“Standard & Poor’s no le tiene confianza a la presente administración”

NR – AGP nunca se ha reunido con las Casas Acreditadoras, la reunión fue el 1 de marzo y a juzgar por los resultados no le creyeron a los enviados de Puerto Rico. AGP ya ha malgastado unos $1,000 Millones (Un Billón) como Gobernador: $100 Millones para la UPR reponiendo la Formula de la aportación del Fondo General, + $70 Millones para pagar la Matricula a los estudiantes, + $500 Millones para invertir en empresas de sus Amigotes, + $130 Millones en la Ley Empleos “AHORA”, y repartido $10 Millones en otros asuntos, para un Total de Un Billón de dolares.

“Standard & Poor’s no le tiene confianza a la presente administración”

13 de marzo de 2013 – PolíticaPuerto Rico – 

Standard & Poor’s realizó el anuncio esta tarde.

EL VOCERO / Archivo

la casa acreditadora Standard & Poor’s degradó la deuda de las obligaciones generales del Estado Libre Asociado de BBB a BBB, y concedió una perspectiva negativa. Ante esta situación, el Comisionado Residente, Pedro Pierluisi, se expresó durante la noche de hoy.

“La casa acreditadora Standard & Poor’s ha degradado nuevamente el crédito del Gobierno de Puerto Rico porque no le tiene confianza alguna a la presente administración”, aseguró Pierluisi.

“Los retos fiscales del gobierno no se atienden hablando, sino actuando, y García Padilla debió haberlo hecho buscando el debido consenso de todos los que podemos aportar desde que comenzó su administración”, comentó el también presidente de Partido Nuevo Progresista.

El informe surge a pocos días de una reunión las casas acreditadoras en Nueva York con el equipo económico del gobernador Alejandro García Padilla.

13 de marzo de 2013
5:46 p.m.

Degradan al borde de chatarra el crédito de Puerto Rico

Standard & Poor’s bajó la nota del gobierno central a BBB-

(Archivo)


Por Joanisabel González

Standard & Poor’s degradó el rango de las obligaciones del gobierno central esta tarde, colocándolo en el borde del grado chatarra.

La perspectiva es negativa, indicó además la casa acreditadora.

Según el analista David Hitchcock, la degradación responde a que el déficit presupuestario para el presente año fiscal es “mucho mayor” de lo presupuestado y en ausencia de acción correctiva.

“Creemos que las deficiencias contra el presupuesto del año fiscal 2013 harán difícil que el gobierno pueda lograr un presupuesto balanceado en los próximos dos años”, dijo el analista.La decisión de Standard & Poor’s tiene el efecto de equiparar la clasificación con aquella que emitió Moody’s Investors Service en diciembre pasado.

Se produce unos doce días después de que el equipo financiero de Alejandro García Padilla les hiciera una presentación en La Gran Manzana.

Las reuniones con Moody’s, Fitch y SP se produjeron el pasado 1 de marzo cuando Melba Acosta, jefa de Hacienda, informó que les presentaron las medidas fiscales que ha puesto en marcha la administración García Padilla, con la esperanza de evitar una degradación del crédito.

Junto a Acosta, acudieron a las reuniones Javier Ferrer, presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), David Chafey, presidente de la Junta del BGF y Carlos Rivas, de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

En entrevista telefónica desde Nueva York, Acosta explicó entonces que se trató de reuniones muy largas, donde los analistas de las tres casas acreditadoras “escucharon los planteamientos del Gobierno con interés e hicieron muchas preguntas particulares”.

Aunque dijo no poder dar detalles de lo que se habló, la funcionaria sostuvo que se les cuestionó insistentemente sobre las propuestas para reformar Retiro. En otra de las reuniones, sotuvo que muchas de las preguntas giraron en torno a la APP del aeropuerto.

“Me siento muy tranquila en que lo que presentamos, que fue todo lo que hemos estado haciendo”, dijo Acosta. “Ahora lo importante es que se logre la aprobación del proyecto para modificar los planes de retiro”, agregó.

