Recientemente, la agencia clasificadora Standard & Poor’s (S&P) le redujo la clasificación a los bonos de obligación general del Gobierno de Puerto Rico a BBB‑ (de BBB, que era su clasificación anterior).  Esa clasificación es la más baja antes de caer a los niveles considerados “chatarra”.  Además, le asignó una perspectiva negativa.

Según S&P, esa degradación se debió a que, para el año fiscal 2013, se proyecta que el presupuesto del gobierno tendrá un déficit mayor al contemplado originalmente, lo cual hace más difícil lograr un balance presupuestario durante los próximos dos años.

Los bonos de obligación general comprometen “la buena fe y el crédito” del Gobierno de Puerto Rico y, por lo tanto, representan deuda pública con una relativa alta calidad crediticia.  El gobierno también emite bonos que no comprometen su “buena fe y crédito” y que son pagaderos de asignaciones legislativas específicas.  Esos bonos se consideran de menor calidad y, por consiguiente, usualmente tienen un nivel de clasificación menor que los bonos de obligación general.  S&P, sin embargo, no le redujo la clasificación a esos bonos y se la mantuvo en BBB‑.  Como consecuencia, no descendieron a “chatarra”.

Muchas personas viven bajo la impresión de que todo este asunto de las clasificaciones de la deuda pública no les afecta sino que solamente impacta al gobierno.  Nada más lejos de la verdad.

En el caso del gobierno, una degradación a nivel de “chatarra” aumentaría significativamente los costos de financiamiento de futuras emisiones de bonos.  El costo de los bonos ya emitidos, sin embargo, no se afectaría.  En cambio, en el sector privado, si los bonos bajan a una clasificación por debajo de las consideradas aceptables para inversión (“investment grade”), el efecto se sentiría de inmediato y sería más abarcador.

Los bonos no son otra cosa que deudas o préstamos de la agencia o entidad que los emite.  Para quien los compra, sin embargo, esos bonos constituyen instrumentos de inversión.  En el sector privado, muchas son las personas y entidades como, por ejemplo, bancos, fondos mutuos y planes de pensiones, que tienen dinero invertido en bonos del gobierno.  Por lo tanto, si esos bonos son degradados a niveles considerados “chatarra”, el valor de esos bonos se reduciría.  Esto provocaría, entre otras cosas, que las personas pierdan poder adquisitivo, que los bancos vean reducida su capacidad de prestar dinero y que se pongan en peligro las pensiones de personas con patronos privados.  De eso ocurrir, las consecuencias económicas y personales, aunque difíciles de cuantificar, serían muy negativas.

Las agencias clasificadoras de bonos han sido pacientes con Puerto Rico y parecen estar tratando de evitar lo más posible una futura degradación.  Es hora de que el gobierno aproveche esa oportunidad, tome el asunto con la seriedad que lo requiere y lo resuelva de una vez por todas.  De no hacerlo, las repercusiones podrían ser nefastas.

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Nota:  Este escrito fue publicado en el periódico El Vocero, 22 de marzo de 2013, página 22.

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