Posted on March 17, 2013

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CNE propone “concertación social” para salvar Retiro

El mismo día en que el Centro para una Nueva Economía (CNE) presentaba su propuesta para enfrentar, de manera colectiva, la crisis del Sistema de Retiro del País, funcionarios del equipo financiero del Ejecutivo se reunían a puerta cerrada con las casas clasificadoras en Nueva York en busca del aval al plan oficial para resolver el problema del fondo de las pensiones de empleados públicos.

Sin embargo, a juicio de Sergio Marxuach, director de política pública del CNE, la crisis del Sistema de Retiro del gobierno es de tal magnitud que “ningún partido o facción política en Puerto Rico tiene ahora mismo el poder o la autoridad para imponer una solución unilateral a este problema. Y me temo que eso es lo que está tratando de hacer el gobierno y creo que no va a acabar bien si sigue por este camino”.

Para Marxuach, es un error que el gobierno presente a las casas clasificadoras un plan sin consultarlo con los pensionados, a los líderes de las uniones de empleados públicos, y a la Asamblea Legislativa a quien le tocará legislar las medidas. Con Marxuach coincide el presidente de la Asociación de Pensionados de Puerto Rico, Roberto Aquino, quien en entrevista con Noticel catalogó como un proceso “unilateral” la ponderación del paquete de medidas gubernamentales.

Contrario a estas formas de accionar del gobierno, en su Conferencia Económica Anual 2013, el CNE propuso un método de trabajo multisectorial, conocido como “concertación social”. “Es un modelo de gobernanza, es decir, un modelo de gobernar que puede suplementar y en algunos casos hasta sustituir la democracia participativa tradicional que tenemos en Puerto Rico”, explicó Marxuach.

“El objetivo específico es lograr un acuerdo conocido como pacto social. El pacto social es un contrato formal de políticas públicas anunciado públicamente, un proceso público, transparente, abierto, sobre asuntos tales como leyes laborales, reformas de pensiones, niveles de inversión pública y privada, política industrial, impuestos, contribuciones, políticas de bienestar social y otro tipo de política amplia con miras a reducir la exclusión y minimizar la desigualdad. Esta definición excluye expresamente declaraciones o pactos puramente ceremoniales o simbólicos y acuerdos informales o formales negociados en privado entre alguna organización y el gobierno”, abundó Marxuach.

Toda vez que esto nunca se ha puesto en práctica en Puerto Rico, la sugerencia del CNE es que se empiece con un tema importante que esté relativamente delimitado. “La crisis del Sistema de Retiro es un tema lo suficientemente importante para el primer proceso de concertación social en Puerto Rico”, propuso.

Este proceso se llevó a cabo con relativo éxito en países de Europa, Latinoamérica y el Caribe. Marxuach dio como ejemplo que en la década de 1990 España, Italia, Irlanda, Portugal, Finlandia, Holanda y Bélgica llevaron a cabo pactos amplios que cubrieron temas de salarios, impuestos, reforma laboral y red de apoyo social. Entre los ejemplos latinoamericanos se cuentan los pactos para combatir la inflación, como el Pacto de Solidaridad Económica de México en 1987 y el Consejo Nacional Laboral de Colombia convertido en Ley en 1996. Como un acuerdo político de mayor alcance habló de Los Pactos de la Moncloa de 1977, acuerdos que se llevaron a cabo durante la transición a la democracia española luego de la dictadura franquista. En cada uno de estos países el rol del gobierno fue determinante para que cada concertación lograra sus objetivos.

En cuanto a la situación actual de Puerto Rico, el CNE considera que los jugadores que tendrían que sentarse en la mesa de la concertación serían el gobierno, los representantes de los pensionados, los representantes de las uniones de empleados públicos, además de recursos de la sociedad civil como académicos, economistas y recursos de las compañías de seguro que tenga experiencia en estudios actuariales.

“El objetivo sería elaborar un plan para los sistemas de retiro. Ese plan tiene que tener dos condiciones. Tiene que ser viable financieramente, que lo podamos pagar y que a la misma vez cumpla con las obligaciones de pensiones. Y tiene que tener credibilidad política, el apoyo de los partidos políticos y de los grupos sociales que se van a ver afectados”, dijo Marxuach.