Standard & Poor’s degrada el crédito de PR; no confían en reformas AGP

Por: NotiCel
Publicado: 13/03/2013 06:02 pm

Standard & Poor’s (SP) se convirtió esta tarde en la primera de las casas evaluadoras de crédito que actúa sobre el crédito de Puerto Rico tras la presentación de alto perfil que la gerencia financiera de la Administración García Padilla hizo en días reciente, y su paso fue degradar el crédito a tan solo un paso previo a la chatarra con la advertencia de que el panorama es negativo.

Javier Ferrer, presidente del Banco Gubernamental de Fomento, y Melba Acosta, Principal Oficial Financiera del gobierno. (Josian Bruno/NotiCel)

“Basamos nuestra degradación en el resultado de un déficit fiscal estimado para 2013, que consideramos significativamente mayor a lo originalmente presupuestado, ausente acción correctiva”, indicó el analista de S&P David Hitchcock.

“La administración entrante del gobernador Alejandro García Padilla está considerando un número de medidas correctivas, y ha propuesto que las miremos como una reforma grande del sistema de pensiones pobremente financiado. Sin embargo, sentimos que el tamaño del potencial déficit fiscal de 2013 y los potenciales déficits de años venideros ameritan una acción nuestra en este momento”, indica el comunicado.

Añaden que van a examinar las medidas correctivas de la Administración AGP para determinar acciones de crédito futuras, y explican que decidieron no bajar a nivel de chatarra los créditos asociados al crédito de Puerto Rico, como el de las corporaciones públicas, debido al poder que tiene el Gobernador de priorizar los pagos de la deuda vieja dependiendo de los recursos que haya en un año para pagar. O lo mismo que esperan que el gobierno cumpla con asignar dinero al pago de la deuda, aunque se le reste a otras áreas del presupuesto.

Pide a AGP que hable con la verdad

13 de marzo de 2013 – PolíticaPuerto Rico – 

La Orden Ejecutiva que firmó el pasado 28 de febrero de 2013 es clara y específica disponiendo que se prohíbe el pago de liquidación de licencias por enfermedad sin un término de fecha establecido.

EL VOCERO / Archivo

El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Larry Seilhamer Rodríguez exigió al gobernador Alejandro García Padilla a que le hable con la verdad a los policías sobre el pago de horas por enfermedad ya que la Orden Ejecutiva que firmó el pasado 28 de febrero de 2013 es clara y específica disponiendo que se prohíbe el pago de liquidación de licencias por enfermedad sin un término de fecha establecido.

“Si va a pagar las horas en o antes del 30 de junio tendría que derogar o enmendar la Orden Ejecutiva 2013-014 porque como está redactada es clara al prohibir a toda agencia cuyos gastos de funcionamiento se sufragan en su totalidad o en parte por el Fondo General, la utilización de fondos públicos para cubrir el pago de liquidación de licencias por enfermedad. Esto obviamente incluye a nuestros policías, maestros, bomberos y otros empleados. Así que me parece jugar con la verdad y tratar de engañar a nuestros policías el decirles que ese pago está suspendido por el momento y que en junio se podría estar desembolsando el mismo ya que es contrario con la Orden Ejecutiva”, señaló Seilhamer Rodríguez.

Del mismo modo, el senador indicó que lo expuesto en la Orden Ejecutiva es contradictorio con la propuesta de aumentar $100 al sueldo de los Policías. “Se habla de un déficit, de que no hay dinero por lo que es necesario suspender el pago de licencias por enfermedad, pero tan pronto la Uniformada anunció una protesta frente a La Fortaleza apareció un aumento de $100. Es una inconsistencia tras otra, no hay estructura ni liderato gubernamental y nuestros servidores públicos continúan recibiendo cantazos”, dijo.

Por último, el portavoz del PNP en el Senado instó al gobernador García Padilla a enmendar la Orden Ejecutiva para pagar el exceso de licencias por enfermedad no solo a los Policías sino a todos los empleados públicos.

Sin el aval de Junta de Retiro

13 de marzo de 2013 – PolíticaPuerto Rico – 

Aunque la medida fue radicada no cuenta aun con la aprobación de los síndicos

Melba Acosta. ELVOCERO / Luis Alberto López

El proyecto de reforma del Sistema de Retiro no cuenta aun con la aprobación de su Junta de Síndicos porque ese cuerpo no ha logrado reunirse para esos propósitos, aunque la medida fue radicada el día primero de este mes, y ya han avanzado las vistas públicas en la Asamblea Legislativa. Incluso, dos de los creadores del proyecto, la Secretaria de Hacienda y el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento, son miembros de esa Junta.

