno parte de lo que cobran los bancos a los clientes que usan cajeros automáticos de otras instituciones. Propuso además pasar al Gobierno el 25 por ciento de las ganancias de las entidades multibillonarias y de esto, asignar 5% a Retiro.

Negó que estas alternativas entren a campos ocupados por jurisprudencia federal.

“Aquí todo el que se beneficia tiene que aportar a la situación del déficit. Que traigan los planteamientos. No hay problema, que nos traigan alternativas. Estamos abiertos a más alternativas”, dijo López. “Nosotros entendemos que no (entra en el campo federal). Si ellos tienen otro punto, que lo traigan y lo presentamos. Ellos (los bancos) son expertos en el área económica; que nos den alternativas”.

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