Unidos por la salud de nuestro pueblo

NR – Algunos no lo entienden, pero el PNP siempre ha sido promotor del bienestar de la Gente y por ello somos Estadistas. Cuando Luis A. Ferré fue invitado por RHC a defender las 936 nos reunimos y lo analizamos y pensamos, sabíamos que eso ayudaba al ELA y retrasaba la Estadidad, pero de qué vale la Estadidad si quitándoles unas muletas al ELA matamos la economía de Nuestra Gente.  La prioridad es defender la Gente, por eso somos Estadistas, y si eso significa salvar en forma temporera una muleta colonial, Siempre lo hemos hecho.

No somos como los populares que tiran a matar aunque se mate a la Gente. Por ejemplo, es costumbre de los PPD tirar basura y luego retratarla para la prensa. Eso lo hacen en todo. Para derrotar el Proyecto Young denigraron a Puerto Rico. Lea PPD/AGP: Campaña de la Desesperanza Los PPD son perversos, Jaivas y actúan de mala fe; por lo que en Medio Siglo no hacen obras ni saben Administrar. Los PNP somos Buenachones y a veces nos tildan de sanamos cuando la realidad es que lo hacemos para ayudar y hacer obras, en forma veraz, honesta, racional y con buena fe. Somos imperfectos, humanamente imperfectos, pero los individuos que actúan mal es por pesetas, se persiguen y no se tapan; en el PPD es por Millones, se tapan, se encubren, es en forma generalizada y no se persiguen, por lo que No Hacen Obras.

Unidos por la salud de nuestro pueblo

Hernán Padilla   https://estado51prusa.com/?p=27816

Antes de determinar una nueva política pública de salud, es necesario considerar que los programas de salud de Puerto Rico dependen grandemente de la política pública, leyes, reglamentos y fondos federales. Somos parte de la cultura medica-científica y servicios de salud de los Estados Unidos.

La Ley “Patient Protection and Affordable Care Act” (ACA) del 2010 le otorgó a Puerto Rico un aumento en la fórmula para Medicaid, Pero si se compara la contribución federal a las necesidades de atención médica de los beneficiarios que reúnen los requisitos para Medicaid en la isla, se calcula que recibíamos 18 por ciento de la cantidad  necesaria para brindarle buenos servicios de salud las personas de menos recursos (cuando debía haber sido el 83%).

Eso es así porque el límite máximo asignado por el Congreso a los territorios como Puerto Rico restringe los fondos federales a un nivel menor del que se aplicaría si Puerto Rico fuese un estado.

A pesar de esa limitación, en el 2010 se logró un aumento del límite máximo de los fondos federales de Medicaid. Aun así, solo recibimos menos del 40% de lo que nos correspondería como estado de la Unión, lo cual es otra prueba de que la condición de inferioridad del ELA territorial sacrifica a los más necesitados.

La Ley de salud del Presidente Obama (ACA) aumenta los fondos de Medicaid para Puerto Rico por más de $5.5 billones en nueve años para ofrecerle servicios de salud a más de un millón de ciudadanos bajo el programa “Mi Salud.

La administración anterior tomo acción para incorporar las protecciones de la reforma federal mediante la Ley 161del 2010  que enmienda Carta de Derechos del Paciente de PR. El Artículo 3 dispone que los derechos establecidos se regirán de conformidad con los requisitos y procedimientos dispuestos por la Ley ACA federal y la reglamentación federal y estatal.

Tan importante son estas disposiciones, que quiero resaltar algunos segmentos de la Ley 161 que incorpora las protecciones que se le reconocen a los pacientes en la Ley federal, como “la prohibición de discrimen por razón de alguna condición médica preexistente y la prohibición de imponer límites de por vida, anual  o de beneficios, según éstos son definidos en la legislación federal”.

De igual forma, “se le garantiza al paciente una cubierta médica de cuidado preventivo, así como una cubierta, con acceso directo y sin referido o autorización, a servicios médicos de ginecología y obstetricia, en aquellos casos en que el plan cubra dichos servicios”.

Debemos reconocer que con la reforma federal y las enmiendas a la Ley 161 se dio “un paso adicional para lograr que todos los puertorriqueños tengan acceso adecuado a servicios y facilidades de salud médico-hospitalarias de alta calidad, de acuerdo con sus necesidades e independientemente de su condición socioeconómica, sus condiciones de salud preexistentes, su historial médico o su capacidad de pago”.

La Ley 161 establece que “todo paciente, usuario, o consumidor en Puerto Rico tiene derecho a una selección de planes de cuidado de salud y proveedores de servicios de salud médico-hospitalarios que sea adecuada y suficiente para garantizar el acceso a cuidado y servicios de salud de alta calidad”,

De la misma manera, “los pacientes menores de 19 años de edad pueden seleccionar el plan de cuidado de salud y aquellos proveedores que se ajusten a sus necesidades sin que se sean discriminados por cualquier condición médica preexistente o su historial médico, y a partir del año 2014, el derecho a que no se discrimine por su condición médica pre-existente o historial médico aplicará a todos los pacientes, independientemente de su edad”.