Por otro lado, Melba Acosta, secretaria de Hacienda, confirmó en la vista pública del martes que el Gobierno desistió de eliminar la reducción de la aportación patronal al plan de salud, uno de los beneficios “especiales” más defendidos por los pensionados. Este beneficio tiene un costo anual para el Fondo General de $107 millones. Sin embargo, el Gobierno no se evitará este gasto y el de los otros beneficios especiales que se recortarán, como los bonos de verano y Navidad, sino que lo separarán para inyectarlo al Sistema. De hecho, la ayuda del Fondo General será de $200 millones, aun aprobando la reforma.

Además, surgió en la vista que hay agencias y municipios que le adeudan al Sistema sobre $138 millones de las aportaciones patronales. Algunas de estas ya tienen planes de pago con el Sistema. Los sindicatos sacaron a la luz que el recobro de los préstamos del Sistema está manga por hombro, sin embargo, no se tienen cifras disponibles. El presidente de la Cámara, Jaime Perelló, solicitó a los deponentes que le certificaran el costo de los beneficios especiales por si fuese posible salvarlos.

En la vista se levantó nuevamente el asunto de si hay una urgencia para que se lleve a cabo la reforma eliminando los diversos beneficios especiales y extendiendo la edad de retiro. Acosta pintó un cuadro catastrófico sobre las finanzas del Gobierno si no se resuelve de inmediato y permanentemente el déficit actuarial de Retiro, agravado por el déficit gubernamental de $2 mil millones. Señaló que de los $4.3 billones de activos del Sistema, se le deben deducir los $3 mil millones de los Bonos de Obligaciones de Pensiones (POBs), quedando un balance de $1.3 billones, que es insuficiente para darle un año más a Retiro.

La representante del PNP Lourdes Ramos disintió de la posición de Acosta al señalar que es equivocado deducir los $3 mil millones de los POBs “de cantazo”, y lo correcto sería deducir $180 millones anuales que paga el Sistema por el repago de la emisión de bonos. Aunque coincide con la Secretaria de Hacienda en que necesariamente se debe tomar acción ahora con el Sistema, difiere en cuanto a cuán amarga debe ser la medicina.

Mientras, varios sindicatos, entre ellos la CPT y la Federación del Trabajo, en deposición conjunta denunciaron que “no existe evidencia, al menos discutida públicamente, que sostenga que las medidas propuestas garantizan mejorar la situación financiera del Sistema… los efectos económicos de los cambios propuestos sobre la economía en general se desconocen”. Además, sostienen que “la única intención de este proyecto de ley es evitar la degradación del crédito de las obligaciones generales del Gobierno”.

Acosta indicó que al salir del Gobierno en el 2004, del que fue directora de OGP, el déficit actuarial no era tan amplio como hoy. Precisamente en la Administración del 2005 se emitieron los POBs por $3 mil millones, que ahora resulta en una de las causales para el déficit actuarial. Acosta dijo que los POBs “por un lado ayudaron y por otro lado desayudaron”. Fue beneficiosa porque llegó dinero que ayudó al “cash flow”, y “desayudó porque la deuda se quedó. Probablemente si no se hubiesen hecho los POBs los activos no hubieran llegado a $4,300 millones, hubiesen sido de mucho menos”.

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13 de marzo de 2013

Perspectiva negativa de Moody’s a la UPR

Cuestiona la dependencia que tiene la institución del gobierno central

Por Joanisabel González / joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com

Unos 90 días después de que clasificara como basura o especulativa la deuda de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Moody’s Investors Service removió la deuda de largo plazo del principal centro docente del país de su lista de revisión para degradación, pero le asignó una perspectiva negativa.

Según la agencia clasificadora, la deuda pagadera con ingresos de la UPR continuará en la clasificación Ba1, mientras que la serie A de una emisión del 2000, pagadera con los ingresos de arrendamiento de Plaza Universitaria, continuará en Ba2.

Empero, la firma sostuvo que la perspectiva del crédito universitario continúa en negativo ante la posibilidad de que se apruebe legislación que aumente las aportaciones del Gobierno central a la UPR.