El director de política pública del CNE advirtió que, de llegarse a un pacto, este sería un plan a largo plazo que debería durar por lo menos 30 años. Añadió, que con acuerdos unilaterales lo único que pudiera suceder es un backlash (retroceso) social,  “especialmente si las soluciones son todas del lado financiero y nos olvidamos del lado político”.

Las medidas presentadas la semana pasada por el gobierno para resolver la crisis del Sistema de Retiro incluyen:

• Eliminación de pensión de mérito: sólo aquellos participantes elegibles para retirarse con una pensión por mérito en o antes del 30 de junio de 2013 podrán retirarse con la misma.

• Incremento de la edad de retiro: de 58 a 65 para empleados bajo Ley 447, de 65 a 67 para quienes participan de la Ley 1. Para quienes estén empleados bajo la Reforma del 2000, la edad de retiró aumentará de 60 a 70 años.

• Policías y bomberos de 50 años de edad o de cualquier edad con 30 años de servicio, se retirarían al cumplir 58.

• El paquete incluye además, reducción en el bono de Navidad y en la aportación al plan médico, entre otras medidas.

En el informe donde se resumen estas propuestas, titulado Rescatando los Sistemas de Retiro de Puerto Rico, el discurso del Estado es que “las decisiones del pasado han sido las causas principales de la crisis actual. Gran parte del problema que enfrentan los Sistemas se remonta a incrementos en la estructura de beneficios que se han hecho en el pasado, sin identificar los recursos necesarios para sufragar el costo de incrementos”.

Marxuach esbozó las consecuencias de las acciones pasadas: “Puerto Rico no puede cumplir ahora mismo con todas las obligaciones o con todo lo que ha prometido a la ciudadanía, a los bonitas y a los pensionados con los recursos disponibles. Tenemos que reestructurar significativamente nuestra economía o reestructurar las obligaciones, o ambas, para poder cumplir y manejar nuestra economía de una manera sostenible”.

En términos similares se expresó Miguel A. Soto-Class, presiente del CNE, quien sostuvo que “el gobierno es una institución de mucha importancia pero ya no podemos permitir que siga siendo el protagonista de nuestra vida colectiva”.

Adelantó que el CNE está preparado para la creación de un nuevo modelo económico para Puerto Rico que, según dijo, es el proyecto más importante y ambicioso que se han propuesto. “Será una combinación de estudio y acción desde una perspectiva de crecimiento y equidad”.

En la conferencia, donde además se celebró el decimoquinto aniversario del CNE, participó como orador principal José Antonio Ocampo, profesor, ex Ministro de Hacienda en Colombia y director de la Concertación sobre Desarrollo Económico y Político en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia en Nueva York.

Sobre la situación local, Ocampo manifestó que Puerto Rico presenta problemas serios de reestructuración productiva y un problema fiscal coyuntural y estructural. Asimismo, señaló que la deuda del Producto Interno Bruto tenderá a agudizarse debido a la alta tasa de envejecimiento que existe en la Isla. A Ocampo también le llamó la atención el bajo empleo masculino y la alta desigualdad en el País.

Estos problemas posiblemente eran evidentes para quienes estaban presentes en la Conferencia que se llevó a cabo en el hotel Vanderbilt en Condado, pero entre el público surgieron expresiones de desaprobación a las observaciones de Ocampo cuando éste enumeró lo que considera “fortalezas y oportunidades” para Puerto Rico. Entre éstas mencionó el sistema legal y financiero de Estados Unidos y la relación de comercio con aquel País, la cual incluye flujos fiscales y libre movilidad de mano de obra. El profesor también consideró que tanto la infraestructura como el sistema educativo de Puerto Rico son de una “relativa calidad”. No obstante, reconoció las restricciones en materia de instrumentos de política económica, como el hecho de que no exista una política monetaria ni de comercio exterior y márgenes fiscales escasos o inexistentes.