Sin duda, los programas federales para mejorar los servicios de salud de nuestra gente nos unen más a nuestra nación americana.

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NR- Diferimos, yo creo que la Ley de Cabotage beneficia a Puerto Rico y solo representa un .105% del precio de los productos del Consumidor Puertorriqueno que paga 40-60% por el Impuesto Colonial, las Multinacionales nos venden como si fuéramos otros países de Caribe/Centro-Sur América y adicionan un 25-30% de Reserva para devaluaciones y revoluciones que no existen en Puerto Rico.

Carga marítima, otro pilar de la economía

Hernán Padilla

Son varios los pilares que sostienen la economía de Puerto Rico. La transportación marítima es uno de los más importantes. La economía de Puerto Rico depende  de un servicio marítimo regular, consistente y confiable. Se importan $23 billones de productos necesarios para nuestro diario vivir y  se exportan $30 billones de productos de Puerto Rico hacia el  mejor mercado libre del mundo, Estados Unidos de América.

La Ley de Cabotaje no es definitoria de la relación política con los Estados Unidos. La discusión de la transportación de mercancía y pasajeros entre puertos americanos y Puerto Rico es un asunto de vital importancia que compete a todos los puertorriqueños.

El Acta Foraker del 1900 establece que PR queda bajo las disposiciones federales de transportación marítima y las leyes de cabotaje. El Acta de la Marina Mercante, conocido como el Acta Jones, confirmó la vigencia de la legislación federal sobre transportación marítima a Puerto Rico. La Ley 600 del 1950 estableció que el trafico marítimo entre PR y EU se reglamentaria de acuerdo a las disposiciones de las leyes aplicables a los distritos costeros de los EU.

El Congreso prohibió barcos extranjeros en el comercio costero, transportación de mercancía de un puerto a otro puerto americano en una embarcación que perteneciera a un poder extranjero, conexión directa o indirecta a través de un puerto extranjero Las leyes de cabotaje limitan la carga de mercancía o pasajeros entre puertos de Estados Unidos a buques construidos y abanderados por los Estados Unidos

Puerto Rico requiere transportación de carga en tiempos buenos y malos, en tiempos de paz o de guerra. Un sistema que garantice transportación de mercancía y comestibles a la isla de una manera confiable. Cinco compañías marítimas ofrecen servicios y conexión con los más importantes puertos nacionales, y un itinerario regular de más de 10 viajes semanales.  Pero no todo es color de rosas. La realidad es que las Navieras de Puerto Rico no existen, fracasaron y se vendieron.

El costo de la transportación marítima ha aumentado considerablemente y encarece el costo de la vida en la isla. Las compañías de transporte han reducido el espacio de carga al eliminar barcos de servicio y no aumentar la flota de barcos. Como consecuencia mantienen el alto costo y nos arriesgamos a aumentos continuos. El gobierno de Puerto Rico debe  negociar el servicio las tarifas de la carga desde Puerto Rico hacia Estados Unidos para beneficio de Puerto Rico. Es conocido que los barcos normalmente regresan vacíos. La alternativa es solicitarle al Departamento de Justicia Federal que investigue el aumento y la fijación de tarifas bajo las leyes anti-monopolísticas (antitrust).

Especialistas en transportación marítima señalan que sería muy peligroso depender exclusivamente de  compañías extranjeras que tienen que viajar grandes distancias para llegar a Puerto Rico. La Isla se convertiría en  una parada más en su viaje de múltiples puertos. Barcos extranjeros que vienen llenos del sur hacia Estados Unidos no tendrían cabida para recoger mercancía en Puerto Rico. Depender de la carga aérea paralizaría la exportación de productos industriales y agrícolas.

Es hora de formular un plan integral de transportación de la carga marítima. Las Leyes de Cabotaje que han garantizado un servicio marítimo regular y confiable hasta el presente no son la única y ultima solución.  No podemos ignorar la realidad. Depender de un pequeño grupo de compañías que protegidos por la exclusividad han utilizado la franquicia establecer las tarifas que cobran por la carga desde y hacia Puerto Rico unilateralmente. Urge aumentar el número y promover la competencia entre las compañías de transporte marítimo. Es muy arriesgado no contar con la transportación de la cual depende la economía y nuestra subsistencia como pueblo

El Comisionado Pierluisi debe solicitar al Congreso enmendar el “Acta Jones” para que responda a las necesidades del mercado y la economía de la isla sin poner en riesgo la transportación marítima que sostiene la economía. Puede reclamar una exención para el “trasbordo de mercancía hacia el norte” que beneficie a Puerto Rico y el nuevo Puerto de Ponce.

El bienestar de los puertorriqueños merece un debate racional cuando se habla de la transportación de la carga marítima

padillahf@aol.com.