Moody’s criticó de nuevo la dependencia de la UPR en el Gobierno central, pues este aporta 68% de los ingresos que recibe esa institución versus la mediana de aportación de otros gobiernos estatales a sus universidades públicas y que se ubica en 27.5%.

A principios del cuatrienio, la administración de Alejandro García Padilla determinó revocar la cuota de $800 que impuso la administración de Luis Fortuño al estudiantado universitario. También buscará asignar más fondos a la UPR al incluir en la fórmula partidas que no se utilizaban para calcular la subvención del estado al centro docente, como sería el Impuesto a la Venta y Uso.

La perspectiva negativa también está influenciada por la vulnerabilidad de la UPR a recibir menos fondos y los retos de mejorar sus prácticas internas como quedó evidenciado con la suspensión de las subvenciones de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF, en inglés), agregó la firma.

Si bien Moody’s reconoció como fortalezas que la UPR ha mejorado significativamente en su flujo de caja y las operaciones hospitalarias que antes le produjo millones en pérdidas, la opinión negativa de Moody’s se produce en momentos en que la Legislatura ha propuesto medidas para legalizar miles de máquinas tragamonedas en Puerto Rico, iniciativa que, según la Asociación de Hoteles y Turismo, pondría en jaque al sector y la deuda de la UPR. Esto porque una parte de los ingresos que se reciben a través de los casinos se destina al centro docente.

Según Moody’s, la perspectiva negativa contempla el posible efecto de cualquier legislación propuesta que impacte el servicio a la deuda de la UPR que resulte en un aumento sustancia de los fondos del gobierno mientras se observe una reducción en los ingresos a partir de los estudiantes, una fue de ingresos primaria que se utiliza para pagar la deuda a los bonistas.

Es que el ELA lo unico que inspira es histeria total! – Benjamin

Sources: http://www.primerahora.com/noticias/gobierno-politica/nota/histeriatotalmilesseirianalretiro-903448/

Histeria total, miles se irían al retiro

Por Maritza Díaz Alcaide / maritza.diaz@primerahora.com 03/15/2013 |

Cerca de 6,000 personas están en condiciones de retirarse antes que se apruebe la nueva ley. (mbayon@primerahora.com)
Muchos empleados del Gobierno deshojan margaritas. No saben si retirarse ahora o confiar en que la Legislatura les dé una mano.

Miles de empleados públicos podrían optar por renunciar o retirarse antes que se apruebe la reforma de los sistemas de retiro del Gobierno de Puerto Rico.

Irse… o no irse se ha convertido en toda una angustia para los trabajadores que estaban –bajo los parámetros actuales de la ley– próximos a jubilarse.

Según el propio Retiro, ese grupo lo componen unos 6,000 servidores públicos.

Se teme que antes del 30 de junio próximo, fecha en que se supone que se van a congelar las pensiones ya acumuladas, se retiren entre 500 y 800 miembros de la Uniformada. Estos querrían evitar que sus pensiones se vean reducidas sustancialmente.

La Asociación de Empleados del Gobierno de Puerto Rico, la unión Servidores Públicos Unidos (SPU), el Concilio Nacional de Policías (Conapol) y el capítulo de Puerto Rico de la American Association of Retired Persons (AARP) confirmaron que hay histeria y mucha preocupación entre los trabajadores. Las líneas telefónicas de esas organizaciones se están inundando de llamadas de gente, quienes están buscando orientación porque no saben qué hacer: si se jubilan o no antes que la reforma del Retiro ya sea una realidad.

La decisión no es fácil. Nadie tiene certeza de cómo quedará la legislación.

El vicepresidente de Conapol, Fernando Soler, dijo que en la Policía se espera que entre 500 y 800 miembros de la fuerza se vayan. “Ahí hay coroneles, comandantes, inspectores, capitanes, tenientes y agentes”, sostuvo el líder de la Conapol, preocupado con que una avalancha de renuncias cree un disloque en la Policía. “Hay oficiales que están en áreas sensitivas que se van a ir”, dijo.

La presidenta de la SPU, Annette González, informó que los teléfonos de ese sindicato, uno de los más grandes del Gobierno, no dejan de sonar por el interés de los trabajadores de hallar consejo.

