La Fraternidad Pentecostal de Puerto Rico levantó su voz de protesta contra los juegos de azar en la Isla.

Varias organizaciones se expresaron en contra del proyecto cameral que legaliza las tragamonedas fuera de los casinos y advirtieron que esa acción atenta contra la calidad de vida de los puertorriqueños.

La Asociación de Inspectores de Juego de Azar (AIJA) envió sendas misivas al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes y a la Presidenta de Hacienda –Rafael (Tatito) Hernández y Melba Acosta, respectivamente– para que ambas instituciones muestren pruebas que sustenten el beneficio que se obtendría de la legalización de las miles de máquinas tragamonedas que operan actualmente

“La medida pretende legalizar 30 mil máquinas tragamonedas en establecimientos fuera del ambiente controlado y rigurosamente fiscalizado por los Inspectores de Juegos de Azar de la Compañía de Turismo en los casinos autorizados de Puerto Rico. El proyecto indica que la cantidad de tragamonedas ilegales operando en la actualidad se estima en 70,000 por lo que en teoría legalizar 30,000 supondría reducir dicha cantidad. Asimismo, la medida indica que estas nuevas máquinas estarían ‘conectadas’ en línea al Departamento de Hacienda (el Departamento) y que las máquinas actuales serán sustituidas por estas nuevas máquinas que la medida propone legalizar’, expone parte de la carta.

La organización desea analizar los estudios sobre la cantidad de tragamonedas existentes fuera de los casinos que sustenten el estimado de 70 mil máquinas ilegales. También exigió conocer cualquier estudio  económico y científico sobre el impacto que tendría en la economía, en el sector turístico, en la Compañía de Turismo, y en el Gobierno la legalización de tragamonedas fuera de los casinos de Puerto Rico, además de las propuestas privadas que se presenten para sustituir el equipo ilegal por el recomendado en la medida.

Se expresan los religiosos

Por su parte, la Fraternidad Pentecostal de Puerto Rico (FRAPE) levantó nuevamente su voz de protesta contra los juegos de azar en la Isla, específicamente contra el proyecto que propone la legalización de las tragamonedas que actualmente operan sin licencia en establecimientos comerciales.

“Nosotros, contrario a lo dicho por Hernández, no avalamos los juegos de apuestas fuera de los casinos; por el contrario, exigimos que se eliminen en su totalidad todas las tragamonedas ilegales que existen por el alto daño social que generan. Estas máquinas lo que traen es pobreza, violencia y son un método de lavar dinero del bajo mundo. Que las eliminen todas es nuestra intención”, manifestó el asesor de asuntos gubernamentales de la organización, Hilario García.

“Estamos totalmente opuestos a que el Gobierno insista en utilizar el juego como mecanismo de recaudo. Cada día hay más juegos. Cada vez incitan más al puertorriqueño a jugar con la esperanza de salir de la estrechez económica en lugar de fortalecer los valores que realmente los ayudará a sobrellevar los retos que enfrentan. Por más que el representante Hernández insista en que estas máquinas serán reguladas y tendrán unos controles, la experiencia ha sido todo lo contrario”, destacó García. Las expresiones de la FRAPE surgieron durante una manifestación, frente a las escalinatas del área norte del Capitolio.

Religiosos protestan contra tragamonedas

EL VOCERO / Archivo

Hacienda tendrá que devolver las máquinas

El Tribunal de Apelaciones de Caguas, compuesto por un panel de tres jueces, falló a favor de QW Games Inc., que había radicado una demanda contra el Departamento de Hacienda impugnando la confiscación de sus máquinas de entretenimiento para adultos y reclamado daños y perjuicios, anunció la Unión De Operadores de Máquinas Electrónicas de Puerto Rico (UDOME).

“Este triunfo judicial se da en medio de la controversia sobre la legalidad de nuestras máquinas y esperamos que arroje luz sobre la conducta contradictoria y arbitraria de Hacienda. Esto va a la médula de lo que hemos venido recamado por años: las máquinas confiscadas arbitrariamente por Hacienda tienen las licencias requeridas por esta misma agencia y pagan contribuciones. Hacienda no puede expedir licencias para operar estas máquinas y luego argumentar que son ilegales”, dijo Rafael Hernández Cañete, presidente de UDOME.

Hacienda deberá devolver a GW Games unos $53,000 por el valor de las máquinas en este caso, pero UDOME estima que al presente Hacienda tiene confiscadas unas 3 mil máquinas que tienen licencias válidas para operar. “Llevamos muchos años bajo este tipo de ataque, pero seguiremos perseverando en los tribunales”, dijo.

En julio de 2010, Hacienda confiscó a GW Games 15 máquinas “por violar la ley”, sin embargo ningún empleado de la corporación fue arrestado o denunciado por la operación de las máquinas ni se le imputó a GW Games falta administrativa o sanción alguna. El Tribunal Apelativo encontró que el Tribunal de Primera Instancia de Caguas erró al avalar la confiscación inicialmente y no satisfizo las reglas de evidencia.

“Incuso, el mismo TPI aceptó como hecho incontrovertido que las máquinas en cuestión tenían al día todos sus marbetes y licencias, y que eran de entretenimiento y no de juegos de azar puesto que no estaban provistas de un dispositivo para devolver dinero al jugador. Este es solo un ejemplo de una persecución que llevamos viviendo por años: por un lado Hacienda nos cobra marbetes, licencias y contribuciones, y por el otro nos confisca las máquinas. Esperamos que esta decisión judicial envie un mensaje claro de la injusticia que supone esa conducta contradictoria”, añadió Hernández Cañete.