“Diariamente nos llaman entre 50 y 60 personas. Hemos tenido que paralizar muchas otras tareas para dedicarnos a esto”, declaró.

González mencionó que los que están acudiendo a la unión están ansiosos por la falta de información. “Hay otro problema, y es que el Gobierno no ha medido qué va a pasar con los servicios si la gente que tiene derecho a irse se va… Esto podría culminar como otra Ley 7”, dijo.

A la SPU están llamando empleados en estado de “histeria” que dicen que quieren retirarse aunque sea “con el mínimo”, se supo ayer.

El director ejecutivo de la Asociación de Empleados del Gobierno, Arnaldo Ortiz, también confirmó que el número de trabajadores que está acudiendo a esa dependencia ha ido en aumento.

Los que quieren retirarse tienen que pedirle a la Asociación una certificación de deuda y esas solicitudes, dijo, han aumentado en los últimos días.

La ayudante de Ortiz, Ivonne Nieves, precisó que la Asociación, de ordinario, recibe entre 20 y 30 solicitudes de orientación y que ese número sobrepasa ahora los 100.

En la propia Asociación hay nerviosismo, aunque se supone que allí sean expertos en retiro. Ortiz ya sacó “sus números” y es posible que sea uno de los que opte por renunciar. Si no lo hace, perdería $1,500 mensuales de pensión.

Nieves, que cumplió 31 años en el Gobierno y hace tres semanas cumplió los 55 años, perdería $500 si se queda.

Nerissa Ávila, oficial administrativa del organismo, confesó que su situación es la más delicada, tanto así que no quiere “ni pensar” en el problema que se le viene encima. Cumplirá los 55 años el 2 de julio, y ese pequeño detalle le supondría perder gran cantidad de dinero, si se aprueba la reforma.

Ávila no se retiró antes con la esperanza de acumular el 75% de su salario en pensión. Si se va antes del 1 de julio, se queda con el 65% y si permanece en la Asociación, la pensión le bajaría al 60%.

Lysette Reyes es técnica de patología en Ciencias Forenses y experimenta una situación distinta. Su retiro está cobijado por la Ley 2000 y, con la reforma, señaló que tendría que retirarse a los 73 años. “Eso –señaló acongojada– no sería posible por el esfuerzo físico que conlleva este trabajo”.

La posibilidad de que se dé una avalancha de renuncias no es exageración. El director ejecutivo de la AARP en la Isla, José Acarón, manifestó que en estados como Wisconsin, cuando se comenzó a hablar de reformas de retiro, las jubilaciones se duplicaron.

Acarón recomienda que nadie tome decisiones apresuradas en estos momentos. “Es bueno que todo el mundo sepa cuál es su situación y con cuánto dinero va a tener que vivir si se retira. Todo el mundo debe hacer ese ejercicio independientemente de que se vaya a retirar a junio 30”, advirtió.

Deben estar atentos, además, a las enmiendas que se le podrían hacer a la medida.

Sobre las 6,000 personas que podrían retirarse, dijo que ese número está subestimado, que también hay gente bajo la Ley 2000 que se supone que sea más joven, “que también lo está pensando”.

Agregó que el Gobierno cuenta, además, con unos 30,000 trabajadores con una edad promedio de 53 años, que también están al borde de la jubilación.

En los Sistemas de Retiro negaron que la reforma haya provocado que una avalancha de empleados esté acudiendo a la agencia. El promedio de llamadas sigue siendo el mismo, y las pensiones radicadas tampoco han ido en alza, se aseguró. Comparado lo que va de marzo de 2012 a marzo de 2013, lo que ha habido son 51 radicaciones de pensión más.

Otros empleados que están poniendo el grito en el cielo, según se supo, son aquellos a los que les falta una orientación formal para cumplimentar su retiro. Miriam Toro, de DTOP, dijo que sin esa charla se tendrá que quedar 10 años más trabajando.

Eso no necesariamente sería así, ya que aún no se sabe la fecha de vigencia que tendrá el estatuto.

En la SPU se informó que el DTOP se comprometió a dar esas orientaciones durante el mes de abril, pero otras agencias no han hecho lo mismo.

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